- El nuevo RDL 7/2026 prioriza en tres niveles el acceso a la red eléctrica, dando peso a los servicios esenciales, vivienda y proyectos industriales estratégicos.
- Desde Foro Industria y Energía, señalan que la incertidumbre regulatoria afecta en gran medida a las inversiones en proyectos industriales.
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Con los mercados energéticos bajo presión por el conflicto en Oriente Medio, los Gobiernos están activando medidas en forma de mecanismos extraordinarios para asegurar el suministro eléctrico y aliviar el precio de la factura de la luz. En el caso de España, el El Real Decreto-ley 7/2026, el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado el pasado 20 de marzo, nace para anticipar riesgos y contar con instrumentos para protegerse ante el escenario de volatilidad.
En este sentido, El Foro Industria y Energía plantea que, cuando la urgencia normativa da paso a la implementación, nace una pregunta clave: ¿cómo se van a tomar las decisiones? Concretamente, en el ámbito de acceso y conexión a la red eléctrica, donde ya está demostrado que la escasez es un problema estructural, la definición de prioridades pasa de ser un asunto técnico a convertirse en una cuestión estratégica.
Para la entidad, el debate no reside en si debe haber o no intervención de las administraciones públicas, sino en cómo debe articularse esa intervención. Además, se debe esclarecer cuál es el grado de claridad, previsibilidad y coherencia con los objetivos de política industrial.
¿En qué es beneficioso el Real Decreto?
El RDL establece tres categorías de consumos con consideración de alta prioridad para el acceso a la red. Estas son las categorías:
- Promociones inmobiliarias residenciales y servicios esenciales como hospitales, instalaciones de seguridad nacional, transporte público, infraestructuras de agua etc.
- Nuevos consumos industriales que hayan sido declarados Proyectos Estratégicos de Inversión.
- Ampliaciones de instalaciones existentes que tengan contrato de acceso vigente y estén haciendo uso efectivo de la red, con un techo máximo de hasta tres veces la potencia media contratada en los últimos dos años. Se obliga a que no cambien su actividad económica de referencia según el código CNAE.
Por otro lado, el decreto establece que, cuando dos solicitudes de alta prioridad compiten por el mismo nudo, se realiza una prelación interna. Los servicios esenciales y vivienda van primero, después los proyectos industriales estratégicos y, por último, las ampliaciones de industria existente. De este modo, se priorizan las necesidades básicas.
Los problemas que quedan por resolver
Uno de los verdaderos problemas que Foro Industria y Energía detecta reside en la categoría intermedia, en los Proyectos Estratégicos de Inversión. En este ámbito se cruzan las promesas y la incertidumbre del decreto. Así, la decisión de qué proyectos merecen esa declaración reacerá en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de un recién creado Comité de Inversiones Estratégicas. Por su parte, los criterios y el procedimiento para esa declaración se remiten al desarollo reglamentario posterior.
En el decreto, se enuncian orientaciones generales (reindustrialización, transición ecológica y digital, resiliencia de cadenas de suministro, generación de empleo de calidad), pero estas no se traducen en criterios operativo. Por ello, la entidad formula las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de industria accede antes? ¿La más intensiva en energía? ¿La que más empleo directo genera? ¿La que ancla cadenas de valor nacionales? ¿Prevalecerán algunos sectores sobre otros? ¿O la que menor dependencia fósil tiene en su proceso productivo? Y es que en el texto del RDL no se aclaran estas dudas.
Cabe destacar también que el RDL no contempla algunas dimensiones cómo por ejemplo, el criterio territorial explícito para la priorización de acceso industrial. En este aspecto, el mapa real de saturación, que muestra saturaciones superiores al 90% en Andalucía o Madrid, no aparece como variable de ponderación. Rampoco aparece la creación o el mantenimiento de empleo como criterio concreto de acceso más allá de su mención como objetivo general.
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La incertidumbre que paraliza el desarrollo industrial
Por último, desde el Foro Industria y Energía señalan que llevan tiempo advirtiendo de que la incertidumbre regulatoria es uno de los principales inhibidores de la inversión industrial. No se trata de la única variable, por supuesto, pero su daño radica en que actúa antes de que se produzca un impacto real, ya que paraliza decisiones de localización, congela planes de electrificación y empuja a los operadores industriales a diferir compromisos que, en el contexto de la transición energética, no admiten una demora indefinida.
Por ello, sentencian que el marco establece que ciertos poryectos tendrán prioridad, pero no se especifica con qué criterios se llega a esa condición y no se resuelve la incertidumbre, sino que simplemente la traslada al estadio de la solicitud de declaración estratégica. Con todo, la industria de saber a qué atenerse, y necesita saberlo con la suficiente antelación para poder planificar.
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