La Diputación Permanente del Congreso ha convalidado el Real Decreto-Ley que actualiza la rentabilidad razonable a las instalaciones renovables. Asimismo, las medidas de apoyo a las zonas afectadas por el cierre de las centrales de carbón. La aprobación de la norma sobre la retribución de las renovables ha tenido votos a favor y abstenciones, pero ningún voto en contra.
El Real Decreto-Ley busca dar certidumbre a los nuevos proyectos renovables que sustituirán la generación tras el cierre de las térmicas. Fue aprobado el pasado día 22 de noviembre por el Consejo de Ministros.
El parque de generación se verá reducido por el cierre de las térmicas, como se verán afectados los lugares donde se encuentran. De ahí que uno de los objetivos del real decreto-ley sea el desarrollo de esos territorios y la creación de empleo. El propio decreto-ley incide en la necesidad de impulsar una transición justa. Así, el texto indica:
«Estos proyectos ofrecen en las áreas geográficas donde se están dando los procesos de cierre de centrales térmicas de carbón y termonucleares, soluciones sostenibles de dinamización de la actividad económica y empleo asociado”.
Perjudicados por los recortes de 2013
Asimismo, es de vital importancia que el decreto haya recogido el problema de las empresas perjudicadas por el recorte de 2013.
La norma especifica que los afectados podrán optar por mantener la retribución actualmente vigente, del 7,398% o del 7,503%, en función del tipo de instalación, hasta 2031. Eso sí, siempre que renuncien a sus reclamaciones o a las compensaciones que hayan obtenido.
Las 64.000 plantas que se vieron afectas han generado numerosas reclamaciones en tribunales y cortes de arbitraje internacionales que suman 10.000 millones de euros.
Por tanto, los que opten por mantener la retribución actualmente vigente deben acreditar su renuncia fehaciente a percibir la compensación, continuación o reinicio de procesos. 
Aprobada la retribución de las renovables
En caso de no acogerse a esta opción, a las instalaciones se les aplicará la retribución que el Gobierno ha fijado, con carácter general. El periodo es para 2020-2025 y la retribución de las renovables, de un 7,09 %, que se volverá a revisar para el periodo 2026-2031. Quienes se acojan a la opción del Gobierno, no sufrirán esa revisión.
La Diputación Permanente del Congreso convalidó ayer, día 27, este real decreto-ley sin votos en contra. Como hemos dicho, el mismo fija la rentabilidad razonable de las instalaciones renovables para el periodo 2020-2025. Asimismo, articula medidas de apoyo a las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas.
Han votado a favor: PSOE; Ciudadanos; Unidas Podemos; ERC; PNV; Coalición Canaria y Junts per Cataluña. Se han abstenido PP, Vox y Bildu.
La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, ha defendido la importancia de la norma. Ha indicado que era “imprescindible” para definir un marco normativo que proporcione estabilidad y certidumbre a los inversores.
También ha explicado que el real decreto-ley persigue generar confianza, atraer inversiones para el desarrollo de las energías renovables. Y, además, «no dejar en la estacada» a quienes invirtieron en ese tipo de tecnologías y que padecieron el recorte de retribución en 2013.
Asimismo, ha asegurado que, de no aprobarse esta norma, se habría creado una situación de «inseguridad jurídica«.
Críticas a las políticas energéticas
Según la Agencia EFE, los diputados han hablado de los problemas generados en el pasado por las políticas energéticas.
En esa línea, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha explicado que su grupo no votaría en contra de la norma «en un ejercicio de responsabilidad«. Sin embargo, ha advertido que no va a servir para reducir los litigios de los inversores.
Mariscal ha acusado al PSOE de mantener una política energética «errática«. Especialmente, ha criticado la «mala planificación» durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según el diputado popular, la gestión del PSOE generó un déficit tarifario de más de 29.000 millones. Y, además, una subida de la tarifa eléctrica del 70 % entre 2004 y 2011.
Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha aludido también a la «política desorbitada» de Zapatero que, en su opinión, «estafó a los inversores«. Ha reclamado un Pacto de Estado sobre la energía. Rodríguez ha dicho que el real decreto-ley es «un parche«. No obstante, ha mostrado su apoyo a la norma por responsabilidad y para no seguir castigando a los pequeños inversores.
Votos de UP, Vox, ERC y PNV
El diputado de Unidas Podemos, Gerardo Pisarello, ha asegurado que el real decreto-ley «puede ayudar a minimizar los daños«. Igualmente, a dar «un respiro» a los pequeños inversores. «Se podía haber llegado más lejos pero va en la buena dirección«, ha apuntado.
Pisarello ha pedido un cambio de modelo productivo para luchar contra el cambio climático.
Ignacio Garriga, de Vox, ha afirmado que la norma «avala el sobrecoste energético de Zapatero«. Vox se ha abstenido, aunque han afirmado que la norma no permitirá abaratar el recibo eléctrico. Según Garriga, el real decreto-ley está mal concebido. No garantiza que los inversores dejen de pleitear y no discrimina entre grandes y pequeños productores.
Montserrat Bassa, de ERC, ha respaldado la norma pero ha dicho que «se queda a medio camino«.
Por parte del PNV, Mikel Legarda ha asegurado que el real decreto-ley articula medidas «ponderadas y razonables» y «evita un vacío legal
