El más elemental conocimiento económico establece el concepto de beneficio obtenido como diferencia entre valor de mercado y costo de producción. En el caso de los hidrocarburos existen mecanismos muy conocidos que determinan el precio de mercado y que permiten analizar las razones por las que el barril de petróleo sube o baja a un determinado precio y hacer previsiones de futuro con cierta consistencia.
Los complejos estudios sobre análisis de riesgo completan la información que permite a los operadores realizar inversiones millonarias con una cierta garantía de beneficio a nivel global.
La revolución del oil & gas no convencional añade otro de los parámetros considerados como intangibles para las compañías pero que modifican el concepto de valor y costo para la sociedad. A nadie se le escapa que las explotaciones de gas o petróleo han sido determinantes para países como Katar, Libia, Venezuela, y otros muchos que han sabido aprovechar esta riqueza para consolidar una economía boyante o la han derrochado de forma miserable.
En el caso de los hidrocarburos no convencionales han aportado valor a países cuya economía no estaba basada en estos productos. El caso más paradigmático es el de Estados Unidos en donde el nuevo modelo energético basado en el “shale gas” plantea a corto plazo la autosuficiencia de suministro y, según la publicación de 2013 “IHS, America’s New Energy Future”, la creación de más de tres millones de puestos de trabajo, incrementos de cientos de miles de millones del PIB y ahorro en las economías domésticas que se cifraban en 1.500 dólares por hogar para el año en curso. (Estas cifras se han actualizado en el reciente estudio de la Harvard Business School “America´s Unconventional Energy Opportunity” con 2,7 millones de empleos y ahorro de 800 dólares por hogar).
Europa, con unas perspectivas mucho más modestas en cuanto a reservas y con un retraso tecnológico considerable, en el estudio “Macroeconomic Efects of European Shale Gas Production” se conforma con reducir su dependencia energética al 60% en 2035 y una creación de empleo de un millón en los próximos treinta años.
Evidentemente se trata de una visión muy simplista de la política energética global donde existen otros factores que introducen luces y sombras a este planteamiento.
Uno de ellos es la esperada Cumbre del Clima de este año en París. Estados Unidos, a las ventajas mencionadas de nicho de empleo y seguridad de suministro, le suma la sustitución del carbón lo que ha permitido reducir sus emisiones de CO2 de forma muy considerable. No obstante, existe la preocupación que el gas puede desplazar no solo al carbón sino también a las energías renovables con lo que podría tener el efecto inverso. El balance a nivel global puede ser negativo puesto que el abaratamiento del carbón en este país facilita las exportaciones y su consumo en países emergentes con el riesgo de no alcanzar el objetivo de reducción de emisiones.
Los países desarrollados deben plantearse una política de apoyo a las energías renovables con la doble opción de reducción de emisiones y menor dependencia energética.
Volviendo al planteamiento inicial, se han descrito los factores que pueden dar valor al uso del gas no convencional pero también existen unos costos que se yuxtaponen a los meramente económicos. Existen multitud de publicaciones especializadas que nos hablan de los costes de exploración, desarrollo y producción comparándolos entres las distintas tipologías de recursos del mismo modo que se pueden analizar otros parámetros de mercado. Mención aparte merecen los aspectos ambientales, sociales y políticos que no pueden generalizarse puesto que no son implícitos con la técnica empleada sino que dependen de las percepciones subjetivas de cada zona.
En España, el estigma de la producción de hidrocarburos en territorio nacional produce grandes movilizaciones sociales que paralizan los estudios prospectivos de posibles yacimientos. Bien recientes quedan los sucesos de Canarias y otros similares. Existe por tanto una oposición por parte de la sociedad que hay que valorar y que únicamente puede contrarrestarse con un debate transparente que aminore las preocupaciones ambientales que inducen estas movilizaciones.
Queda fuera de este contexto analizar de forma pormenorizada la lista de afecciones ambientales atribuidas a la producción de hidrocarburos y, particularmente, a la fracturación hidráulica. Consumo y contaminación del agua, emisiones de gas de efecto invernadero, aditivos químicos, sismicidad incluida o radioactividad, son algunos de los argumentos que se enarbolan para justificar la oposición a esta técnica.
Los políticos no son ajenos a estos planteamientos de modo que en su preocupación social, o en la captura del voto, no dudan en legislar en contra de una tecnología que desconocen impidiendo la evaluación de los hipotéticos recursos. Tal ha sido el caso de algunas autonomías que posteriormente han visto como el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional esta legislación.
Pero el daño ya está hecho y las empresas operadoras se deben pensar mucho si el desgaste social y el coste económico les compensa su inversión puesto que esta inversión millonaria se encuentra dificultada por las trabas administrativas que hacen que los permisos de exploración tarden años en conseguirse.
Ángel Cámara, doctor Ingeniero de Minas, Decano-Presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro y Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid.
