La corrupción no solo salpica a los políticos. Las filiales de las grandes constructoras como FCC, Ferrovial, ACS y Sacyr y así hasta 39 en total han sido sancionadas por la CNMC con multas que suman 98,2 millones de euros tras probar que habían acordado entre ellas no hacerse competencia en las licitaciones públicas de gestión de residuos y saneamiento urbano, entre otras.
La CNMC considera probada la existencia de una práctica concertada global de reparto del mercado por el cual las empresas sancionadas respetaron los clientes de sus competidores, tanto públicos como privados, se repartieron los nuevos e intercambiaron información comercial sensible. Incurren, por tanto, en una infracción única y continuada del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) en el sector de gestión de residuos y saneamiento urbano, que se plasmó en diversas conductas.
Esta práctica se manifestó en el compromiso de respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados; el reparto de nuevos clientes; el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas a éstos, etc.); el reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o de la no concurrencia en una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades; la utilización de las asociaciones sectoriales para implementar el reparto de mercado o para coordinar las actuaciones de las empresas en determinados ámbitos; y las recomendaciones colectivas emitidas por estas asociaciones para persuadir a sus socios acerca del respeto de la práctica concertada de reparto de mercado en su ámbito de actuación.
Las grandes empresas, el 75% de las multas
Sanciona a las grandes empresas por repartirse los clientes y las licitaciones públicas, con multas conjuntas que superan los 72 millones de euros, cerca del 75% de los 98 millones impuestos a un total de 39 empresas.
La evidencia disponible indica que, en el marco de dicho acuerdo, las empresas se repartieron licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (Unión Temporal de Empresas) o no concurriendo a las mismas a cambio de la subcontratación de servicios.
También hay 3 asociaciones sectoriales que han sido sancionadas por colaborar en la implementación del reparto de mercado y utilizaron, entre otros medios, recomendaciones colectivas a sus asociados.
Las empresas sancionadas actúan en distintos ámbitos del sector de la gestión de residuos y saneamiento urbano: la gestión de residuos industriales (tanto peligrosos como no peligrosos), la recuperación de papel y cartón, y el saneamiento urbano(que incluye la gestión de residuos sólidos urbanos, la limpieza viaria y saneamiento de aguas).
Por sectores
En el caso de la gestión de los residuos industriales, las conductas se desarrollaron entre 1999 y 2013, queda de manifiesto el reparto de clientes entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión entre las empresas involucradas.
Por lo que se refiere a la actividad de recuperación de papel y cartón, se ha acreditado la existencia de múltiples contactos bilaterales entre las empresas del sector, desarrollados en ámbitos geográficos y temporales distintos, y referidos a clientes, condiciones contractuales y precios ofertados, así como a acuerdos y pactos de no agresión entre las empresas implicadas.
Por lo que respecta a la actividad de saneamiento urbano han quedado acreditados contactos y acuerdos bilaterales entre determinadas empresas del sector, habitualmente grandes operadores en el saneamiento urbano (FCC Medio Ambiente (FCC), Cespa (Ferrovial), Urbaser (ACS) y Valoriza (Sacyr)), para la concurrencia en licitaciones públicas y otras actuaciones en determinadas áreas territoriales (Madrid, Málaga, Ceuta, Melilla y el País Vasco).
En muchos casos las estrategias eran puestas en común a través de ASELIP (asociación de la que son miembros las cinco empresas aludidas), en donde las empresas asociadas decidieron boicotear aquellas licitaciones de las Administraciones Locales que no se ajustaban a sus intereses (en la Resolución se recoge una tabla con las licitaciones que se vieron afectadas por estas prácticas).
Listado de las empresas involucradas
En concreto, el Consejo ha decidido imponer las siguientes multas:
– Urbaser y Sertego Servicios Medioambientales (del Grupo ACS): 23.289.036 euros
– Filiales pertenecientes al Grupo FCC: 16.880.054 euros
– Valoriza Servicios Medioambientales (del Grupo Sacyr): 15.295.022 euros
– CESPA y CESPA Gestión de Residuos, S.A. (del Grupo Ferrovial): 13.616.717 euros
– Saica Natur, Saica Natur Noreste y Saica Natur Norte (del Grupo SAICA): 5.370.000 euros
– Holmen Paper Madrid y Cartón y Papel Reciclado: 4.845.822 euros
– Befesa: 3.637.517 euros
– Irmasol: 1.765.170 euros
– Hera Tratesa: 1.604.880 euros
– Tecnología Medio Ambiente Grupo F. Sanchez: 1.451.445 euros
– S. Solís: 1.252.740 euros
– Verinsur: 1.185.946 euros
– Recuperaciones Riojanas: 1.093.074 euros
– Griñó Ecològic: 848.490 euros
– Sebastià Llorens: 758.592 euros
– Ecológica Ibérica Y Mediterránea y Grupo Tradebe Medio Ambiente: 597.111 euros
– Alba Servicios Verdes: 483.649 euros
– Magma Mediterráneo y Magma Tratamientos: 445.670 euros
– Hijos De Demetrio Fernández: 413.792 euros
– Recuperacions Marcel Navarro I Fills: 412.983 euros
– Reciclajes Elda: 339.132 euros
– Valdemingómez 2000: 301.965 euros
– Ansareo Saneamientos Servicios Sociedad Anónima: 270.826 euros
– Hermanos Inglés-Vidal: 262.066 euros
– Marpol Levante: 208.264 euros
– Asociación De Empresas De Limpieza Pública (ASELIP): 200.000 euros
– Betearte: 190.050 euros
– Recuperaciones De Residuos Petrolíferos: 189.747 euros
– Logística Ambiental: 168.293 euros
– Recypilas: 151.317 euros
– Asociación De La Recuperación Y El Reciclado De Madrid (AREMA): 150.000 euros
– Plastic Omnium Sistemas Urbanos: 101.333 euros
– Associació Catalana D’empreses De Serveis De Residus (ACESER): 100.000 euros
– Recuperaciones Lapuerta: 69.816 euros
– Alianplast Serveis: 63.508 euros
– Recuperaciones Antonio Pérez Andreu E Hijos:48.801 euros
– Recuperaciones Álvarez Torres: 39.600 euros
– Garcés Recuperacion: 29.394 euros
– Ecogestión de Residuos: 28.162 euros
– Santoil: 23.520 euros
– LKS Menoska: 21.143 euros
– Rua Papel Gestion: 4.001 euros
Por último, la CNMC recuerda que cualquier persona o empresa que se considere afectada por estas prácticas anticompetitivas puede presentar una demanda de daños y perjuicios ante los tribunales civiles. Por otro lado, también recuerda el programa de Clemencia, mediante el que la empresa y/o el directivo que haya participado en un cártel puede aportar información sobre el mismo, escrita o verbalmente en la sede de la CNMC a cambio de la exención total (o a una reducción) de la multa que le correspondería.
