El Gobierno ha reducido el recorte que aplica a la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos para 2020. Finalmente será de 921 millones en 2020, frente a los 1.046 planteados en la propuesta inicial. El ajuste queda en 817 millones en 2021 y 690 millones en 2022.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la revisión del Ministerio para la Transición Ecológica. La actualización de parámetros retributivos corresponde al periodo 2020-2025 para instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos. La actualización se ha producido tras haber sido sometida la propuesta inicial a información pública y haberse recibido las alegaciones preceptivas.
La orden reduce en un 12% el ajuste inicial propuesto para este año, con respecto a lo percibido en 2019.
Reducción del recorte a la retribución de las renovables
Según fuentes del Ejecutivo, que recoge Europa Press, la modificación responde, entre otras cosas:
“A la ampliación del periodo que se emplea para el cálculo de las estimaciones del precio del mercado eléctrico y de los derechos de emisión”.
Las mismas fuentes informan que el ajuste a la baja de la retribución se debe, fundamentalmente, al aumento de las previsiones de ingresos por venta de energía en el mercado para el futuro. Además, a la obligación legal de compensar la retribución, dado que el precio real en el mercado fue superior a lo estimado para 2017-2019.
Igualmente, se han tenido en cuenta las actualizaciones al precio real de combustible, inferior al estimado. Y también, al precio de los derechos de emisión de CO2, que se ha ajustado al alza.
Ya en 2016, al finalizar el semi-periodo 2014-2016, se realizó la preceptiva revisión de los parámetros. Entonces, aumentaron en 600 millones de euros anuales debido, principalmente, a que el precio de venta de la energía era más bajo.
Este régimen retributivo complementa los ingresos de mercado por venta de energía eléctrica. De esta forma, las instalaciones renovables, cogeneración y residuos podrán cubrir sus costes y alcanzar la rentabilidad razonable que fija la normativa.
Rentabilidad
La nueva tasa de retribución financiera fue fijada a finales de 2019 mediante el Real Decreto Ley que establecía la rentabilidad razonable. Se estableció para el nuevo periodo regulatorio que comenzaba 1 de enero.
Así, se aseguraba una rentabilidad razonable del 7,39% a la que se podían acoger las instalaciones anteriores a 2013 que tuvieran reconocida una retribución primada y por una vigencia de dos períodos regulatorios (hasta 2031). Para el resto, del 7,09% en el período 2020-2025.
No obstante, para definir completamente cuál sería la retribución real para estos años se debía conocer la publicación de la orden de actualización publicada hoy.
Esta revisión es la que marca la normativa cada seis años. Adicionalmente, cada tres años, se realiza una nueva estimación de ingresos por la venta de energía generada en el futuro. Y cada semestre se actualizan los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del coste del combustible.
Así, esta actualización supondrá un ajuste del presupuesto asignado al régimen retributivo de 921 millones de euros en 2020, respecto del coste de 2019.
Para 2021 el ajuste será de 817 millones de euros, también suavizado en torno a un 8,5% (76 millones de euros). Y para 2022, de 690 millones de euros, un 10,5 menos (81 millones de euros) que en la propuesta inicial del borrador de orden. Estos datos toman como referencia la retribución obtenida en 2019.
Una orden necesaria
La norma marca que todo ingreso por encima de lo estipulado como rentabilidad razonable queda fuera del límite normativo español y comunitario. De no hacer esta actualización, la rentabilidad real percibida sería superior al valor fijado por ley y eso no es compatible con la normativa.
Asimismo, esta orden traslada eficiencias retributivas al consumidor de electricidad y su no aprobación supondría un incremento de la factura de electricidad.
De no aprobarse esta orden, el impacto para el consumidor doméstico tipo en el recibo de la luz supondría un aumento del 3,44%. Un incremento del 6,46% en la parte regulada de su factura.
En ese caso, un consumidor con una factura anual de 700 euros habría asumido un incremento en su factura de 24,10 euros al año. Una cifra que responde a las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
