Empresas como Acciona, Repsol, Engie, Total o Enérgya-VM, representadas por la Asociación de Comercializadoras Independientes de Energía (ACIE) han solicitado al Gobierno y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una prórroga de dos meses para la aplicación de la nueva estructura de peajes y cargos.
Está previsto que la nueva normativa entre en vigor el 1 de abril, pero las comercializadoras independientes de energía solicitan una moratoria y «un mayor respaldo económico» para paliar los efectos de la COVID-19 y el impacto de la nueva regulación energética.
En un comunicado, la asociación ha repasado algunas de las peticiones que como representante del 21,5% de las empresas que comercializan el 21,5% de la electricidad y el 31% del gas natural en España:
- Moratoria de dos meses para aplicar el nuevo sistema de peajes. Este tiempo les permitirá explicar e informar a los clientes de los cambios en periodos de consumo y potencia
- Permitir que los clientes puedan realizar más de un cambio de potencia al año. Los cambios deberán ser «de forma coherente con los objetivos del consumo energético inteligente»
- Establecer una revisión sobre la reducción de clientes con derecho a tarifa regulada en electricidad y gas «acorde con la vigente directiva del mercado interior, así como de una mejora en la regulación del fraude eléctrico»
- Una línea de créditos y avales específica para la comercialización energética que les permita hacer frente al impacto económico de la COVID-19
- Promoción de nuevas líneas de negocio en el mercado eléctrico y gasista e integrarse como actividades en el mercado libre, «dando respuesta así a las electrolineras y las gasineras
En su lista de peticiones al Gobierno y la CNMC, ACIE también reflexiona acerca de las consecuencias de la liquidación de las subasta renovables. A su juicio, obligará a internalizar un riesgo en el suministro incrementando reclamaciones. También valora el Fondo de Sostenibilidad Energética (FNSSE), que prevé aprobar el Gobierno y que sitúa a los comercializadores de electricidad y gas como sujetos obligados al pago de un elevado precio por la expansión de las energías renovables.
Por último, la asociación solicitará que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
