El cierre de instalaciones, definitivo o temporal, generadoras de energía eléctrica en general, no sólo centrales nucleares, y de potencia superior a 50 MW, requeriría de tres dictámenes preceptivos -de la CNMC, el IDAE y la Oficina de Cambio Climático- a obtener en un plazo de tres meses si se aprobase íntegra la Proposición de Ley que el Grupo Parlamentario Popular registró el viernes en el Congreso de los Diputados.
El objetivo de la Proposición de Ley, según se explica en la exposición de motivos, es «garantizar que las decisiones sobre cierre de centrales guarden la debida coherencia con los instrumentos de planificación energética y con los objetivos en materia de seguridad de suministro, cambio climático y precio de la energía«. Para ello, modifica el artículo 53 de Ley 24/2013 de 26 de diciembre del Sector Eléctrico. En concreto, añade una subordinada a su apartado siete e incorpora un apartado 8.bis.
Si el apartado 7 del artículo 53 del texto aprobado en 2013 dice que la Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización de modificación de una instalación de producción existente cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema, el Grupo Parlamentario Popular propone añadir: «sin perjuicio de los supuestos previstos en el apartado 8.bis de este artículo para autorizaciones de cierre«.
El texto aprobado en 2013 dice que la Administración Pública competente únicamente podrá denegar la autorización de modificación de una instalación de producción existente cuando no se cumplan los requisitos previstos en la normativa aplicable o cuando tenga una incidencia negativa en el funcionamiento del sistema
Y, consecuentemente, su Proposición de Ley incluye la adición de un apartado 8.bis que dice que el cierre definitivo o temporal de instalaciones de producción de energía eléctrica peninsulares de potencia superior a 50 MW requerirá tres dictámenes preceptivos en un plazo de tres meses: de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia; de la Oficina de Cambio Climático y del Instituto para la diversificación del Ahorro de Energía.
El primero iría en la dirección de conocer efectos desfavorables sobre los precios o la competencia en el mercado eléctrico. El segundo, informaría sobre el impacto del cierre en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, el tercero, arrojaría datos sobre los efectos en el cumplimiento de los objetivos energéticos de energías renovables y eficiencia energética.
El GPP propone además que la autorización sea denegada sólo con que uno de ellos fuera desfavorable. También -en línea con lo que se ha publicado en meses anteriores- el texto presentado recoge la posibilidad de establecer reglamentariamente medidas para que la central continúe con su funcionamiento, por ejemplo, un procedimiento de concurrencia competitiva en el que se transmita la titularidad de la instalación. Todo ello respetando el apartado 5, que no modifican, y que habla de denegar el cierre cuando el operador del sistema estime que existe riesgo para la seguridad del suministro.
Centrales nucleares
El GPP señala en el texto de la Proposición que lo previsto en el apartado 8.bis será también de aplicación a las centrales nucleares. «Tanto la expresa comunicación del titular de una central nuclear al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de su intención de cesar en la explotación de la misma, como el vencimiento del plazo establecido por este Ministerio sin que dicho titular haya presentado la solicitud de renovación de la autorización de explotación, tendrán la consideración de solicitud de autorización de cierre«, dice la PL presentada, si bien prevé que mediante orden ministerial se pueda establecer un nuevo plazo.
En este caso, deberá «interesarse la emisión de los referidos dictámenes, sin perjuicio de los informes que se hayan de solicitar del Consejo de Seguridad Nuclear que reglamentariamente se establezcan
