El Tribunal Supremo de Justicia de Suiza ha desestimado el recurso de España para anular el laudo arbitral que ambos países mantienen sobre el recorte a las subvenciones a las renovables.
El conflicto viene de lejos. Fue un grupo de inversores fotovoltaicos quien solicitó el arbitraje después de que España decidiera recortar las subvenciones a las renovables.
Se opone a la decisión del gobierno español, PV Investors, un grupo de 16 fondos, entre ellos, AES, Ampere Equity, Element Power, Eoxis, Foresighty, GreenPower y HG Capital. PV Investors estaba representado por Allen & Overy.
Como recuerdan desde el diario Expansión, hace justo un año, España salió relativamente bien parada en el litigio, con un laudo por parte de Uncitral en el que se reconocía el derecho de PV Investors a recibir una indemnización de unos 90 millones de euros. El gobierno español tenía que asumir el pago, pero la cantidad muy reducida en comparación con los más de 1.900 millones que inicialmente reclamaban (500 millones si se tenían en cuenta otros ajustes posteriores).
Aun así, España inició un procedimiento en Ginebra, para anular la decisión. Ese movimiento es parte de la estrategia general de España de intentar anular todos y cada uno de los laudos que recibe en contra, por pequeños que sean. Fuentes jurídicas indican que de los poco más de 20 laudos que se han dictado ya, cuatro han sido favorables a España, y otros 15 son desfavorables y estos están, en su mayoría, recurridos en distintas instancias judiciales.
El conflicto por los recortes se remonta 10 años atrás
La solicitud de arbitraje se presentó en noviembre de 2011. El tribunal determinó que la reforma de España del sector eléctrico de 2013/14 constituía una violación del Tratado de la Carta sobre la Energía y otorgaba a PV Investors una indemnización de 91 millones de euros más intereses.
Esa fue en ese momento la cuarta mayor indemnización por daños y perjuicios dictada en un laudo contra España.
En abril de 2020, España presentó un recurso de anulación frente el laudo ante el Tribunal Supremo de Suiza, órgano competente para resolver sobre la acción de anulación. La respuesta a esta recurso ha sido negativa lo que supone que la suspensión de la ejecución del laudo de PV Investors se ha levantado, y los fondos son libres de ejecutarlo y pedir el dinero.
El Supremo de Suiza ha condenado además a España a pagar 200.000 francos suizos (180.000 euros) en costas judiciales y otros 250.000 francos (226.000 euros) a algunos de los fondos como indeminización, al margen del laudo.
