El director general de Acogen, Javier Rodríguez, propone en este artículo acelerar la transición energética para intentar neutralizar la desaceleración económica. Un contexto que evoluciona a un ritmo vertiginoso, exige también una velocidad razonable en el cambio de rumbo. El director general de Acogen, detalla sus motivos y propuestas a EnergyNews.
La actualidad energética y económica nos recuerda en estos días que el cambio es una constante de la vida, que el tiempo vuela y que cualquier devenir, incluso los que pueden ser para mejor, no están exentos de inconvenientes y esfuerzos.
Los indicadores que hace unos meses presagiaban el final del viento de cola en nuestra economía, están ya confirmados. El retroceso en el PIB y en el empleo -aún positivos pero menos-, la incertidumbre de los tipos, la bajada de las exportaciones, el descenso de los pedidos industriales y la escalada de los precios energéticos con subidas tremendas del gas, esprintando la gasolina y máximos históricos de CO2 y electricidad. Hay que agarrar bien los mandos y empezar a maniobrar para no perder más velocidad ni altura.
La ralentización generalizada presagia evoluciones negativas, que han de prevenirse, para diferentes ramas de la industria manufacturera, especialmente las exportadoras, tan íntimamente ligadas a los costes y a la competitividad energética nacional. Como botón de muestra, la cogeneración, con la que se fabrica el 20% del PIB industrial del país, que el año pasado creció más del 6% y en el primer semestre de este apenas el 1%.
Un enfoque eficaz para contrarrestar la desaceleración económica podría estar en acelerar la transición energética, lo que requeriría acuerdos políticos a largo plazo que generen confianza inversora y que no se añadan más cargas a los consumidores, especialmente a la industria.
Intensa agenda de energía y clima
Con apenas cien días, el Gobierno haría bien en acelerar la toma de medidas en el ámbito energético y climático. El contexto evoluciona rápidamente y las empresas están expectantes. La Ministra Ribera volverá al Congreso este miércoles con muchos temas en cartera; ojalá que ponga sobre la mesa los realmente estratégicos y alcance el acuerdo de los grupos para que lleguen al BOE las esperadas medidas.
Medidas urgentes y acuerdos para marcos regulatorios estables
Empezando por el lado de lo más urgente, y desde mi propia perspectiva industrial, apremia evitar que paren las cogeneraciones en funcionamiento al llegar al final de la vida útil regulada. También, es urgente promulgar e incrementar las ayudas previstas para compensar los costes indirectos de las industrias y los cargos por renovables; además, promulgar el nuevo real decreto de acceso y conexión reformando los excesos de cargos al autoconsumo; y, cómo no, en lo social, solucionar el fin del plazo para renovar el bono social –que acaba el 9 de octubre- y modificarlo dada su enorme ineficacia. Sería inadmisible dejar a 2 millones de españoles sin el bono, máxime ahora que coincide con los precios de electricidad en máximos.
Por el lado estructural y también a corto, es importante que se alcancen acuerdos en la Ley de transición energética y cambio climático y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que parece complicado a la vista de las posiciones manifestadas por Gobierno, Podemos y PP. Como botón de muestra valga el objetivo de reducción de emisiones a alcanzar en 2030.
La Ministra Ribera apuntaba hace unos días unos objetivos más ambiciosos en materia de reducción de emisiones de CO2 para 2030: 20% respecto a 1990. La propuesta de Ley de Unidos Podemos va más allá, a por el 35%. Mientras, la del PP presentada equivale a volver a niveles de 1990. Los niveles manejados por el Gobierno supondrían reducir un 32% las emisiones nacionales registradas en 2017, es decir ahorrar unos 109 millones de toneladas de CO2. No es baladí, si se eliminase todo el carbón por renovables, la magnitud de ahorro -45 millones de toneladas de CO2- sólo alcanzaría el 40% de la reducción objetivo. Los escenarios metodológicos de la Comisión de Expertos pueden aportar luz sobre el esfuerzo país y de los consumidores en cada enfoque.
No se trata de apuntar al objetivo mayor de reducción sino de alcanzar un consenso. Si no, ni la Ley ni sus objetivos serán efectivos para dar certidumbre y confianza a los agentes inversores, y sin inversión no hay transición.
Ganar la confianza inversora
Las inversiones estimadas que requerirá el sistema eléctrico para acercarse a los objetivos son enormes, entre 60.000 y 100.000 millones de euros que habrán de obtener un retorno para sus inversores. Además hay que fijar la retribución financiera en el siguiente periodo a las inversiones en renovables, cogeneración y residuos o en redes -pendiente tras propuesta de la CNMC de julio, para 2020-2025-, que debe ser atractiva a inversores y equilibrada con el país.
A partir de 2020 empezarán a generarse mayores superávits en el sistema eléctrico, crecientes con la amortización de la deuda del sistema a la par que los altos niveles de precio del mercado mayorista pueden contribuir a minorar el VAN renovable pendiente de retribuir para los siguientes periodos.
La regla de oro para no añadir más cargas a los consumidores consistirá en equilibrar el pago de las inversiones con los crecimientos de los superávits, priorizando su retorno por el mercado eléctrico -que debe reflejar los costes y adquirir más peso frente a la enorme componente nacional de retribución regulada que ha de reducirse-, y acometer la reforma fiscal sobre bases energéticas y climáticas.
Acelerar la transición en la industria
La evolución de nuestra industria será el mejor indicador de éxito de la transición energética. Sin más industria habrá reversión, el equilibrio entre industria energética -eléctrica y gasista- e industria manufacturera debe sostenerse; es el equilibrio entre producción y demanda.
La industria manufacturera española utiliza un tercio de la electricidad nacional, dos tercios del gas y le atañen unos 80 millones de toneladas de CO2. Sumado supera una factura de 13.000 millones de euros, que este año crecerá más del 15%. Especialmente la industria intensiva en energía -tanto la electro-intensiva como la intensiva en calor-, requieren medidas urgentes que permitan paliar la situación actual de los mercados y dar marcos regulatorios estables que fomenten la confianza para la inversión industrial.
La inversión es el elixir de juventud y competitividad de las industrias, el alimento para mantener e incrementar empleo. La incertidumbre de la política energética a largo plazo al servicio de la industria –i.e. cogeneración, interrumpibilidad, tratamiento inversiones, compensaciones, fiscalidad, etc.– está pasando factura en el posicionamiento de nuestras industrias para captar inversiones en contextos multinacionales en competencia con otros países. Nos jugamos la próxima década en estos dos años. El riesgo regulatorio y la falta de confianza ahuyentan las inversiones. Pónganse en la piel de explicarle a los decisores industriales lo acaecido y las perspectivas energéticas y comprobarán qué pocas herramientas tenemos las industrias para generar confianza en nuestra competitividad energética en España.
En la competitividad industrial el gas es tan importante como la electricidad, es el combustible para la transición de la industria y su papel a 2030 es insustituible. El 60% del consumo nacional de gas es industrial, más de 200 TWh que energéticamente equivalen a más 80% de toda la demanda nacional de electricidad. Pensar en electrificar la demanda de gas industrial es una quimera: en muchos casos por razones técnicas de los procesos industriales y en todos porque los costes se multiplicarían por tres, esa es la relación de precios gas-electricidad. Los márgenes estimados para la reducción de emisiones y eficiencia en la industria son cortos, del 5 al 10%. Cómo satisfacer la demanda térmica –el calor- de la industria de forma ecológica pero competitiva sigue siendo un reto al que de momento sólo el gas da solución. El gas tiene la llave para una transición energética competitiva e industrial para España.
Los retos de la cogeneración están claros. El primero que se promulguen medidas urgentes para evitar cierres de plantas y después que se desarrollen nuevos marcos para las inversiones, incluyendo la renovación de plantas y el fomento de nuevas instalaciones. También que se promulguen e incrementen para toda la industria las ayudas y marcos previstos para compensar los costes indirectos y los cargos por renovables, y que se de solución al autoconsumo.
Más desarrollo industrial con la aceleración de la transición energética generará riqueza y empleos. Para ello es imprescindible no sólo impulsar la industria eléctrica sino contar con la industria manufacturera y especialmente la intensiva en electricidad y en calor. Sin duda este nuevo curso político será el del acuerdo para la transición energética, o simplemente no será.
Acelerar la transición con acuerdos, inversiones y más industria,
por Javier Rodríguez, director general de Acogen
