APPA, en colaboración con la firma de abogados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, organizó ayer miércoles 6 de noviembre la jornada «Las energías renovables tras la reforma eléctrica. Análisis legal y económico», en la que se examinaron la repercusión y el impacto que tendrá para las empresas la Reforma del Sistema Eléctrico del Gobierno, desde las perspectivas jurídica, técnica, fiscal, económica y financiera.
El presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), Juan Miguel Villarig, fue el encargado de inaugurar la jornada “Las energías renovables tras la reforma eléctrica” y solicitó al Gobierno que «retirara toda la regulación que tienen en tramitación», en referencia a la reforma energética aprobada en julio. Villarig también afirmó que “este paquete normativo ataca la seguridad jurídica y, además, no ayuda a combatir el que consideramos el mayor problema energético español, la dependencia del exterior”. La reforma energética aprobada por el Gobierno prevé sustituir el sistema de primas para el régimen especial (renovables y cogeneración) por una «rentabilidad razonable» a lo largo de toda la vida útil de la planta.
Explicó que el sector renovable vive una etapa de «incertidumbre e impotencia» porque ha cambiado «todos los parámetros» con los que se lanzaron los proyectos y ha criticado la «batalla mediática» contra las renovables emprendida por las grandes eléctricas con el objetivo de defender «el error» de la instalación masiva de centrales de ciclo combinado, que actualmente apenas funcionan.
Marco jurídico según Cuatrecasas
Por su parte, Luis Pérez de Ayala, socio de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, destacó “la gran incertidumbre de lo que nos viene encima”. Pese a que no se han aceptado ninguna de las enmiendas propuestas por la oposición en el Congreso de los Diputados respecto a la futura ley de reforma eléctrica, Pérez de Ayala se mostró convencido de que sí se aceptarán cambios cuando llegue al Senado, “por lo que no va a ser definitivo el texto actual tal y como lo conocemos”.
Para Cuatrecasas la situación de los productores de renovables se presenta bastante complicada y con pocas posibilidades de actuación. A la pregunta de si se puede reaccionar contra la reforma propuesta por el Gobierno, Pérez de Ayala aseguró que “las perspectivas a corto plazo son malas porque tenemos un sistema jurídico bastante rígido e incluso dependerá de la nacionalidad del inversor, si es español o extranjero”.
Una de las opciones más viables para aquellos empresarios de renovables que no estén de acuerdo con la futura reforma es la impugnación, según Pérez de Ayala, “no se puede impugnar la ley por el momento, porque todavía no ha salido publicado el decreto, pero después sí”, aseguró.
Las posibilidades de enfrentarse a esta ley son por una posible inconstitucionalidad al no cumplir con el derecho de propiedad, el principio de seguridad jurídica o la libertad empresarial, entre otros. Desde el marco jurídico, se pretende buscar amparo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo para evitar abusos de la ley contra el menos fuerte, las pequeñas y medianas empresas del sector renovable. Pero para ello, Pérez de Ayala, animó a que “se unieran las asociaciones y las empresas para poderlo llevar ante el Tribunal Supremo y hacer de la unión la fuerza de sus reivindicaciones”. En cualquier caso, el sector de las renovables sufrirá un retroceso a causa de la “falta de seguridad jurídica por los continuos cambios legislativos”.
Consecuencias fiscales de la reforma
Fernando Javier Triviño, experto en aspectos fiscales de Cuatrecasas, aseguró que la reforma no afecta a las grandes eléctricas “porque se trasladan los cambios y los aumentos fiscales a los consumidores finales”. Además, confirmó que las consecuencias son asimétricas “porque se tributa al 7% en función del objetivo potencial de producción energética”. Es decir un impuesto fijo con independencia de las circunstancias reales de cada productor. Por su parte, Triviño también animó a la impugnación de este impuesto por considerarse medioambiental, “y que cada empresa lo haga a título individual, porque no se puede impugnar la ley”.
