El Gobierno ha aprobado la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024. Este instrumento, dividido en cuatro ejes de actuación y 19 medidas, ofrece por primera vez una definición oficial sobre la pobreza energética, establece indicadores para su seguimiento –que determinan que, en la actualidad, existen entre 8,1, y 3,5 millones de personas que cumplen algunos de los criterios– y objetivos para su reducción a 2025: una meta del 50% y, al menos, una disminución del 25%.
Para cumplir los objetivos marcados, entre otras medidas, se fijan las líneas del futuro bono social energético, que deberá ser automático y cubrir todas las fuentes de suministro; y se plantean acciones a corto, medio y largo plazo para la rehabilitación energética de viviendas y de sustitución de antiguos electrodomésticos y equipos por aparatos eficientes. Asimismo, se prohíbe la interrupción de suministro energético en situaciones meteorológicas extremas a consumidores vulnerables, cuestión que se suma a las restricciones de corte ya existentes sobre consumidores vulnerables y preceptores del actual bono social eléctrico, en cuya vivienda viva al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad superior al 33% o una persona en situación de dependencia de grado II ó III.
Definición oficial de pobreza energética
El documento define la pobreza energética como “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía”.
El texto adopta los cuatro indicadores primarios oficiales del Observatorio Europeo contra la pobreza energética: un gasto energético desproporcionado en relación con los ingresos que es más del doble de la mediana nacional; pobreza energética escondida, o el porcentaje de los hogares cuyo gasto energético absoluto es inferior a la mitad de la media nacional; la incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, y el retraso en el pago de las facturas.
Datos correspondientes a 2017 señalan que 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos
En base a los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, correspondientes a 2017, 8,1 millones de españoles presentan un gasto desproporcionado en relación con sus ingresos; 5,1 millones de personas sufren pobreza energética escondida; unos 3,7 millones de personas pasan el invierno a temperaturas inadecuadas y 3,5 millones de personas han de afrontar retrasos en el pago de sus facturas.
Para cada uno de los indicadores, la Estrategia establece un objetivo de reducción mínimo del 25% en 2025 y se fija como meta a alcanzar una disminución del 50%.
Cuatro ejes de actuación y 19 medidas
La Estrategia contra la Pobreza Energética establece cuatro ejes de actuación que recogen 19 medidas con el objeto de lograr las mencionadas metas de reducción.
El primer eje está destinado a mejorar el conocimiento de la pobreza energética a través de un estudio de detalle del gasto energético de los consumidores según la zona climática en la que habiten. El estudio también prestará especial atención a la perspectiva de género y a la presencia de menores en la vivienda. Además, la Estrategia establece la obligación de que el Gobierno de España actualice los indicadores anualmente.
Bono social eléctrico revisado y mejorado
El texto concluye que es preciso elaborar un nuevo bono social y marca los tres elementos que deberán guiar su futura configuración: universalidad de fuentes de suministro, tanto eléctricas como térmicas; la automatización o concesión directa de la ayuda, y gestión coordinada con otras administraciones públicas.
Restricciones al corte de suministro
La Estrategia prohíbe cortar el suministro en situaciones climatológicas extremas, como puede ser una ola de frío o de calor. Esta restricción se suma a las ya existentes: no es posible cortar el suministro a familias en riesgo de exclusión social y beneficiarios del bono social en los que en la unidad familiar haya un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33% o con grado de dependencia II o III. Además, el documento amplía el periodo previo al corte de suministro en caso de impago otros cuatro meses.
Rehabilitación y Eficiencia energética
Otro de los ejes de la Estrategia contra la Pobreza Energética se centra en medidas de rehabilitación y de eficiencia energética corto plazo, medio y largo plazo.
En primer término, se potenciarán las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de determinados elementos de la envolvente de la vivienda…); a medio plazo se apuesta por el fomento de parque de vivienda en alquiler social con subvención para los gastos de suministros energéticos para colectivos especialmente vulnerables; y se incentivará la sustitución de electrodomésticos y equipos por otros más eficientes mediante subvenciones. A largo plazo, se apostará por medidas de rehabilitación integral de edificios.
Concienciación social
El último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y concienciación social. Entre otras actuaciones, se elaborará un protocolo de actuación para detectar situaciones de vulnerabilidad por parte de los profesionales de atención primaria; y se homogeneizará la gestión de información sobre prestaciones públicas a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el ámbito de la concienciación ciudadana, se desarrollarán acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se establecerá un canal de comunicación permanente, como un espacio web que funcione como punto de acceso general de información
