Tras las últimas elecciones generales, seguimos a la espera de conocer cuál será el nuevo Gobierno. Mientras tanto, el actual “en funciones” sigue tomando decisiones que le trascienden dado la repercusión de las mismas. Una opinión de Julio Barea, responsable de campaña de Greenpeace España.
Polémica y contestada ha sido la decisión de prorrogar 60 años la licencia a la papelera Ence para permanecer en la Ría de Pontevedra, sentenciando a sus habitantes a padecer los efectos de convivir con una industria pesada hasta el año 2073.
En cuestión más energética, el Gobierno en funciones está presionando al Consejo de Seguridad Nuclear para acelerar el proceso de reapertura de la obsoleta y peligrosa central nuclear de Santa María de Garoña. Éste sería un regalo que pone a todos en riesgo de sufrir un accidente. Por ello, es prioritario tener cuanto antes un Gobierno, para que de forma legítima, tome decisiones de semejante importancia.
Sobre la mesa al nuevo Ejecutivo le espera mucho trabajo en esta materia. Dos temas candentes y que tendrá que resolver en los primeros meses de legislatura (aunque no serán las únicas).
Es prioritaria la modificación sustancial o la derogación del Real Decreto de Anti-Autoconsumo, popularmente conocido como ‘impuesto al sol’, antes del próximo 10 de abril, para desbloquear el potencial de democratización de la energía y dejar que la ciudadanía entre en el sector eléctrico en paridad de condiciones. Gracias al autoconsumo los usuarios que lo quieran podrán dejar de ser meros pagadores de facturas y generar parte de sus necesidades energéticas con renovables a menor coste, hacer realidad que edificios, barrios o polígonos industriales compartan la electricidad generada localmente y puedan vender sus excedente a la red eléctrica.
Igualmente el apoyo incondicional del anterior Gobierno al fracking y las prospecciones de petróleo han generado un importante rechazo social e institucional, incluso de comunidades autónomas que han legislado en su contra. Por tanto, el desarrollo o no de estas técnicas en España deberá considerarse cuanto antes. Primero, porque existen algunos proyectos a punto de iniciarse, y segundo, porque todos los partidos han suscrito en dos ocasiones un compromiso de prohibir estas actividades si llegasen a tener decisiones de gobierno. Todos, menos el PP.
Los costes de la energía están lastrando la competitividad en España y tanto las renovables como la eficiencia han demostrado sobradamente que abaratan dicho coste tanto para las empresas como para los particulares. El próximo Ejecutivo no puede dejar pasar esta oportunidad, tampoco debe olvidar que las obligaciones internacionales en esta materia se están quedando cortas para salvar el clima.
Esperamos ambición del nuevo Gobierno en la necesidad de defender en Europa un incremento de los objetivos a 2030 en materia de recorte de emisiones, renovables y eficiencia energética.
Julio Barea (@juliobarea) responsable de campaña de Greenpeace España
Gracias por el artículo Julio, pero en mi opinión esas ideas son subjetivas si no se basan en informes, y menos cuando lo que tratan es de infundir miedo a la población. No me posiciono ni a favor ni en contra de las renovables, pero no me gusta que intenten manejar a la posblación. Por favor, si pudieran contrastar estos comentarios con informes podríamos leerlos y cada uno podría sacar sus propias conclusiones. EJEMPLO 1.- Qué consecuencias tendría para el sistema eléctrico y por ende para la tarifa de los consumidores residenciales el autoconsumo ? En Alemania están subiendo las tarifas debido a las renovables (en el porcentaje contemplado como levy). EJEMPLO 2.- Qué consecuencias tendría para el sistema eléctrico y para las tarifas eléctricas si prescindimos de los 8GB de las nucleares ? ¿con que centrales base respondería el sistema eléctrico ante la falta de viento y sol? ¿con carbón, con gas? No creo que a Greenpeace le guste esa solución, cuál sería vuestra propuesta? Gracias