Ence Energía y Celulosa anuncia que en el segundo trimestre de 2021 ha vuelto a beneficios. Dos son las razones que explicarían estos buenos resultados: los altos precios de la celulosa y la eficiencia y buen desempeño operativo de las plantas de la compañía.
La compañía ha registrado un beneficio neto ordinario de 12 millones de euros entre abril y junio de 2021, frente a las pérdidas de 13 millones de euros que contabilizó en el mismo periodo del año anterior.
El resultado operativo consolidado de Ence antes de coberturas alcanzó los 56 millones de euros en el periodo analizado, lo que supone más que duplicar el obtenido en el segundo trimestre de 2020.
El negocio de la celulosa se multiplica por cinco
En el negocio de Celulosa el resultado operativo alcanzó los 42 millones de euros, lo que multiplica por cinco el de 2020. Además, la producción de celulosa aumentó un 4% interanual.
En el negocio de Energía Renovable el resultado operativo alcanzó los 14 millones de euros (+31% excluyendo la planta termosolar vendida en diciembre). Ence cuenta con una cartera de 513 MW de proyectos de biomasa y fotovoltaicos, con acceso a red y localizaciones aseguradas, que se espera que empezarán a construirse progresivamente a partir de 2022.
La compañía mantiene un balance muy saneado con una deuda neta de 43 millones de euros en su negocio de Celulosa, de 133 millones de euros en el de Energía Renovable y con más de 380 millones de euros de caja disponible en balance, después de haber amortizado anticipadamente préstamos por importe de 95 millones de euros en la primera mitad del año.
En cumplimiento de la normativa contable, la sociedad ha registrado en sus cuentas el impacto de un eventual cierre de su biofábrica de celulosa de Pontevedra, por importe de 196 millones de euros, tras las sentencias dictadas en julio por la Audiencia Nacional, que anulan la prórroga de la concesión de los terrenos de dominio público sobre los que se asienta esta planta. La normativa contable no permite provisionar los costes del futuro ERE de extinción de los trabajadores de la planta de Pontevedra y de parte de la estructura corporativa del grupo.
La compañía ha presentado hoy los correspondientes recursos de casación ante el Tribunal Supremo, y agotará todas las vías jurídicas en defensa de la legalidad de la prórroga de esta concesión, de cuya actividad dependen 5.100 empleos directos e indirectos.
No obstante, en caso de que se viera finalmente obligada al cierre de esta biofábrica, la empresa tendría que hacer frente a un desembolso de 48 M€ y del coste del ERE, no provisionado. Asimismo, y en cumplimiento de la normativa contable, la compañía ha registrado un deterioro del valor de los activos vinculados a la biofábrica por un importe neto de 148 M€, que no supondrá una salida de caja.
