El director general de APPA Renovables, José María González, centra esta semana su espacio en el Club de Expertos de EnergyNews en los dos acontecimientos sucedidos en el sector energético en el pasado mes de octubre y que van a marcar el paso en adelante: por un lado, la convalidación por parte del Congreso del Real Decreto-Ley 15/2018 de reforma para la transición energética y, por otro, la ampliación al 35% del objetivo de energía renovable en España para 2030. Eso sí, González advierte: afrontar la transición energética en un país con una dependencia energética de los combustibles fósiles como la que tiene España exige asumir importantes desafíos cuanto antes.
En el mes de octubre hemos vivido dos hechos importantes para el desarrollo renovable que han ocurrido casi simultáneamente. El pasado día 18 de octubre, mientras en el Congreso de los Diputados se convalidaba el Real Decreto-ley 15/2018 con importantes medidas para el autoconsumo y los grandes proyectos en fase de construcción, el secretario de Estado de Energía anunciaba en el Congreso Nacional de Energías Renovables que nuestro país va a fijar como objetivo que el 35% de su energía sea renovable en 2030. Esta meta, ligeramente superior a la que nos correspondería según el objetivo global de la Unión Europea (32%) nos pone a la vanguardia de las economías desarrolladas y establece el retorno a una senda de desarrollo industrial y creación de empleo de calidad que nunca debimos abandonar.
Sin embargo, debemos ser realistas y poner sobre la mesa cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos. En la presentación del Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables, pusimos de manifiesto que, en España, el porcentaje de energías renovables y la dependencia energética de las importaciones fósiles han dado malas noticias a todos aquellos que esperamos una Transición Energética. Las causas de este retroceso fueron, principalmente, la grave sequía que hemos sufrido que lastró la producción hidroeléctrica y, por tanto, la electricidad renovable; y que, al haber sufrido una moratoria en el desarrollo renovable durante cinco años, la caída en producción hidroeléctrica se suplió con un aumento del consumo de combustibles fósiles.
Si realmente deseamos acometer la Transición Energética en nuestro país, tan necesaria en una economía en la que las importaciones energéticas de combustibles fósiles son responsables del 85% de nuestro déficit comercial, debemos afrontar tres grandes retos.
Electrificación de la demanda
La electricidad supone, aproximadamente, el 25% de la energía que consumimos. Esto implica que solo actuando sobre las renovables eléctricas no podremos alcanzar los objetivos. Es necesario que se electrifique la demanda, priorizando la sustitución de consumos fósiles, para que la competitividad alcanzada por las tecnologías renovables eléctricas pueda alcanzar su potencial ante las metas planteadas. El vehículo eléctrico o el uso de electricidad para cocinar son buenos ejemplos de esta necesaria electrificación.
Renovables en los sectores difusos
La edificación y el transporte son sectores a los que no se les ha prestado la debida atención por parte de los distintos gobiernos, por lo que existe en estos sectores un gran potencial de implantación renovable. El uso de biocombustibles en los motores de combustión o la geotermia y la biomasa para satisfacer las necesidades térmicas son ejemplos de cómo las renovables pueden ayudar a hacer más sostenible y competitiva la oferta energética no eléctrica.
Planificación y estabilidad
Este no debería ser un reto, pero un vistazo rápido a nuestro pasado reciente nos confirma que en España no hemos tenido planificación energética a medio y largo plazo, cambiando continuamente de regulación y mostrándonos especialmente inestables a nivel jurídico, algo nefasto para los inversores. Algo que no nos podemos permitir. No debemos olvidar que es la iniciativa privada la que tendrá que aportar los más de 100.000 millones de euros necesarios para nuestro cambio de modelo energético. Aún a día de hoy, los propietarios de los proyectos renovables – aquellos que aportan la mayor parte del cambio que tenemos que recorrer, siguen sin saber qué retribución percibirán por su electricidad. La tasa de rentabilidad razonable, una solución inventada para un problema que no existía, aún no está fijada para el período 2020-2025. Ese es el nivel de inseguridad que, aún hoy, deben enfrentar las empresas del sector renovable.
Esperamos del actual y futuros Gobiernos que no tengamos que afrontar una inestabilidad igual, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son los cimientos en los que debe asentarse el cambio de modelo energético.
