Iberdrola y Endesa han explicado en el Congreso que el recorte de beneficios del Gobierno puede abocar a la inviabilidad nuclear. De hecho, Iberdrola ha apuntado el 2024 como fecha posible para el cierre y como consecuencia de los recortes. Además, ambas compañías han asegurado que no se trata de una amenaza.
Iberdrola y Endesa han aprovechado la comparecencia de sus responsables en energía nuclear para detallar y contextualizar el mensaje lanzado el martes. Se produjo tras la aprobación en Consejo de Ministros del decreto ley que recorta los beneficios extraordinarios de las eléctricas.
Gonzalo Carbó, director general de Energía Nuclear de Endesa, y Francisco López García, director de Iberdrola Generación Nuclear, asistieron al Congreso. Informaron sobre la actividad en sus instalaciones durante los últimos ejercicios.
Durante la comparecencia, ambos directivos señalaron que el reciente comunicado del Foro Nuclear no debía verse como una amenaza. Explicaron a los diputados el contexto en un ambiente más conciliador, según indica Europa Press.
Explicaron que las medidas como el recorte de ingresos por minorización de los derechos de CO2, o por los sobrecostes del gas natural, dificultaría la actividad. Además, podría empujar a la inviabilidad económica de las instalaciones, lo que conllevaría un posible cierre anticipado.
Inviabilidad nuclear desde 2024
Francisco López García fue más explícito. Puso el 2024 como fecha para una posible situación de inviabilidad nuclear, con respecto a las instalaciones. En este momento, el acuerdo firmado entre las compañías y el Gobierno tiene entre 2027 y 2035 las fechas pactadas para el desmantelamiento y cierre de las instalaciones.
Según Europa Press, López García ha señalado que el recorte de ingresos por CO2 elevaría a 30-32 euros/MWh la minoración de ingresos. Eso provocaría que la tecnología nuclear no fuera competitiva, abocando a su inviabilidad económica a partir de 2024.
En ese sentido, ha reivindicado que las empresas han renovado las autorizaciones de explotación bajo otro marco regulatorio. Y, además, con “unas expectativas de viabilidad”. Por ello, exigen excluir a esta tecnología de la ampliación de esta reforma.
Asimismo, y según las compañías, el precio de venta real de la generación nuclear, una vez minorados los recortes, debe mantenerse alrededor de 57-60 euros/MWh. Y, además, atendiendo a una carga de impuestos que ya consideran ‘excesiva’.
Aún más: apelan que las centrales han venido funcionando a pérdidas ‘durante gran parte de los últimos ejercicios’. El flujo de caja negativo ha sido de unos 500 millones en 2020 y las pérdidas han superado los mil millones de euros.
Los efectos del cierre de las instalaciones
En respuesta a las cuestiones sobre el posible efecto del cierre de las instalaciones, los comparecientes han hecho sus estimaciones en el Congreso.
Dicho cierre podría implicar un aumento de las emisiones de CO2 en 22 millones de toneladas, es decir un 75% de las emisiones del parque móvil. Asimismo, un incremento del precio de la electricidad en un 20%.
Amortización
Por otra parte, en la comparecencia se ha hablado de la amortización de las instalaciones, citando las inversiones exigidas en mantenimiento y medidas de seguridad.
En este tema, la postura de los partidos, VOX y PSOE, es contraria. Los primeros indican que las inversiones demuestran que las instalaciones no están amortizadas. Desde el Gobierno apuntan lo contrario y, en consecuencia, dicen que es necesario recortar beneficios.
Además, desde el Gobierno han recordado que parte de lo que las empresas cuentan como carga impositiva responde a costes de residuos radioactivos y desmantelamiento.
FUENTE: Europa Press
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