Pedro González, director de Regulación y Asuntos Económicos de Unesa, explica en este artículo el papel que van a desempeñar las comercializadoras de referencia en la gestión del nuevo sistema de bono social, un sistema que a su juicio representa un avance, en la medida en que define al consumidor vulnerable en función de su renta y de sus circunstancias personales y familiares pero cuya complejidad hace pensar en que estamos ante un reto importante tanto para las Administraciones como para comercializadoras de referencia y los servicios sociales.
Desde principios de este mes está ya en vigor una nueva regulación del bono social, el descuento sobre la tarifa eléctrica regulada que se aplica a los consumidores vulnerables. Este “nuevo” bono social viene a remplazar al existente para poder adaptarse a las exigencias que introdujo la modificación de la ley a través del Real Decreto-ley 7/2016, a finales de octubre del año pasado. El principal cambio de esta nueva regulación es que introduce el criterio de renta para definir al consumidor vulnerable y amplía la cobertura a nuevos colectivos.
A partir de ahora, el titular del contrato tendrá la condición de consumidor vulnerable, con derecho a un 25% de descuento en su factura, cuando la renta de los miembros de la unidad familiar esté por debajo de unos ciertos umbrales de renta, aplicados en función del número de miembros de esa familia. Cuando alguno de los miembros de la unidad familiar se encuentre bajo alguna de las circunstancias especiales definidas por la ley (discapacidad, víctima de violencia de género o terrorismo), los umbrales de renta serán superiores.
También se define una nueva figura, la del consumidor vulnerable severo, con derecho a un descuento del 40%, cuando las rentas del conjunto de los miembros de la unidad familiar sean inferiores a umbrales de renta todavía más bajos.
[pullquote]»La nueva regulación del nuevo bono social representa un avance, en la medida en que define al consumidor vulnerable en función de su renta y de sus circunstancias personales y familiares»[/pullquote]
Así pues, respondiendo a peticiones provenientes de diversos ámbitos, como por ejemplo desde el Defensor del Pueblo, por fin se adquiere la condición de consumidor vulnerable teniendo en cuenta su renta familiar; aunque, no obstante, se sigue reconociendo a determinados colectivos la condición de consumidores vulnerables con independencia de su nivel de renta, concretamente a las familias numerosas.
Destaca también la creación de una tercera figura: la del consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social. Este beneficiario es aquel que, además de reunir los requisitos para ser vulnerable severo en atención a su renta, recibe financiación de los servicios sociales de una Administración autonómica o local para pagar su factura eléctrica. El suministro de estos consumidores se considera indispensable por lo que no se puede interrumpir y el coste de sus facturas se cofinancia íntegramente por las empresas y las administraciones autonómicas. La labor de los servicios sociales se va a hacer por tanto indispensable.
Asimismo, se introducen medidas para reforzar la protección del consumidor en los procedimientos de suspensión del suministro. En este sentido, se amplía de dos a cuatro meses el plazo para poder iniciar dicho procedimiento, desarrollando con detalle las comunicaciones y requerimientos de pago que las empresas comercializadoras de referencia deben remitir, así como las informaciones que deben enviar para que los consumidores domésticos conozcan la posibilidad de acogerse al bono social.
[pullquote]»La complejidad en la gestión del nuevo sistema – y el proceso de aprendizaje que conlleva – hace pensar en que estamos ante un reto importante tanto para las Administraciones como para comercializadoras de referencia y los servicios sociales»[/pullquote]
Por tanto, la nueva regulación amplía considerablemente el número de beneficiarios potenciales del bono social, así como las ayudas que, como hemos visto, en algunos casos llegarán hasta el 40% o el 100% del importe de las facturas. Y, mientras tanto, los actuales beneficiarios tienen un plazo de 6 meses en los que tendrán que acreditar que cumplen con los requisitos de la nueva regulación para poder seguir adscritos al bono. En este sentido, el objetivo es asegurar que el bono llegue a aquellos que realmente más lo necesitan.
En cuanto a la financiación, la nueva legislación regula la obligación de que sean las empresas comercializadoras (o sus matrices, en el caso de grupos empresariales) las encargadas de hacerlo, en función de su cuota de mercado. Por lo que sigue recayendo sobre agentes privados el peso de la financiación de medidas de protección social, un aspecto que claramente entra dentro del cometido de la función pública.
Por último, me gustaría destacar el papel que van a jugar las empresas comercializadoras de referencia, encargadas de gestionar el bono social. En un inicio van a tener que actuar de intermediarios entre las administraciones y los consumidores que soliciten el bono, dando traslado a la Administración central de la documentación que debe presentar el consumidor para acreditar que cumple con los criterios de renta y, posteriormente, comunicando al solicitante el resultado de las comprobaciones efectuadas.
[pullquote]»La nueva regulación amplía considerablemente el número de beneficiarios potenciales del bono social, así como las ayudas que, como hemos visto, en algunos casos llegarán hasta el 40% o el 100% del importe de las facturas.»[/pullquote]
Además, en caso de que se deniegue la solicitud, también facilitarán a los consumidores donde pueden reclamar ante los servicios de consumo. Y, en el caso en que el solicitante sea un consumidor vulnerable severo en riesgo de exclusión social, también se coordinarán con las administraciones autonómicas y locales para activar a estos consumidores, cofinanciando el pago de su factura. Por otra parte, también están adaptando los sistemas de facturación para adecuarse a las nuevas condiciones de descuento, una tarea nada despreciable.
Esta complejidad acrecienta la necesidad de asegurar la fluidez de los procedimientos de comunicación entre las empresas comercializadoras, la administración central y las 17 comunidades autónomas. Por lo que una forma de asegurar una buena coordinación pasa necesariamente por intentar homogeneizar estos protocolos de comunicación entre todas las partes, aún en proceso de desarrollo.
En conclusión, la nueva regulación del nuevo bono social representa un avance, en la medida en que define al consumidor vulnerable en función de su renta y de sus circunstancias personales y familiares. No obstante, la complejidad en la gestión del nuevo sistema – y el proceso de aprendizaje que conlleva – hace pensar en que estamos ante un reto importante tanto para las Administraciones como para comercializadoras de referencia y los servicios sociales. Este esfuerzo va a ser por tanto máximo, principalmente por novedoso y por el elevado número de solicitantes que se espera… y, mientras tanto, las primeras solicitudes ya se están tramitando.
Pedro González
Director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA
