Después de 200 microseísmos, 15 terremotos percibidos por la población y un año y medio cerrado el almacén subterráneo de gas de Castor, la Fiscalía de Castellón ha presentado una denuncia por la comisión de presuntos delitos relacionados con el medio ambiente durante la puesta en funcionamiento del proyecto frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona).
La Fiscalía Anticorrupción de Castellón ha denunciado a los responsables del proyecto Castor por prevaricación medioambiental, entre los que se encuentra el Ministerio de Medio Ambiente que participó en la tramitación del proyecto, el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y la empresa constructora Escal UGS —formada por ACS en un 66,7% y la canadiense CLP en un 33,3%.
Investigación de un año
La denuncia es el resultado de la investigación que la Fiscalía de Castellón concluyó después de un año, el pasado 4 de octubre, justo un día después de que el Consejo de Ministros aprobara indemnizar con 1.350 millones al propietario del proyecto Castor, la cual estaba fijada en una cláusula del contrato que firmó el Gobierno con la empresa en 2008, y solo un mes después ya fue abonada.
“Es un abuso de poder”, asegura Javier García Breva, experto en políticas energéticas presidente de N2E, “en Castor ha habido errores políticos y económicos que tenemos que asumir entre todos. A Florentino Pérez le ha salido bien la operación, porque el Estado lo indemniza, pero ¿por qué tenemos que cargar con su mala gestión todos los consumidores?”.
Inversión de 1.200 millones de euros
Ya os contábamos que el Proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, tenía como objetivo aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema.
En su momento, Carlos Bravo de la Asociación Salvia y ex responsable de la campaña de Energía de Greenpeace, ya apuntaba a que “no se han hecho los estudios de impacto ambiental necesarios para tenerlo en cuenta, y para Castor se ha utilizado un antiguo depósito de petróleo ya vacío para llenarlo de gas, pero está en una zona geográfica llena de fallas, y en el corazón de la falla de Amposta”.
Los movimientos sociales y ecologistas desde un primer momento se posicionaron en contra de este proyecto y cuando el Gobierno se apresuró en indemnizar a la constructora, iniciaron campañas en contra. Alianza contra la pobreza energética, la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, las organizaciones ecologistas como Greenpeace o Ecologistas en Acción, han mostrado su rechazo frontal a la indemnización que ha recibido la empresa de Florentino Pérez por renunciar a la concesión, que según calculan se convertirán en una deuda a pagar entre todos los consumidores de casi 5.000 millones durante los próximos 30 años en el recibo de la luz y del gas.
