En la Antigua Roma existía la práctica del “Damnatio memoriae”, expresión latina que significa literalmente “condena de la memoria”. Una “damnatio memoriae” consistía en condenar permanentemente el recuerdo de una persona a la que se declaraba enemigo del Estado.
Cuando el Senado romano decretaba oficialmente la “damnatio memoriae”, se procedía a eliminar todo cuanto recordara al condenado: imágenes, estatuas, monumentos…, y su nombre era borrado de inscripciones, pinturas, monedas, edificios, etc., acto denominado “Abolitio nominis”. Es decir, se procedía sistemáticamente a la destrucción de su recuerdo. Además de la eliminación de la representación física de su imagen, se abolían sus leyes y decisiones.
De la lista de emperadores romanos, unos 30 sufrieron esta práctica, tales como Domiciano o Publio Septimio Geta, pero también se aplicaba a otras personalidades relevantes de la política romana.
La “Damnatio memoriae” era lo contrario de la “Apoteosis”, que sucedía cuando el emperador fallecido, por el balance positivo de sus actuaciones, era divinizado por el Senado y recibía homenaje público por su nueva cualidad de dios.
Aunque en estos momentos aún no tenemos certeza acerca de quién gobernará España en los próximos años, parece claro que el “imperio” de José Manuel Soria, titular del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) en la pasada legislatura, y todavía en funciones, ha llegado prácticamente a su fin.
Salvando las distancias históricas y de todo tipo -no vaya a creerse el Sr. Soria que le consideramos de tan alto nivel-, si hiciéramos un balance de sus actuaciones en el ámbito de la energía desde el punto de vista de la sostenibilidad, podríamos concluir que sería claramente merecedor de una “damnatio memoriae”.
Una “damnatio memoriae”, no para que se elimine de la galería de retratos de ministros del ramo el que le representa a él (pues ciertamente tendríamos que quitar también más de la mitad de los que hay), sino para abolir urgentemente todo el desastroso mejunje normativo en materia de energía aprobado a instancias del ministro Soria, causante del importante retroceso que ha sufrido España en los últimos años en una serie de parámetros energéticos y que ha tenido negativas consecuencias en el plano ambiental, económico y social. Una de las consecuencias directas de esta nefasta política energética ha sido aumento de los niveles de pobreza energética en el Estado español.
Desde el inicio de su mandato, la política energética del Sr. Soria se ha basado en aprobar un conjunto de cambios normativos que han ido claramente en detrimento de la sostenibilidad energética y de la lucha contra el cambio climático. Una panoplia de medidas dirigidas conscientemente a torpedear y hundir el desarrollo e implantación de las energías renovables, a impedir el autoconsumo eléctrico, a favorecer al sector de la energía nuclear y tratar de potenciar al máximo la exploración y explotación de yacimientos de hidrocarburos -convencionales y no convencionales- por todo el territorio nacional, en tierra y en el mar. Y todo ello al tiempo que se menospreciaba por completo las inmensas posibilidades del ahorro y la eficiencia energética y la gestión de la demanda y se socavaba cualquier tímido avance anterior en la política energética contra el cambio climático.
Cercenar las renovables
Las bases para emitir un “damnatio memoriae” sobre Soria están fuertemente fundamentadas. La descripción detallada de las múltiples razones permitiría escribir una enciclopedia. Sin duda, una de las más notables es el descarado intento del Sr. Soria de cercenar el desarrollo de las energías renovables, que, desgraciadamente ha tenido un notable éxito. Así, ha conseguido desbancar a España del liderazgo mundial en el campo de las energías renovables, lo que ha conllevado a la destrucción de decenas de miles de empleos y la desaparición del prestigio logrado a nivel internacional. Ejemplo del daño provocado es el hecho de que el año 2015 ha cerrado con la instalación de tan sólo 49 MW de potencia renovable de todo tipo (dejando aparte a la gran hidroeléctrica, con la incorporación de los 854 MW de la central hidráulica de La Muela II), toda ella fotovoltaica (de los cuales más de la mitad en instalaciones desconectadas de la red), y únicamente 58 MW en 2014 (16 de ellos aislados de la red). Desde el año 2000, esta última legislatura es la que menos potencia eólica ha instalado (sólo 1.932 MW).
Por causa del Sr. Soria y su política anti renovables, España se enfrenta a numerosas denuncias ante tribunales de arbitraje internacionales que previsiblemente acabarán con multas que tendremos que pagar todos los españoles. El Sr. Soria también ha sido denunciado en España ante la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al diseñar y aprobar la orden ministerial que recortó en 3.000 millones la retribución a las renovables. La Fundación Renovables y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético han acusado al ministro de dictar una Orden Ministerial para recortar la retribución que perciben las instalaciones de energías renovables a sabiendas de que era una norma injusta porque se basó en unos parámetros de inversión y rentabilidad que no se correspondían con la realidad.
Favorecer los hidrocarburos
Otra obsesión del Sr. Soria a lo largo de su mandato ha sido la de favorecer como fuera al sector de los hidrocarburos, convencionales o no convencionales. Con respecto a estos últimos, ante la fuerte oposición social e institucional en un amplio número de CC.AA. al fracking y a las prospecciones petrolíferas en aguas profundas, el ministro Soria aprobó una modificación de la Ley del sector de Hidrocarburos para tratar de forzar la aceptación a estas contaminantes tecnologías, a base de dinero público. Se aprobó destinar una partida de los Presupuestos Generales del Estado para “incentivos para las Comunidades Autónomas y Entidades Locales que desarrollen actividades de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos“.
Recientemente la opinión pública pudo conocer algunos hechos que pudieran explicar, al menos en parte, el anacrónico apoyo del Sr. Soria a los intereses del sector de los hidrocarburos. Como desveló el diario.es, el hermano menor del ministro de Industria en funciones, Luis Alberto Soria López, constituyó y administró durante un año una empresa dedicada al comercio internacional de petróleo mientras su hermano apostaba decididamente desde el ministerio por la polémica fractura hidráulica (‘fracking’) y por las prospecciones petrolíferas en Canarias y en el Mediterráneo.
En resumen, gracias al denodado esfuerzo del Sr. Soria para favorecer los intereses de las grandes empresas eléctricas y petroleras, la última legislatura ha sido un gran fracaso desde el punto de vista de la sostenibilidad energética.
Modelo energético sostenible
Las premisas que caracterizan un modelo energético sostenible son: contribuir al bienestar social; ser compatible con la protección del medio ambiente; tener como eje central la eficiencia energética; establecer precios de la energía asequibles pero que reflejen adecuadamente los costes incurridos (incluidos los medioambientales); y facilitar el acceso universal a la energía, basándose cada vez más en la generación distribuida con fuentes limpias y renovables.
Antes de la llegada del Sr. Soria nuestro modelo energético era insostenible. Tras su paso por el gobierno, se puede decir que lo es aún más. Y no sólo por lo que este individuo ha hecho apoyando activamente a las energías sucias sino también por haber impedido de facto el desarrollo y la implantación de medidas de ahorro y eficiencia energética y de energías renovables. Gracias a Soria, nuestro sistema sigue estando basado principalmente en energías sucias y peligrosas (combustibles fósiles y energía nuclear), y es por tanto contaminante e inseguro; es ineficiente; altamente dependiente del exterior; con un sistema eléctrico de similares características y, por añadidura, enormemente sobredimensionado. Es sin duda un modelo caro y vulnerable, continuamente abocado a sufrir crisis energéticas, por la incertidumbre en el suministro, y financieras, por la volatilidad de los precios del gas y el crudo. Y cada vez menos asequible para los ciudadanos.
La consecución de un modelo energético sostenible, basado al 100% en la eficiencia energética y las energías renovables, es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Humanidad. Un reto con carácter de urgencia, pues, debido sobre todo al problema del cambio climático y al riesgo de accidentes nucleares, el futuro de la Humanidad depende en gran medida de alcanzar ese logro cuanto antes.
España necesita emprender urgentemente una transición energética que combata firmemente el cambio climático apostando decididamente por un modelo 100% renovable basado en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. Ello es condición necesaria para alcanzar un modelo económico social y medioambientalmente sostenible a la vez que más democrático. Se requerirá también restablecer la seguridad jurídica.
Esperemos que el nuevo Gobierno que tengamos en España emprenda este camino y pueda ser merecedor de una “Apoteosis” en el plano energético y medioambiental.
Carlos Bravo, biólogo, consultor ambiental y miembro de Salvia
Aplaudo firmemente la propuesta de la Damnatio Memori, Es evidente que este ciudadano y su cohorte de asesores han legislado 100% a beneficio de la oligarquía económica que domina el sector eléctrico desde los tiempos de Franco
Su desparpajo ha llegado hasta el extremo de presentarse en ruedas de prensa con folios membreteados por la patronal eléctrica
Y cualquiera que sepa leer y entender verá el grado y alcance de la tropelía cometida a través de la lectura del Boletín Oficial del Estado
Empieza a cansar esta ya cierta costumbre de descalificar ad hominen a alguien, en forma de diversos latinismos, éste, el declarar personas non gratas. Me parece un tic escasamente democrático, una variante de los scraches. Si un gobernante hace algo que a alguien no le gusta plantéelo, pero sin invadir terrenos personales. Pues además probablemente la gestión de esa persona sea positiva para otras partes de la sociedad.
Estamos haciendo un país irrespirable.
En desacuerdo con Javier, se podrá entrar en terrenos personales cuando exista una fuerte sospecha (y es el caso) de que la persona ha actuado en busca de su beneficio personal y no en busca del Bien Común. El tiempo (y lo veremos en breve) nos dirá cuales han sido los beneficios personales de este individuo por su paso por el Ministerio, teniendo en cuenta su actuación política en él, los beneficios personales que ha obtenido en anteriores cargos políticos, y el nulo Bien Común que ha producido desde que está en la política.