UNESA, la Asociación Española de la Industria Eléctrica, formada por las grandes empresas del sector está muy descontenta con la nueva reglamentación fiscal porque entiende que no solucionará el déficit de tarifa y pone en peligro la viabilidad del sector.
A través de un comunicado de prensa, UNESA expresa su malestar por las críticas recibidas por diferentes medios dando una imagen negativa y errónea de las compañías eléctrica, y considera que las compañías integradas en su Asociación han prestado siempre un excelente servicio, y han garantizado un suministro fiable y de calidad prácticamente en exclusiva. Afirma también que los precios se han situado siempre en un nivel competitivo y en la franja media-baja de los de la Unión Europea. Estas empresas, han soportado en sus balances desde hace años el déficit de tarifa, independientemente de su procedencia y han invertido 3.000 millones de euros al año, generando 50.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos.
Defiende UNESA que su interés es la defensa de sus clientes, ya que ninguna empresa puede sobrevivir sin ellos, y que la mejor forma que tiene una empresa de mantener sus compromisos con sus empleados y sus inversores es la satisfacción de sus clientes. Tampoco comprende que desde algunos medios se hayan dado cifras de déficit erróneas (1.500 millones), muy inferiores a los 3.452 millones de euros recogidos en la propuesta de Orden Ministerial sometida a trámite de alegaciones por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Continúa el comunicado criticando la congelación de las tarifas fundamentada en la financiación del coste de generación extrapeninsular por parte de los Presupuestos Generales del Estado en 2012 y 2013. Estos ingresos sólo podrían provenir de los PGE ya que, según el borrador de Orden Ministerial, no se obtendrán de las tarifas, y la legislación vigente no prevé otras posibilidades. Estas dos partidas suman aproximadamente 5.500 millones de euros que se convertirán, de forma automática, en déficit de tarifas en el año 2013, cuando la exigencia legal es que el déficit de tarifas en este año sea cero.
Hay que destacar que estos 5.500 millones de euros de déficit se producirán a pesar de que los Presupuestos Generales del Estado van a aportar unos 3.400 millones de euros, que es lo que se espera recaudar con los nuevos impuestos a la generación y las subastas de derechos de CO2.
Este escenario más los nuevos impuestos y tasas dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector
