El informe de la Comisión de Expertos sobre transición energética publicado el lunes apuesta por una mayor penetración de las tecnologías renovables en los distintos escenarios que maneja, acorde con la tendencia mundial de la que España se ha desvinculado en los últimos años. Sin embargo, llama la atención que algunos de esos escenarios no establezcan como mínimos los objetivos que se están debatiendo en la Unión Europea: entre el 27% y el 35% de la energía.
Por contra, como llama la atención APPA Renovables el informe si plantea escenarios «alejados de nuestras posibilidades como la instalación de 124.500 MW de renovables, más acordes con un ejercicio teórico que un planteamiento factible«. Para UNEF, el escenario base señalado en el documento supondría una tasa del 29,7% de renovables en el consumo final bruto de energía de España a 2030, cuando debería haber llegado al 35%, en línea con lo que se defiende desde el Parlamento Europeo.
Para Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, el documento es en una primera revisión del texto, es «un quiero y no puedo» en el que hay propuestas satisfactorias, como la de la fiscalidad ambiental o la eliminación del «impuesto al sol», que luego a la hora de concretarlas se difuminan. Es decir, «las ideas se proponen pero no se desarrollan. Es un documento falto de compromiso«, nos dice.
Para la Fundación Renovables no es de recibo hacer una propuesta de transición energética y decir que no se han tenido en cuenta los cambios de comportamiento de consumidores
Fernando Ferrando subraya que el informe dice que es complicado llegar al 27% de penetración renovable cuando el Parlamento Europeo habla del 35%. «Todo el mundo espera que nos quedemos entre 30% y el 32%. Es decir, el Comité de Expertos español empieza por negar la propuesta de la Unión Europea«, indica.
Para la Fundación Renovables no es de recibo hacer una propuesta de transición energética y decir que no se han tenido en cuenta los cambios de comportamiento de consumidores, como dice el documento literalmente. También critican la defensa a ultranza del gas en el transporte, que no se haya tenido en cuenta a la ciudad como centro clave del cambio o el uso de la nuclear como herramienta para reducir emisiones.
En cuánto a las emisiones: «Tenemos un 83% de dependencia del exterior, un 50% de dependencia del petróleo, nos gastamos en torno, a 60 doláres el barril, de 15.000 millones de euros en la balanza comercial, tenemos una intensidad energética muy por encima de lo que tiene cualquier otro país de nuestro entorno, hemos paralizado las renovables en los último cinco años, y de pronto ¿la conclusión de este informe es que a nivel de emisiones vamos bien?», nos explica Ferrando.
La portavoz socialista de Energía en el Congreso, Pilar Lucio, también destaca «la falta de ambición en el cumplimiento del 35% de implantación de renovables en 2030” en el documento, “Sin modificaciones en el modelo de mercado es muy difícil favorecer la penetración de las renovables necesarias para cumplir con los objetivos que ya ha marcado el Parlamento Europeo”, asevera al tiempo que urge a que el debate se traslade al Congreso de los Diputados.
José María González Moya, director general de APPA Renovables, ha explicado a Energynews que en general están satisfechos de que el informe que ayer la Comisión de Expertos sobre transición energética presentó al ministro de Energía, Álvaro Nadal, presente un escenario predominante renovable pero que echan de menos que hubiese sido más vehemente en cuánto a la conveniente complementariedad de las distintas tecnologías, ya que obvia la capacidad de respaldo de algunas tecnologías renovables como la biomasa.
En cuanto a esta tecnología APPA opina que llama la atención que no haya sido tenida apenas en cuenta cuando el propio informe habla de su capacidad de respaldo y considera “importante” plantear subastas específicas por tecnologías, reconociendo las distintas características de las tecnologías renovables. «Esta tecnología, que tiene un potencial de 8.000 MW adicionales, aportaría al mix nacional gestionabilidad, firmeza y ayudaría a garantizar la seguridad de suministro«, señala en un comunicado.
El informe considera “importante” plantear subastas específicas por tecnologías, reconociendo las distintas características de las tecnologías renovables
En general, creen que los expertos han basado mucho su análisis en los costes y no en el potencial en cuanto a recursos e industria que hay en nuestro país, sobre todo en el caso de la eólica, cuyo escenario base les parece poco ambicioso dada la capacidad industrial y exportadora del sector. En ese sentido, también echan de menos una puesta más ambiciosa en I+D+i. La fotovoltaica es la única tecnología que crece por encima del desarrollo de los últimos años en el informe.
Claro está que ante estas expectativas desde la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), valora positivamente el contenido del documento. «La previsión de un aumento considerable de la potencia fotovoltaica instalada en 2030, que se multiplicaría por diez con respecto a los niveles actuales, supone una oportunidad clave para permitir que los ciudadanos tengan acceso a una energía más barata y para alcanzar un modelo de desarrollo más estable, en contraste con la dinámica de acelerón-frenazo-acelerón que ha caracterizado los últimos años», afirma José Donoso, director general de UNEF.
Desde UNEF se prevé que la entrada del almacenamiento energético en combinación con la tecnología fotovoltaica será más rápida de lo planteado en el documento
Ahora bien, desde UNEF se prevé que la entrada del almacenamiento energético en combinación con la tecnología fotovoltaica será más rápida de lo planteado en el documento. También piensa que sería necesario reformar el sistema de definición de los precios del mercado eléctrico, para que dé una señal de precio adecuada para atraer las inversiones dentro de un marco competitivo caracterizado por una alta penetración de energías renovables.
En cuánto a la propuesta de los expertos de sacar costes de la factura de la luz y llevarlos a los Presupuestos Generales del Estado, como os informamos ayer, desde APPA Renovables no se baraja la posibilidad de que las centrales renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético. “Las renovables poseen costes y beneficios que no debemos disociar, de igual manera que se produce un importante ahorro en el mercado mayorista y se refleja en el sistema, los costes deben también imputarse en el mismo sistema”, ha aclarado el presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, en el comunicado.
Desde APPA Renovables no se baraja la posibilidad de que las centrales renovables instaladas en el pasado se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, independientemente de que se produzca una reforma fiscal en el sector energético
Si bien José María González Moya nos señaló que les parece bien el enfoque que le han dado a la fiscalidad según el principio de «quien contamina paga» es cierto que no les ha gustado tanto el tratamiento que da el documento a los biocombustibles que no son compatibles en opinión de APPA con las normativas europeas actuales ni futuras.
Al respecto, el comunicado de la Asociación señala que en el caso del transporte, el documento ignora el importante papel que deben jugar tanto los biocarburantes convencionales como los avanzados para la consecución de los objetivos de descarbonización y energías renovables previstos para 2030, especialmente en subsectores de difícil electrificación como la aviación y el transporte de mercancías por carretera.
Asimismo, afirma que «sorprende también la falta de consideración mostrada por la Comisión sobre el grave impacto que podrían tener sus propuestas en la supervivencia de la industria española de biocarburantes y sobre la importancia de disponer de un mix diversificado de fuentes renovables en el transporte».
Tres de los 14 representantes se han abstenido de darle el visto bueno al informe, es decir algo más de un 20% de los representantes.
Las empresas de renovables también se han pronunciado. Norvento, por ejemplo, valora de forma positiva el relevante papel que la Comisión de Expertos de Transición Energética otorga a la generación distribuida así como otros elementos inherentes a su expansión como los referidos a la edificación sostenible y la necesidad de concretar la normativa en torno a los edificios de consumo casi nulo (también denominados de energía cero).
En este sentido, la compañía considera que ya existe hoy tecnología suficientemente madura y aplicable, gracias a las microrredes, para dotar a edificios e industrias en su conjunto de un elevado grado de independencia energética generando y consumiendo su propia energía renovable.
Desde la Asociación ecologista Amigos de la Tierra, Hector de Prado, responsable de Clima y Energía, opina que «a grandes rasgos, los expertos vienen a decirnos: alarguemos la nuclear (a pesar de los costes exorbitados y el riesgo que conlleva), mantengamos un poco más el carbón (aunque sea una tecnología obsoleta), y metamos más renovables de ahora a 2030, eso sí, con el gas natural colgado del bracito (más infraestructuras que financiar y amortizar). El ministro debe estar bastante complacido, sin duda«. En un comunicado esta Asociación recuerda que 3 de los 14 representantes se han abstenido de darle el visto bueno al informe, es decir algo más de un 20% de los representantes.
En esta línea, desde Ecologistas en Acción dicen que el informe da la razón a las organizaciones ecologistas que llevan años señalando la necesidad de impulsar un sistema energético 100% renovable cuanto antes. También valoran que reconoce que la descentralización y la democratización de la energía, así como las medidas de eficiencia energética en edificios, son clave para alcanzar estos objetivos.
Sin embargo, hacen notar que «sigue confiando en un sistema oligopólico y en medidas fiscales que vulneran el principio de que quien contamina, paga, como sucede con el impuesto sobre carbono, que no establece ningún precio mínimo que garantice algún efecto en la reducción de las emisiones. Una propuesta de fiscalidad que difícilmente podrá afrontar la financiación de la transición energética necesaria y sigue perpetuando mecanismos injustos como los pagos por capacidad».
“
