El Ministerio para la Transición Ecológica tiene muy avanzado el expediente sobre el futuro del almacén subterráneo de gas Castor. El ministerio, según informa EFE, sellará definitivamente la instalación, situada frente a las costas de Vinaròs (Castellón).
La propuesta del ministerio, que deberá aprobar el Consejo de Ministros, contempla el desmantelamiento de las instalaciones y el sellado de los pozos. La fecha no se conoce, dado la situación del Gobierno en funciones.
A pesar de todo, el caso requiere una cierta urgencia. Cuando se sellaron los 13 pozos de almacenamiento se hizo de manera temporal, mediante dos tapones mecánicos situados a diferentes profundidades. La vida útil de esos tapones es de entre dos y cuatro años y se instalaron en 2016. Está recogido así en el texto que ha preparado Energía, que solicitó el diputado de Compromís, Carles Mulet, que él mismo dio a conocer recientemente. EFE recoge el citado informe a través de la información del periódico El País.
En dicho informe también se recoge el estudio de Enagás para el Gobierno, relacionado con el desmantelamiento del almacén de gas Castor. Según éste, costaría 260 millones y llevaría cinco años. Consistiría en desmantelar las plataformas marinas, sellar definitivamente de los pozos con cemento y restaurar el fondo marino.
Además, a todo ello hay que contar las cantidades que le cuesta la seguridad de la instalación a Enagás. Asimismo, los honorarios de Lloyd’s Register, una consultora independiente que supervisa la seguridad de la instalación.
Antecedentes del almacén de gas Castor
El almacén de gas Castor fue planificado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Lo realizaron pensando un almacén de reserva estratégica de gas natural. El proyecto incluía una cláusula, aprobada por el Ejecutivo de Zapatero y respaldada por el Tribunal Supremo, que recogía una indemnización si se paralizaba el proyecto.
En ella se reconocía el derecho de la constructora a recuperar lo invertido, es decir, unos 1.300 millones de euros.
Posteriormente, el Gobierno de Mariano Rajoy ordenó el cese de las operaciones. Fue en 2013 tras la cadena de seísmos que se produjo en municipios de Castellón y Tarragona al empezar a inyectar gas. La decisión se tomó tras la realización de un informe encargado al MIT y a la Universidad de Harvard.
Reclamación de las indemnizaciones
En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley de 2014 por el que Escal UGS, mayoritariamente de ACS, cobraba una indemnización multimillonaria por la paralización del almacén de gas. La compensación ascendía a 1.350 millones de euros.
De la indemnización se hacían cargo todos los consumidores de gas a través de su factura mes a mes y se encargaba la CNMC. Tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Competencia paralizó los pagos mensuales.
Además, la CNMC inició un expediente para recuperar lo que ya se había abonado, unos 400 millones de euros (incluyendo los intereses).
Finalmente, y tras un informe favorable del Consejo de Estado, la CNMC aprobó en julio iniciar el proceso de reclamación. Además, exigir la devolución a cada una de las entidades afectadas lo recibido, ya sea por la indemnización o por la retribución acordada. El total sin contar los intereses asciende a 368,4 millones. Hablamos de ello precisamente en julio, tras el visto bueno del Consejo de Estado.
La reclamación va contra la constructora ACS y las entidades Banco de Santander, Bankia, Caisxabank y la gestora del sistema Enagás.
Según dicha reclamación, Escal deberá devolver195 millones de euros. El Banco Santander, 71,9 millones, 48 CaixaBank y 21,1 Bankia. Asimismo, se incluye una reclamación de 32,4 millones por lo que ha cobrado por la hibernación y mantenimiento de la instalación a Enagás.
En previsión, fuentes del sector reconocen que las entidades tenían dichas cantidades reservadas, a la espera de la reclamación de la CNMC.
