Teresa Ribera, vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha anunciado a las comunidades autónomas una ampliación de las ayudas para la movilidad sostenible (MOVES III) y el autoconsumo. Del mismo modo, se cederán más recursos para que las administraciones gestionen las ayudas y el mantenimiento de los objetivos fijados por la normativa para la tramitación de proyectos renovables.
La vicepresidenta ha presentado el informe de ejecución del Plan Más Seguridad Energética (Plan +SE), y ha recordado que las comunidades autónomas deben remitir sus planes de ahorro y eficiencia antes del 1 de diciembre. Durante el encuentro también se ha tratado la evolución del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, cuya implementación depende tanto del Gobierno central como de los regionales.
Las comunidades piden más recursos para agilizar expedientes
A petición de las comunidades autónomas, se ha planteado el incremento hasta el 5% de los gastos de gestión de los expedientes que pueden justificar las comunidades autónomas en el programa MOVES III, que se sitúa actualmente en el 2,5%. De igual manera se plantea en el programa de Incentivos al autoconsumo, el almacenamiento energético y las instalaciones térmicas con renovables, actualmente en el 3%. La subida permitirá aumentar los recursos administrativos y agilizar las tramitaciones.
Por otra parte, Ribera también ha anunciado la próxima ampliación del programa MOVES III, dirigido a subvencionar la compra de vehículos y la instalación de puntos de recarga. Dotado inicialmente con 800 millones de euros, recibirá 400 millones adicionales. Hasta hoy, se han recibido más de 90.000 solicitudes y 15 comunidades autónomas han pedido su ampliación.
Las diferentes líneas de fomento para las instalaciones de autoconsumo también se verán reforzadas con 500 millones adicionales, de acuerdo con lo previsto en el Plan +SE.
Tramitación de renovables
Por último, se ha confirmado también el mantenimiento de los hitos establecidos por la normativa para la tramitación de los proyectos de energías renovables. Los objetivos son evitar el bloqueo de la capacidad de acceso a la red eléctrica, garantizar la seguridad jurídica de los promotores y demostrar la credibilidad de la Administración a la hora de cumplir sus compromisos.
Los proyectos de renovables tienen cinco años para ejecutarse desde el momento en que obtienen el derecho de acceso a la red eléctrica, con varios hitos intermedios que deben cumplirse. El próximo 25 de enero se cumple el plazo para que numerosos proyectos obtengan la Declaración de Impacto Ambiental.
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