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Plan de prevención de la pobreza energética en Cataluña

Plan de prevención de la pobreza energética en Cataluña
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Departamentos del Govern de Cataluña, comunidades locales y empresas suministradoras de electricidad han comenzado a trabajar en la redacción del primer “plan operacional de estrategia en la prevención y abordaje integral de la pobreza energética”, según lo describe el Govern. Conforme a los últimos datos de la Asociación de Ciencias Ambientales un 6,3% de catalanes pagan los recibos de luz con retraso y un 8,7% tiene problemas para mantener una temperatura adecuada. El plan espera presentarse a comienzos de febrero.

La pobreza energética se encuentra de plena actualidad, especialmente desde que el pasado noviembre una anciana muriese, precisamente en Cataluña, después de que las velas con las que se alumbraba, por no poder pagar la factura de la luz, prendiesen fuego a su casa. Desde entonces el debate público en torno a la pobreza energética ha saltado al primer plano de la palestra mediática y política.
De esta forma, a mediados de diciembre PP y PSOE anunciaban una eventual modificación de la Ley de Energía por la cual no se podría cortar la luz a familias consideradas vulnerables por los servicios sociales. En esta línea la Junta de Castilla la Mancha anunciaba recientemente la renovación del acuerdo con Cruz Roja por el que brindará una ayuda de 150 euros a unas 7.000 familias vulnerables durante 2017. El recrudecimiento de este fenómeno como consecuencia de la crisis ha hecho que se pongan en marcha iniciativas solidarias de ayudas por parte de organizaciones y sociedad civil.

La pobreza energética en Cataluña

En Cataluña, la Generalitat explicaba hace tres días que el objetivo del grupo de trabajo constituido el pasado 30 de noviembre, es abordar la pobreza energética de manera “coordinada, interadministrativa e interdisciplinar”.  El Govern detallaba que este grupo de trabajo ya ha presentado un diagnóstico en la línea del “consenso existente en la UE”, el cual recomienda “combatir la pobreza energética combinando ayudas sociales que afronten el impago y medidas de mejoras en la eficiencia energética para reducir el consumo ineficiente reduciendo las facturas”.
En la primera reunión del equipo se han analizado las actuaciones para “aligerar el impacto de la crisis en el ámbito de la pobreza energética”. Las conclusiones han dado píe a la creación de dos líneas de actuación: la necesidad de ampliar el conocimiento de esta problemática en Cataluña y por otra parte desarrollar acciones específicas que palien el problema a través de una “intervención directa” que permita “reducir las facturas”.
En esta línea el grupo de trabajo ha acordado la creación de dos comisiones que trabajarán durante el mes de enero. Una analizará el diagnóstico situacional y unos indicadores para “determinar los hogares afectados”. La otra comisión compilará las “mejores prácticas” de abordaje existentes y propondrá acciones de intervención con el objetivo de presentar el plan la primera semana de febrero.

El plan, culminación de años de ayudas

Otra de las funciones que lleva a cabo el grupo de trabajo es el de determinar si las ayudas existentes son suficientes para dar cobertura a las emergencias. En la reunión se presentaba de esta manera la evolución cronológica de las prestaciones de urgencia social concedidas en años anteriores llegando a la elaboración de la siguiente tabla:
Periodo
Hogares beneficiados
Cuantía de la ayuda (euros)
2012
30.155
3.569.513
2013
42.786
1.802
3.828.298
2014
67.048
2.133
5.090.327
2015
75.625
3.891
6.043.827

Los informes de ACA, insuficientes

El estudio a nivel nacional que realiza la Asociación de Ciencias Estatales, ACA, cada dos años y desde hace seis, se basa estudios del Instituto Nacional de Estadística, INE, las cantidades que destinan Ayuntamientos y entidades sociales. Según cuenta EL PAIS, “no poder pagar los recibos solo es una cara de la moneda que sufren las familias afectadas por este fenómeno”. Además el informe de ACA, que habla de un incremento del 22% de esta problemática con respecto al ejercicio bianual anterior, se basa en datos del INE del 2014. Por otra parte el periódico explica que “las compañías no quieren proporcionar datos”, los cuales serían “vitales” para la correcta realización del estudio.

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