Por Laura Ojea.
La desvencijada central eléctrica English Station, en New Haven, Connecticut, es una centenaria planta térmica de carbón y gasoil abandonada en mitad de una isla del río Mill. Una instalación que no sería noticia en España si no se hubiera convertido en el principal escollo para que las autoridades del país den luz verde a la fusión entre Iberdrola y UIL Holding Corporations.
En marzo pasado la filial de Iberdrola, Iberdrola USA, anunciaba su fusión con la estadounidense UIL Holding Corporations mediante la entrega a ésta de acciones representativas del 18,5% del capital de Iberdrola USA tras la operación, así como de una cantidad en metálico de 525,2 millones de euros, lo que suponía una prima de aproximadamente el 19,5% sobre el precio medio de cotización de las acciones de UIL durante los 30 días previos al 25 de febrero, fecha del acuerdo.
Sin embargo, Iberdrola no contaba con que una vetusta central térmica de Connecticut, abandonada y cerrada en 1991 iba a atascar el proceso de obtención de los permisos de fusión en este Estado.
English Station
El problema de esta central térmica de carbón y gasóleo estriba en los altos niveles de contaminación de sus terrenos con bifenilos policlorados, o PCB, un agente causante de cáncer, así como metales pesados y otros contaminantes, agravado por el hecho de que está construida sobre una isla del río Mill, que podría extender esos contaminantes a las poblaciones aguas abajo.
En el año 2000, la propietaria de esta central, United Illuminating, una filial de UIL Holding Corporations, vendió la central a dos compañías que supuestamente estuvieron realizando labores de limpieza de residuos contaminantes durante varios años pero sin resultados fructíferos. El deterioro de las condiciones ambientales de la propiedad provocó que la Justicia obligara a que United Illuminating fuera la responsable última de esta situación, algo que no comparte la compañía.
Mientras la central eléctrica sigue en estado calamitoso y con riesgo de producir un daño medioambiental grave, nadie quiere asumir el coste de limpiar la zona, ni los actuales propietarios, ni UIL, ni la comarca vecinal ni las autoridades del Estado. Pero ha llegado Iberdrola… y todos miran con ojos melosos al nuevo futuro propietario.
Preacuerdo entre Iberdrola USA y UIL
De hecho, lo han anunciado así. La filial de Iberdrola en Estados Unidos, Iberdrola USA, y UIL Holding Corporation han alcanzado un preacuerdo con las autoridades de consumo de Connecticut (Office of Consumer Counsel, OCC) con el objeto de resolver la situación de la central eléctrica de New Haven y desatascar el proceso de obtención de los permisos de fusión en este Estado.
Iberdrola USA y UIL, que preparan una fusión valorada en 3.600 millones de euros, se encontraron dentro de su proceso de integración con la oposición de las autoridades regulatorias de uno de los Estados a los que afecta la operación, la Connecticut Public Utilities Regulatory Authority (PURA).
Iberdrola quiere combinar sus activos de Estados Unidos con UIL para crear una empresa de utilities en Estados Unidos con alrededor de 3,1 millones de clientes.
Proceso de fusión
Tras presentar en julio una nueva propuesta de fusión a la PURA, ambas compañías han recabado el apoyo tanto de la OCC como de la Fiscalía General de Connecticut.
En una nota remitida al supervisor del mercado estadounidense, la SEC, UIL indica que ha logrado alcanzar un principio de acuerdo con la OCC que se someterá al visto bueno de la PURA y que resolverá la situación de la central English Station, y así se despejará la situación de una central cuyo reparto de costes entre empresas y consumidores está pendiente de concreción.
La aprobación de la autoridad de Connecticut es una de las nueve que Iberdrola USA debe superar para fusionarse con UIL. A comienzos de junio, ya obtuvo el visto bueno de la autoridad federal responsable de Energía del país, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
Tras esta autorización, la compañía sumó tres aprobaciones regulatorias y quedó solo pendiente del visto bueno de los reguladores estatales, así como del supervisor del mercado estadounidense, la SEC, y del comité encargado de analizar las inversiones extranjeras en el país.
Los reguladores tienen hasta el 4 de diciembre para llegar a una decisión, un plazo que podría ser prorrogado.
