La reunión del MITECO con la Alianza contra la Pobreza Energética y Ecologistas en Acción se ha centrado en la pobreza energética. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica han reiterado su compromiso para seguir abordando este “fenómeno complejo”. Consideran que requiere un análisis multidisciplinar de todas las Administraciones para asegurar una correcta aplicación que reduzca las desigualdades y elimine las asimetrías.
Hablamos de la Estrategia Nacional de Pobreza Energética tras la aprobación en Consejo de Ministros, de abril de 2019, del Real Decreto 15/2018. Entonces hacíamos referencia a este tema y a los objetivos de reducción previstos para 2025. Entonces decíamos que:
“El documento define la pobreza energética como ‘la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía’”.
Por otra parte, la Estrategia recoge los cuatro indicadores del Observatorio Europeo contra la pobreza energética: gasto energético desproporcionado en relación con los ingresos que es más del doble de la mediana nacional; pobreza energética escondida, o el porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la media nacional; incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada; retraso en el pago de las facturas.
Actualización de indicadores de pobreza energética
El informe de noviembre de 2020 del MITECO, Actualización de Indicadores 2020, muestra la evolución de esos cuatro indicadores principales de la pobreza energética para el año 2019. El resultado es que disminuyen respecto al año 2018.
Entre los que destacan especialmente en su descenso, el experimentado por: indicadores porcentaje de hogares que no pueden mantener una temperatura adecuada en la vivienda en invierno; y porcentaje de hogares que tienen un retraso en el pago de facturas de suministros de la vivienda. Ambos han disminuido 1.5 puntos y 0,6 puntos respectivamente respecto de 2018.
También han mejorado los dos indicadores obtenidos a través de las encuestas EPF. El indicador 2M (gasto desproporcionado) continúa su senda de mejoría iniciada en 2018 tras el repunte de 2017. En cuanto al indicador HEP (pobreza energética escondida), alcanza valores similares a los del año 2017, tras el aumento experimentado en 2018. 
La reunión del MITECO
Durante la reunión del MITECO, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que la pobreza energética es un fenómeno complejo. Y que:
“Demanda un análisis multidisciplinar y actuaciones coordinadas desde todas las Administraciones para asegurar una correcta aplicación que reduzca las desigualdades y elimine las asimetrías”.
En la reunión, también ha estado presente la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen. Además de abordar entre todos las preocupaciones de esta problemática social, la Alianza contra la Pobreza Energética y Ecologistas en Acción han presentado sus propuestas.
Todos han señalado que es necesario seguir trabajando y avanzando en los compromisos y acciones contra la pobreza energética. Y, además, fortalecer el compromiso de todos los niveles de la Administración y la coordinación con los servicios sociales.
Ribera ha recordado que: “el Gobierno ha puesto a las personas y, en concreto, a las más vulnerables, en el centro del Marco Estratégico de Energía y Clima”.
“Trabajamos desde el primer día en el diseño y aplicación de mecanismos para fortalecer la respuesta a problemas tan importantes como éste; y debemos seguir impulsando medidas que faciliten el acceso a la información y protección y visibilicen la pobreza energética escondida”.
Bono social eléctrico
En esa línea se orienta el Bono Social Eléctrico, del que hemos hablado otras veces. Reconoce el derecho de determinados colectivos a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. Entre los colectivos: pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas.
En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.
El Gobierno aprobó un RD en 2018 que ampliaba la cobertura del bono social eléctrico. Además, creaba un bono térmico, es decir, una ayuda directa para sufragar los gastos de calefacción. En ese momento, el propio Gobierno señalaba que la pobreza energética afectaba a unos 4,6 millones de personas
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