El sector eléctrico ha emitido su opinión sobre el recorte a las centrales no emisoras de CO2, nucleares e hidroeléctricas, construidas antes de 2005. Se trata de los windfalls profits o ‘beneficios caídos del cielo‘. Indican que la medida ‘va en contra del derecho comunitario’ y ‘supone una intervención del mercado’. El impacto de la medida del Gobierno podría tener un impacto de unos 1.000 millones de euros.
Ayer hablábamos de cómo esta medida, incluida en el anteproyecto de ley que MITECO llevó al Consejo de Ministros, había tenido su repercusión en Bolsa.
Por su parte, el sector eléctrico no ha visto bien la medida de corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión.
Según Europa Press, recogiendo la opinión del sector, el mecanismo que pretende aprobar el Gobierno, con tramitación urgente para su aplicación durante este año, representa:
“Una intervención en los precios de mercado no acorde con el trabajo de credibilidad-país realizado en los últimos años”.
Tramitación
El Consejo de Ministros aprobó ayer, martes 1 de junio, la tramitación del anteproyecto de ley. Recoge el recorte a los windfalls profits de las nucleares e hidroeléctricas. Eso supondrá unos 1.000 millones de euros en la retribución que reciben las eléctricas. Y su objetivo, según el Gobierno, es abaratar la factura de la luz de los consumidores entre un 4 y un 5%.
Concretamente, el mecanismo quiere mitigar una parte del dividendo de carbono que perciben las tecnologías no emisoras, anteriores a 2005, es decir, nucleares e hidráulicas.
En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hizo referencia al tema Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica. Ribera defendió la necesidad de que los beneficios por el alza de los precios del CO2 repercutan también en los consumidores domésticos e industriales. Es decir, que no repercutan sólo en las cuentas de resultados de las empresas. Añadió:
“Es legítimo maximizar su beneficio por las compañías, pero debemos velar como Gobierno por el interés de los españoles”.
El Gobierno no descarta una reacción de las compañías afectadas. MITCO ya se adelantó a ello explicando que el mecanismo es: «robusto» jurídicamente; y «compatible» con el mercado interior de la energía y con el mercado de CO2.
En esa línea, la propia Ribera ha indicado que: «todos los actores tienen derecho a recurrir a todos los recursos a su alcance«. Además, ha descartado un cierre acelerado del parque nuclear, que está previsto entre 2025 y 2035.
Windfalls profits
El sector eléctrico ya ha dado una respuesta al recorte de los windfalls profits. Opinan que va “contra el derecho comunitario” y supone “una intervención del mercado”.
Ayer mismo lo explicaba el secretario general de la patronal de las grandes eléctricas europeas (Eurelectric), Kristian Ruby.
Desde el sector eléctrico ya se ha apuntado la posibilidad de recurrir judicialmente la medida.
Según diferentes analistas, la medida también podría afectar a plantas eólicas no reguladas. Y eso no parece muy sensato, a tenor de los compromisos internacionales de España. La medida, añaden, podría crear inseguridad jurídica en un momento muy inoportuno.
Además, señalan que si se aprueba, las centrales nucleares e hidroeléctricas deberías afrontar derechos de emisión de CO2, aunque son tecnologías de generación no contaminantes.
Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico
El Consejo de Ministros también aprobó ayer el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE). Llega convertido en proyecto de ley. El objetivo del mismo es sacar de la factura de la luz los conocidos como ‘recortes‘, el coste de las primas de las renovables. Ascienden a unos 7.000 millones de euros anuales. El Gobierno añade que quiere repartirlo entre todos los sectores energéticos.
Así, los consumidores no tendrán que pagar por él y se repercutirá a las empresas, esencialmente las eléctricas y las petroleras. El fin es, según el Gobierno, abaratar un 13 % la factura de la luz en cinco años y caminar a su vez hacia la electrificación y las energías limpias.
Los costes regulados de la electricidad en España ascienden a unos 17.000 millones al año
