Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP España y Repsol aportarán el 91,5% de la financiación del bono social eléctrico. La propuesta de orden procede del Ministerio para la Transición Ecológica. Por su parte, la CNMC es la encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas.
La propuesta de orden estará abierta a consulta pública hasta el próximo 10 de febrero. En esa fecha, se cerrará el plazo para la presentación de alegaciones.
En concreto, Endesa, como compañía con mayor cartera de clientes, se hará cargo del 35,56% del coste del bono social. Mientras, Iberdrola asumirá el 34,4% y Naturgy, el 15,23%.
A EDP España se le asigna el 3,91% del reparto de la financiación del bono social. Además, esta compañía participa en el capital de CIDE HCEnergía, que debe cubrir el 1,46%.
Por su parte, Repsol deberá asumir el 2,41% de la financiación del bono social eléctrico de este año. La compañía entró en este grupo de principales comercializadores de electricidad del país tras cerrar la compra de la comercializadora de Viesgo, en noviembre pasado. Eso llevó a Repsol a convertirse en uno de los grandes ‘jugadores’ en el sector minorista de electricidad y gas en España. A día de hoy cuenta ya con más más de un millón de clientes.
El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica. Igualmente proporcional, la relación entre un término que será el valor medio anual de clientes que corresponda a cada uno los sujetos obligados, y otro término que corresponderá a la suma de todos los valores medios anuales de clientes del conjunto de sociedades comercializadoras. 
Bono social eléctrico y CNMC
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de determinar el porcentaje que corresponde aportar a cada una de las empresas. Es así desde el cambio normativo producido tras las sentencias del Tribunal Supremo entre 2015 y 2016.
Los fallos del Supremo obligaron a anular el anterior sistema de financiación del bono social eléctrico. Hasta ese momento, debía ser asumido sólo por una parte de las empresas del mercado eléctrico.
El bono social eléctrico reconoce el derecho de determinados colectivos a ser beneficiarios de descuentos del 25% o 40% en su factura mensual de electricidad. Entre los colectivos: pensionistas, personas con discapacidad, perceptores de rentas mínimas o familias numerosas.
En el caso de los consumidores en riesgo de exclusión social, se subvenciona el 100% de su recibo.
Todas las comercializadoras lo financian
La normativa del bono social establece que su financiación corre a cargo de todas las comercializadoras eléctricas. En consecuencia, la CNMC calcula el porcentaje asignado a las distintas compañías, que superan ampliamente las 250 sociedades.
En octubre de 2018, el Gobierno aprobó el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. El mismo ampliaba las coberturas del actual bono social eléctrico, pasando a incluir a las familias monoparentales. Y, además, recogía la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años.
El real decreto-ley prohibía también cortar la luz a los hogares con al menos una persona con nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicaría cuando en la vivienda hubiera al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III.
FUENTE: Europa Press
