Mientras escribo estas líneas, la CNMC no ha remitido su informe sobre la Orden Ministerial que regulará los pagos por capacidad a las centrales térmicas de carbón. Los plazos se han apurado de modo que hacen inviable la existencia de esa orden antes de que cumpla el plazo para que las compañías eléctricas notifiquen aquellas centrales que cierran, las que reducen sus horas de operación o las que siguen funcionando con normalidad.
Llevamos varios meses en una situación de crispación en la minería del carbón como consecuencia de los presuntos incumplimientos del Gobierno respecto a las ayudas al sector para el establecimiento de primas según el Marco de Actuación para la minería del carbón en el periodo 2013-2018, y los retrasos en marcar los incentivos a las centrales para adaptar sus instalaciones a las exigencias de reducción de emisiones según la normativa de grandes instalaciones de combustión, lo que ha situado al sector en un limbo muy peligroso.
Es cierto que la propuesta del Gobierno, en cuanto a la cuantía de los incentivos a las centrales en euros por megavatios producido así como los cupos de carbón nacional, es conocida desde antes del verano, pero eso no justifica el retraso en las resoluciones.
Con la aprobación de la Decisión 2010/787/UE relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas, el carbón dejó de ser un producto energético estratégico, y siguiendo las leyes de la competencia, la producción nacional se situó en mínimos, salvados por los incentivos por garantía de suministro garantizados por el RD 134/2010, lo que también finalizó con el año 2014.
Cabría pensar que esos mínimos de producción llevarían un cierto paralelismo con la bajada equivalente de generación de energía en este tipo de centrales, pero tomando como ejemplo ese mismo año, nos encontramos con una aportación del carbón a la producción eléctrica de más del 18%. Indagando en las estadísticas de los últimos diez años, se puede comprobar que el consumo de carbón presenta una disminución continuada hasta 2010 para, a continuación, repuntar hasta situarse en valores similares a 2006.
Esta dependencia entre producción y consumo no se corresponde con la caída continuada del consumo de carbón nacional que en diez años ha perdido un 80% y solamente se justifica con el aumento de importaciones que ya representa casi el 75% del total consumido con 16 millones de toneladas frente a las menos de 4 nacionales.
Las ayudas al carbón nacional
El Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas mostró su preocupación sobre este tema ante el Sr. Arias Cañete considerando que las ayudas de estado al carbón son necesarias en base al artículo 194 del TFUE. En contestación de la Comisaria Margrethe Vestager se recoge que “en la medida en que el carbón sirve para generar energía, hay que tener plenamente en cuenta los objetivos de nuestra política de acción climática en términos de reducción de emisiones”
Da la sensación de que el carbón autóctono puede emitir mucho más gases de efecto invernadero que el resto del mundial, olvidando que un átomo de carbono siempre nos va a dar una molécula de CO2 proceda del carbón que proceda.
Precio, consumo y medio ambiente son los tres factores que parece que constituyen los vértices del trilema del carbón. Los dos segundos se encuentran totalmente relacionados de modo que si se mantiene el consumo (venga el carbón de donde venga) el impacto sobre el cambio climático también será el mismo.
Tema distinto es el precio que liga directamente con garantía de suministro, con el mantenimiento de un sector estratégico y la decisión de la Unión Europea de mantener las ayudas al carbón hasta dos mil diez y ocho (2018) para mitigar las consecuencias sociales relacionadas con los cierres de las minas no competitivas.
Parafraseando al presidente de Repsol en una reciente intervención en Bruselas donde pedía un debate abierto y riguroso que ayude a frenar el cambio climático sin dañar la competitividad de Europa, podemos pedir que se aplique esto al carbón nacional y, de forma transparente, el gobierno explique con hechos su compromiso con el sector para evitar que desaparezca.
Ángel Cámara, doctor Ingeniero de Minas, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro y Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
