Hace apenas un mes que hemos empezado 2016 y, como suele hacerse en estos casos, es momento de mirar hacia delante y hacer una lista de expectativas y propósitos para los próximos doce meses –once ya-: los mismos que nos separan de hacer un nuevo balance del ejercicio terminado para comprobar cuáles de nuestros proyectos se han cumplido y qué otros siguen “en el tintero” para el curso siguiente.
Este año, no obstante, plantearse metas y hacer previsiones resulta especialmente complicado a tenor de la situación política que el país vive en estos días. Tras las Elecciones Generales celebradas a finales de diciembre de 2015, y a la espera de ver qué ocurre en el plano político, son muchos los interrogantes abiertos para la sociedad en general, para el conjunto de la economía y -en el caso concreto que nos ocupa- para el sector de la energía eléctrica. Por lo que para este inicio de año concurren dos factores importantes, los retos propios que se lanzan al principio del año y los retos que se suscitan al inicio de cualquier nueva legislatura.
Pero la actividad de las empresas del sector continúa, así que sigue siendo necesaria una hoja de ruta en la que figuren todos aquellos aspectos que son de especial interés y que exigen de la acción de la Administración para trazar una mejora en un servicio de especial transcendencia como es el suministro eléctrico. Así que me voy a centrar en algunos de los puntos que considero que son más destacables dentro de lo que representa una nueva legislatura.
En cualquier caso -y hasta que la situación empiece a aclararse- parece evidente que lo más conveniente para el sector y para el conjunto del país sería contar con una política energética capaz de mantener un clima de seguridad y estabilidad. Dicha estabilidad es imprescindible en una industria que, como sucede con la eléctrica, necesita acometer fuertes inversiones que, además, se desarrollan a lo largo de periodos de tiempo bastante prolongados y que, por tanto, exceden la duración de los ciclos políticos.
En otro orden de cosas, uno de los principales retos a los que esperamos que se haga frente en 2016 es el que supone conseguir una factura eléctrica “limpia” de sobrecostes. Actualmente este recibo incluye una serie de partidas que, en realidad, no están relacionadas con el suministro de energía eléctrica: es decir, no tienen nada que ver con el suministro o las redes de transporte y distribución de esta energía. Se trata de impuestos (un impuesto eléctrico del 5% y un IVA que aplica el tipo máximo del 21%) y costes derivados de distintas políticas sociales y medioambientales que los sucesivos gobiernos han ido adoptando. En el caso de España estos costes acaparan aproximadamente la mitad del recibo eléctrico para el caso del consumidor doméstico, de manera que el precio de la electricidad se ha elevado aproximadamente un 70% desde el 2007.
En este sentido, el paso de estos conceptos a los presupuestos públicos constituiría un importante alivio para los bolsillos de los consumidores y un impulso para la competitividad de las empresas. Pero al mismo tiempo conviene destacar que esta tendencia no es exclusiva de nuestro país, sino que en los países de la Unión Europea encontramos que, de media, los cargos por la inclusión en el recibo eléctrico de las distintas políticas energéticas y los impuestos que pagan los consumidores se han elevado un 40% en un periodo similar. Por tanto, parece obvio que algo tiene que cambiar para revertir esta tendencia y que éste es un asunto sobre el que merece la pena detenerse y en el que me centraré en un próximo artículo.
De forma paralela, es esencial la eliminación progresiva de todos aquellos impuestos que producen distorsiones en la actividad de generación eléctrica, ya que impiden un correcto funcionamiento del mercado y dificultan la competitividad y la convergencia con los países de nuestro entorno. En un momento en el que se habla de la importancia de integrar los mercados eléctricos en toda Europa, para avanzar en la creación de un mercado único de electricidad que redunde en la mejora de la seguridad del suministro y en la maximización del uso de las tecnologías renovables, la existencia de elementos distorsionadores como son los impuestos es un claro obstáculo para este fin. Igualmente, deberían replantearse muchos impuestos autonómicos, de naturaleza pretendidamente medioambiental, que gravan las distintas actividades del sector y que dificultan la contribución de las mismas a la hora de suministrar electricidad. Y es que si algo deberíamos tener claro a día de hoy es que todo lo que tenemos, tanto las tecnologías de generación existentes como las redes, va a ser necesario para poder cumplir con los retos marcados.
Avanzar en la senda de la liberalización del sector eléctrico es también una de las metas hacia la que deberíamos encaminarnos en este 2016, en línea con las directrices de la Unión Europea. Una mayor liberalización redundará en precios y ofertas mejores para los consumidores y entronca, además, con la necesidad de incrementar la capacidad de acción del consumidor. El objetivo es, de hecho, que el consumidor tenga cada vez una mayor capacidad de gestión de su consumo de tal modo que, a través de sus elecciones, pueda contribuir a una mayor dinamización del mercado y ajustar su uso de la electricidad a su perfil personal, a sus hábitos y patrones de consumo. La existencia de precios regulados estrangula la acción competitiva al limitar la proactividad del consumidor e impide que la innovación sea el elemento a través del cual se vayan desarrollando las distintas opciones tecnológicas y comerciales que deben estar presentes en las decisiones que toma el consumidor.
Llegado este punto merece la pena mencionar el importante despliegue de las redes inteligentes que, previsiblemente, continuará en 2016, como también seguirá el desarrollo del plan de sustitución de contadores analógicos por digitales (plan que será completado en 2018). Y este es un ejemplo de avance que merece ser destacado. En toda Europa, después de Suecia y de Italia somos uno de los países que lidera esta transformación.
Así que, en efecto, son muchos los frentes abiertos y las áreas susceptibles de mejora y avance y, a la vez, son muchas las posibilidades que a día de hoy están abiertas. En los próximos meses empezaremos a vislumbrar por dónde va a transitar el futuro inmediato de un sector, el eléctrico, que quiere y puede contribuir notablemente al crecimiento económico. Ése es su papel y consecuentemente los retos deben estar al alcance.
Pedro González
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
