Las subastas de interrumpibilidad para el segundo semestre de 2019, celebradas la semana pasada, sitúan la retribución anual del servicio en 196 millones de euros, casi un 40% menos que en 2018. Pero las incertidumbres para la industria electrointensiva no acaban aquí, ya que se ha anunciado que estas han sido las últimas subastas de interrumpibilidad que se van a celebrar.
La noticia del cese de las subastas de interrumpibilidad sorprende cuando hay muchos países europeos que cuentan con este servicio como elemento importante de seguridad de su sistema eléctrico. Es cierto que ese anuncio ha venido condicionado a que las subastas se mantendrán mientras no se apruebe el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que debe permitir que nuestra industria alcance un precio eléctrico final similar al que disfrutan sus principales competidores dentro y fuera de Europa.
Los datos publicados sobre el estado de la industria española son cada vez más preocupantes: en el PIB, el peso de la industria supone apenas el 12,6% frente a un objetivo del 20%; el indicador IRE de Red Eléctrica indica que hasta mayo el consumo de la industria ha caído en 2019 un 9%.
Las señales de alarma se multiplican: en 2018, las industrias asociadas en AEGE disminuyeron su consumo de electricidad hasta los 23 TWh, 6,4 % inferior al de 2017. En 2018 y 2019 se han anunciado cierres de plantas, varios ERE´s y reducciones de producción en varios sectores.
El precio que pagan nuestras industrias es un lastre a su competitividad. Nuestro precio final de la electricidad es de 20 a 25 €/MWh más caro que el que pagan las mismas industrias en Francia y Alemania, donde sí cuentan con una política industrial eficaz.
La industria electrointensiva está en alerta máxima, mientras espera con impaciencia que los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y para la Transición ecológica aprueben el Estatuto con mecanismos, validados por la Comisión Europea, y dotación económica suficiente para lograr el objetivo de recortar los 20 €/MWh que soporta la industria española frente a la centro europea. De esta manera se evitará que el trabajo de tantos años para ganar en eficiencia energética y mejorar día a día se desmorone por los elevados costes eléctricos en España. O se apoya y fortalece a la industria en este periodo de transición energética o el país puede perder uno de los principales motores tractores de su economía. Desde hace años, AEGE viene reclamando que se armonicen, cuanto antes, las condiciones de suministro con las de nuestros principales competidores, franceses y alemanes. Las empresas necesitan salvar la situación en el corto plazo, tenemos que seguir produciendo en 2020 y sin perjuicio de confiar en que realmente tengamos los que nos anuncian como precios eléctricos competitivos en 2030. Nuestra industria también necesita una transición justa.
AEGE reclama una auténtica política industrial que apoye y potencie a la industria electrointensiva, sector vital para la economía del país y motor de creación de riqueza y sostén del estado del bienestar.
El precio que pagan nuestras industrias es un lastre a su competitividad. Nuestro precio final de la electricidad es de 20 a 25 €/MWh más caro que el que pagan las mismas industrias en Francia y Alemania, donde sí cuentan con una política industrial eficaz.
Lamentablemente los hechos confirman la urgente necesidad de lograr precios eléctricos similares a los de los principales competidores europeos. No puede haber más demoras en conseguirlo. Es crucial que se apliquen medidas que solucionen esta desventaja competitiva de la industria básica nacional como las propuestas por AEGE en sus alegaciones al proyecto de Real Decreto. El Estatuto de Consumidores Electrointensivos debe proporcionar seguridad jurídica y certidumbre para garantizar la competitividad del suministro eléctrico a las plantas industriales y así dotarlas de un marco en el que puedan seguir invirtiendo en el país. En este sentido, AEGE recuerda la escasa o nula aplicación en España de los mecanismos de ayuda que permiten las Directrices de la Comisión Europea en materia de protección del medio ambiente y energía, así como en el contexto del CO2 indirecto.
