La Comisión de Expertos nombrada por el Gobierno en julio para realizar un informe sobre la transición energética presentó ayer su trabajo al ministro de Energía, Álvaro Nadal. Entre las propuestas del documento, de más de 500 páginas, está el traspaso de algunos de los costes del recibo de la luz a los Presupuestos Generales del Estado, que se compensaría con una subida del IVA y una revisión, también al alza, del impuesto sobre hidrocarburos.
Según fuentes del Ministerio el Gobierno está conforme con esta medida si bien, matizan, no tienen porque trasladarse a los PGE todos los costes que dice el informe ni financiar los que se traspasen con todas las medidas que proponen los expertos. Éstos señalan la conveniencia de sacar de la factura eléctrica los costes asociados a políticas energéticas anteriores como las ayudas a la renovables, la deuda anual o los costes extrapeninsulares. En total, suman alrededor de 11.000 millones de euros.
El informe dice que España cumplirá los objetivos europeos de reducción de emisiones lo que le otorga licencia al Gobierno para advertir que «se puede abordar la transición de una manera más gradual»
El informe de la Comisión propone financiarlos con una subida de alrededor de un punto del IVA y una revisión, también al alza, del impuesto sobre hidrocarburos. Desde el Ministerio se han mostrado muy cautos a la hora de valorar su viabilidad ya que aunque se muestran partidarios de avanzar gradualmente en la imposición medioambiental señalan que hay tramos de su recaudación que afectan a las Comunidades Autónomas.
Por cierto, que dentro de estas medidas para compensar el traslado de costes del recibo a los PGE también entraría la compensación de la eliminación del impuesto del 7% a la producción eléctrica, una antigua petición también del sector renovable con la que el Gobierno parece ser que no está tan de acuerdo según las fuentes consultadas.
Autoconsumo, renovables y nucleares
Y aún más importante, según han explicado las fuentes consultadas, sacar los costes del recibo podría significar eliminar cargos transitorios al autoconsumo, como el denominado «impuesto al sol», ya que en ese caso desparecería la transmisión de costes -76 euros por cada MWh- de unos usuarios -los que autoconsumen- a otros -los que no autoconsumen-, de acuerdo a la teoría que ha mantenido el Gobierno estos últimos años para reafirmar la necesidad de dicho cargo.
Sacar los costes de la factura podría significar eliminar el denominado «impuesto al sol» ya que desparecería la transmisión de costes de unos usuarios -los que autoconsumen- a otros -los que no autoconsumen, de acuerdo a la teoría que ha mantenido el Gobierno estos últimos años para reafirmar la necesidad de dicho cargo.
En otro orden de cosas, el informe dice que España está en condiciones «creíbles» de cumplir con los objetivos climáticos europeos de reducción de emisiones tanto en sectores difusos como no difusos, lo que le otorga licencia al equipo de Nadal para afirmar que de esta manera, «se puede abordar la transición de una manera más gradual«.
Por otra lado, el informe da herramientas al Gobierno para advertir de que alcanzar más de un 30% de penetración de renovables requeriría un gran esfuerzo no exento de dificultad -toda la nueva potencia que se instale en España será ya sólo renovable- y de que cerrar las nucleares en 2030 doblaría las emisiones de CO2 y aumentaría los costes de generación de energía entre 2.000 y 3.000 millones.
El informe advierte de que alcanzar un 30% de penetración de renovables requeriría un gran esfuerzo no exento de dificultad y de que cerrar las nucleares en 2030 doblaría las emisiones de CO2 y aumentaría los costes de generación de energía entre 2.000 y 3.000 millones
Fuentes del Ministerio aseguran además que habría dos razones de más para mantenerlas abiertas hasta el 2050. Por un lado, señalan que cuánto más tiempo pase se dispondrá de más financiación para gestionar los residuos más fácilmente. Por otro lado, apuntan a que en la actualidad no hay capacidad logística para desmantelar ocho nucleares en diez años.
Respecto al carbón, el informe refleja que será competitivo frente al gas o no en función del precio de los derechos de emisiones de CO2, imposibles de prever, por lo que señalan que en un escenario de precios elevados (por ejemplo, de 50 euros por tonelada para 2030) a las centrales térmicas les compensaría más usar gas pero no si se mantienen los actuales niveles, en torno a los 7,5 euros.
El Ejecutivo no es nada partidario de tomar la iniciativa de poner un suelo al precio del carbono en solitario sino hacerlo cuando sea posible acordarlo de manera coordinada en toda la Unión Europea
Por último, el Gobierno no es nada partidario de tomar la iniciativa de fijar un suelo al precio de las emisiones de CO2 en solitario sin que se haga de manera coordinada en toda la Unión Europea ya que de no ser así «repercutiría en nuestra competitividad y sólo provocaría la deslocalización de empresas que al fin y al cabo terminarían contaminando igual en otro lugar
