El actual reparto de competencias entre gobiernos autonómicos, local y central, establece que las comunidades autónomas y municipios deben reducir más del 65% de las emisiones de CO2 de nuestro país en la actualidad, haciendo uso de medidas de mitigación, adaptación, ahorro y eficiencia energética.
Según el último informe del proyecto Life Unify, en el que participa SEO/BirdLife y que analiza las sendas de descarbonización en la UE, España tiene deberes pendientes a la hora de su respuesta multigobierno al cambio climático. En concreto, el estudio destaca que no todas las comunidades autónomas cuentan con planes de descarbonización a 2030 y su grado de ambición no es acorde con los objetivos nacionales y europeos.
Las ciudades han de ser protagonistas
Según el informe, las ciudades deben de tener un rol principal en la acción climática y urge que introduzcan medidas a escala local. En municipios más pequeños, el informe recomienda que se destinen fondos y recursos técnicos aprovechando las líneas de Next Generation.
Por ello, el estudio señala que es necesario que, en la próxima revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que se espera para 2023, se incluyan medidas para que los ayuntamientos puedan reducir sus emisiones. Estas pueden ser aumentar el uso de energía fotovoltaica en zonas edificadas, medir el rendimiento de las zonas de bajas emisiones y zonas peatonalizadas, incrementar los espacios que actúen como sumideros de carbono y fomentar el uso de transporte público y bicicleta.
David Howell, responsable de Energía y Clima de SEO/BirdLife, señala: «En un país descentralizado como el nuestro, la coherencia política entre diferentes niveles de gobierno es vital. Las comunidades autónomas cuentan con importantes competencias para combatir el cambio climático y, en un contexto de emergencia climática, es preciso que pisen el acelerador de la acción y de la coordinación, asegurando una respuesta conjunta y solidaria para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. El clima y, con él, la salud de todos, no puede ser objeto de confrontación Estado-autonomías, como habitualmente viene ocurriendo».
Las Comunidades llevan ritmos diferentes
Al respecto de leyes de cambio climático, Baleares, Cataluña y Andalucía disponen de leyes aprobadas y en fase de desarrollo posterior. Sin embargo, Asturias y Madrid no cuentan con proyectos normativos de este tipo aun. En el resto de comunidades, las leyes se encuentran en varias fases de elaboración o tramitación.
Por otro lado, respecto a planes o estrategias, mientras en Asturias, Cataluña, La Rioja y Madrid existen en fase de estudios previos o tramitación, el resto de comunidades tiene documentos en vigor con vistas a 2030. País Vasco, Galicia y Navarra tienen planes con horizonte 2050.
Ana Márquez, responsable del proyecto Unify en SEO/BirdLife, apunta: «Los municipios tienen un papel central en la aceleración de la acción climática y en el avance hacia una economía resiliente y descarbonizada. Son el nivel de gobierno más cercano a los ciudadanos y, por ello, su papel en la acción climática tiene una incidencia directa y rápida en el bienestar y la calidad de vida de las personas. Hay múltiples medidas identificadas, que dependen en buena medida de la voluntad política de los regidores. Pero, además y muy especialmente en el caso de los municipios pequeños, es preciso articular recursos para facilitar su descarbonización. Los fondos Next Generation representan una oportunidad».
Fuente: SEO/BirdLife.
