El BOE (Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero) ha publicado la semana pasada la nueva retribución de las instalaciones de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos para el segundo semiperiodo regulatorio que va de los años 2017 a 2019, que supondrá un incremento de unos 600 millones de euros anuales.
El artículo 14.4 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y el artículo 20 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, establecen que al finalizar cada periodo regulatorio, que tendrá una duración de seis años, se podrán revisar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial, mientras que al finalizar cada semiperiodo regulatorio de tres años (momento actual), se revisarán para el resto del periodo regulatorio las estimaciones de ingresos por la venta de la energía.
Según el Ministerio de Energía, esta nueva retribución permitirá garantizar una rentabilidad razonable del 7,4% a las instalaciones. No afecta ni a las instalaciones que han superado su vida útil regulatoria antes del 1 de enero de 2017 ni a las instalaciones tipo de las que se tiene constancia que no tienen asignada ninguna instalación que esté dentro de su vida útil regulatoria.
Así mismo, quedan excluidas las instalaciones de tratamiento de purines de porcino porque los parámetros retributivos quedaron anulados por el Tribunal Supremo. También están excluidas las instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares porque aún no se ha realizado subasta específica que determine su retribución.
Las renovables ante la nueva retribución
José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, ha manifestado a EnergyNews que «mantener la previsión de 52€/MWh en el año 2020 es un error» y que es «injusto que no se haya realizado la actualización en línea con lo que ha dicho la CNMC«, que ha emitido hasta tres informes al respecto y que ha calculado que el sector dejaría de ganar 200 millones al año.
Asimismo, recuerda que en diciembre APPA ya advirtió de que si no se actualizaban determinados valores las renovables podrían perder seiscientos millones de euros que se sumarían a los 574 millones de euros que se han dejado de ganar en el anterior semiperiodo regulatorio, del 2014 al 2016, como consecuencia de errores cometidos en la estimación de mercado.
También la Unión Española Fotovoltaica, UNEF, ha manifestado a EnergyNews que con esta Orden Ministerial, «el Ministerio pone de manifiesto su visión cortoplacista, porque insiste en crear más incertidumbre en el sector renovable, lo que tiene repercusión negativa para los inversores«.
Añade que, de hecho, se fija en ella un salto inexplicable desde los 42€/MWh de previsión del pool en 2019 a los 52€/MWh previstos para 2020. «Viendo la tendencia pasada de los precios durante el anterior semiperiodo, esta previsión de precios resulta ser artificial e inflada, como ha afirmado también la CNMC en su informe preceptivo y en el de la orden de peajes de 2016, en el que se alude a la incoherencia y falta de base legal para aplicar 52€/MWh como valor del pool en 2020 y años siguientes», señala UNEF.
[pullquote]»Todos estos elementos pueden tener un efecto desincentivador en la próxima subasta de renovables, porque introducen aún más incertidumbre para los inversores«, advierte UNEF [/pullquote]
A su juicio, además, con esta actualización de los parámetros retributivos, no se devuelven los 600 millones de euros que el sector renovable ha dejado de recibir en el primer semiperiodo regulatorio (2014-2016) porque, según establece la norma, hay unos topes fijados que determinan que se pagará solo el 36% de esa cantidad. Además, esa cantidad se devolverá a lo largo de la vida útil de las instalaciones. «Todos estos elementos pueden tener un efecto desincentivador en la próxima subasta de renovables, porque introducen aún más incertidumbre para los inversores«, advierte.
Para la Asociación Empresarial Eólica, AEE, esta Orden, «confirma las peores sospechas del sector: el regulador ha ignorado tanto las recomendaciones emitidas por la CNMC hasta en tres distintos informes como las alegaciones de las compañías y de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y ha mantenido como referencia para el cálculo de la retribución regulada un precio de mercado artificialmente alto en vez de los precios de los mercados de futuros«, asegura en un comunicado.
Como consecuencia, la eólica ingresará en tres años unos 400 millones de euros (un 38%) menos de lo que le correspondería, según los cálculos de AEE, que dice que es el sector más afectado por ser el más vulnerable a las variaciones de precios del mercado.
Los tres informes de la CNMC
Tal y como explica esta Asociación, el regulador ha vuelto a tomar como referencia un precio de mercado de 52 euros/MWh a partir de 2020 –el mismo que en el semiperiodo anterior, que ha resultado ser desacertado según sus cálculos– en vez de los 41,62 que eran la referencia tomada por el propio Gobierno en la memoria de la Orden por la que se aprueba la previsión de ingresos y costes del sistema para 2017-2022, lo que la CNMC califica de “abierta contradicción” al tiempo que afirma que echa en falta “la concreción de una metodología reproducible que defina expresamente la forma de obtención de dichas estimaciones”, dice la AEE.
En un segundo informe, sobre la Orden de peajes de 2017, la CNMC señala que “no se justifica” que de 2020 en adelante se adopte la hipótesis de que el precio se sitúe a esos niveles, como ya se hizo en 2014, “con la diferencia de que ahora se compadece mal con la de aquellos precios para cuya estimación sí existe una metodología, ligada además a las cotizaciones del mercado de futuros” (hoy los precios de los futuros para 2020 se sitúan en 42,62 euros).
En el informe sobre la orden de revisión de parámetros publicada ayer en el BOE, la CNMC señala: “La mejor manera de salvaguardar la estabilidad financiera que la regulación persigue pasaría por adoptar una previsión continuista con respecto a la empleada para aquellos años en los que sí se dispone de un procedimiento de cálculo apoyado en los resultados de los mercados a plazo
