El objetivo es apoyar actividades de cooperación entre entidades asociativas prioritarias y/o pymes agroalimentarias para el suministro sostenible de biomasa destinada a la producción de energía en la transformación de productos agroalimentarios. La dotación económica para todo el periodo presupuestario asciende a 1.241.770 euros de Gasto Público Total, procedente del FEADER y de los Presupuestos Generales del Estado.
El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la cooperación, para el suministro sostenible de biomasa destinada a la producción de energía en la transformación de los productos agroalimentarios, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
Las ayudas están destinadas a las entidades asociativas prioritarias y/o pymes agroalimentarias. Cuentan con una dotación económica de 1.241.770 euros de Gasto Público Total para el periodo presupuestario del actual Programa Nacional de Desarrollo Rural (2014 – 2020). Estos fondos proceden de la cofinanciación del 80% de FEADER (993.416 euros) y el 20% de Presupuestos Generales del Estado (248.354 euros).
El objetivo es apoyar actividades de cooperación en las que participen al menos dos de las siguientes figuras: una entidad asociativa prioritaria, una pyme supraautonómica u otra persona física o jurídica, siendo imprescindible la participación de, al menos, una de las dos primeras.
Producción de energía
Estas acciones de cooperación deben contribuir a la lograr un suministro sostenible de biomasa entre agentes que la reciben o la proveen cuyo destino es la producción de energía en la transformación de los productos agroalimentarios.
Además, este suministro se hace en paralelo y de manera complementaria a la cadena de valor propia de las empresas del sector que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, lo que conlleva un beneficio a las entidades asociativas prioritarias o pymes agroalimentarias supraautonómicas implicadas.
Esto redundará en beneficio de todos los integrantes de la cadena alimentaria, desde los agricultores de base integrantes, los grupos asociativos hasta el consumidor. Estas acciones deben impulsar también una economía baja en carbono.
