José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, afirmó que el Gobierno es “totalmente partidario» de que la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos permanezca abierta, “siempre que se cumplan las condiciones” establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
A este respecto dijo tener «la intuición de que se va a llegar a un acuerdo con el operador para que continúe la vida de este reactor» y añadió que el Gobierno ha dado señales «muy claras, muy nítidas» de que no tenía «ningún tipo de restricción, perjuicio o limitación ideológica» respecto de ninguna fuente de energía, mostrándose “convencido de que el país no se lo puede permitir”.
Garoña mantiene su reactor parado ya que la empresa propietaria de la central, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, argumentó que no es rentable, aunque se mantiene su autorización de uso hasta el 6 de julio. El ministro recordó que Nuclenor recurrió la orden ministerial del Gobierno de Zapatero que decretó el cese de la operación de la central en julio de 2013. La propiedad justificó entonces esa decisión por el lucro cesante que ocasionaba el cierre seis años antes de lo previsto. Según el ministro, el lucro cesante se estimaba en una cuantía superior a los nuevos impuestos a los que ahora alude Nuclenor para justificar el cese de la actividad, por lo que consideró que la argumentación «encierra cierta contradicción y creo que no puede ser el fundamento de una decisión de esta naturaleza».
Conversaciones con Endesa e Iberdrola
Endesa e Iberdrola han mantenido negociaciones con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo acerca de la posibilidad de fijar un periodo de vida útil de 60 años para el conjunto de las centrales nucleares que permita ampliar el periodo de amortización de las instalaciones y, con ello, garantizar su operación en condiciones de rentabilidad. Dicha ampliación de vida útil sería suficiente para prolongar el funcionamiento de la central de Garoña, ya que permitiría establecer un calendario de amortización de las inversiones necesarias para adaptar la planta a las exigencias tras el accidente de Fukushima e incluso procurar rentabilidad a pesar de los nuevos impuestos.
Soria reconoce que mantiene conversaciones con las empresas propietarias de la central, Endesa e Iberdrola, y manifestó tener «la intuición de que se va a llegar a un acuerdo con el operador para que continúe la vida de este reactor». “Desde el punto de vista del ministerio no vemos motivos de solidez para, dándose las condiciones de seguridad, cerrar este reactor nuclear», añadió.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró recientemente que la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, debe continuar abierta si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictamina que es una instalación segura porque “se deben tener en cuenta factores como el desarrollo industrial de la zona, el empleo, los intereses del sistema energético, incluido el precio de la energía y la lógica técnica».
En la situación actual la nuclear está cerrada físicamente y abierta jurídicamente, pero no cumple los requisitos de seguridad. Según Greenpeace, “ningún organismo público, ni el Ministerio ni el CSN están cumpliendo con sus obligaciones, el primero tiene capacidad de decisión vinculante en caso de inseguridad como es el caso, y el segundo tiene que tramitar el cierre si los dueños los solicitan. Nos toman por tontos y no lo somos”.
José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo, afirmó que el Gobierno es “totalmente partidario» de que la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos permanezca abierta, “siempre que se cumplan las condiciones” establecidas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).
A este respecto dijo tener «la intuición de que se va a llegar a un acuerdo con el operador para que continúe la vida de este reactor» y añadió que el Gobierno ha dado señales «muy claras, muy nítidas» de que no tenía «ningún tipo de restricción, perjuicio o limitación ideológica» respecto de ninguna fuente de energía, mostrándose “convencido de que el país no se lo puede permitir”.
Garoña mantiene su reactor parado ya que la empresa propietaria de la central, Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola, argumentó que no es rentable, aunque se mantiene su autorización de uso hasta el 6 de julio. El ministro recordó que Nuclenor recurrió la orden ministerial del Gobierno de Zapatero que decretó el cese de la operación de la central en julio de 2013. La propiedad justificó entonces esa decisión por el lucro cesante que ocasionaba el cierre seis años antes de lo previsto. Según el ministro, el lucro cesante se estimaba en una cuantía superior a los nuevos impuestos a los que ahora alude Nuclenor para justificar el cese de la actividad, por lo que consideró que la argumentación «encierra cierta contradicción y creo que no puede ser el fundamento de una decisión de esta naturaleza».
Conversaciones con Endesa e Iberdrola
Endesa e Iberdrola han mantenido negociaciones con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo acerca de la posibilidad de fijar un periodo de vida útil de 60 años para el conjunto de las centrales nucleares que permita ampliar el periodo de amortización de las instalaciones y, con ello, garantizar su operación en condiciones de rentabilidad. Dicha ampliación de vida útil sería suficiente para prolongar el funcionamiento de la central de Garoña, ya que permitiría establecer un calendario de amortización de las inversiones necesarias para adaptar la planta a las exigencias tras el accidente de Fukushima e incluso procurar rentabilidad a pesar de los nuevos impuestos.
Soria reconoce que mantiene conversaciones con las empresas propietarias de la central, Endesa e Iberdrola, y manifestó tener «la intuición de que se va a llegar a un acuerdo con el operador para que continúe la vida de este reactor». “Desde el punto de vista del ministerio no vemos motivos de solidez para, dándose las condiciones de seguridad, cerrar este reactor nuclear», añadió.
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aseguró recientemente que la central nuclear de Santa María de Garoña, en la provincia de Burgos, debe continuar abierta si el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictamina que es una instalación segura porque “se deben tener en cuenta factores como el desarrollo industrial de la zona, el empleo, los intereses del sistema energético, incluido el precio de la energía y la lógica técnica».
En la situación actual la nuclear está cerrada físicamente y abierta jurídicamente, pero no cumple los requisitos de seguridad. Según Greenpeace, “ningún organismo público, ni el Ministerio ni el CSN están cumpliendo con sus obligaciones, el primero tiene capacidad de decisión vinculante en caso de inseguridad como es el caso, y el segundo tiene que tramitar el cierre si los dueños los solicitan. Nos toman por tontos y no lo somos”.
