Recta final para las circulares de la CNMC

En nuestro artículo del Club de Expertos de hoy, Pedro González, Director de Regulación de aelēc, habla sobre la próxima aprobación del nuevo paquete de circulares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y destaca algunos aspectos reseñables acerca del debate, no exento de polémica, sobre el contenido de estas circulares.

Quedan poco más de tres meses para que se aprueben las circulares de la CNMC que fijarán la regulación en aspectos tan importantes como las redes eléctricas o la metodología por la que los consumidores pagarán por el uso de las mismas. El objetivo es que comiencen a aplicarse desde 2020.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado los trámites para la aprobación de su paquete de circulares con una primera propuesta regulatoria que ha sido objeto ya de alegaciones por parte de los diferentes agentes. Propuestas a las que también ha presentado el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) sus observaciones, en las que valoran si se cumplen sus orientaciones de política energética y si puede existir algún conflicto competencial en el ámbito de la regulación. Como resultado de las mismas, se ha convocado la Comisión de Cooperación para poder analizar todos los aspectos en los que el MITECO ha mostrado su disconformidad.

Esta Comisión se tendrá que reunir en las próximas semanas. Los acuerdos que de ahí surjan, junto a aquellas observaciones presentadas por los agentes que se consideren oportunas, se incorporarán a las propuestas de circulares antes de su envío al Consejo de Estado, que es el último paso antes de su publicación.

Si analizamos, en concreto, el contenido de la propuesta retributiva para la actividad de distribución eléctrica, hay que remarcar que el MITECO señala en sus comentarios que no se adecúa a las nuevas necesidades de inversión en activos para la modernización y digitalización de la red.

Por tanto, estamos ante la última fase de la tramitación normativa en la que ya se conocen las principales líneas que propone el regulador; algunas de ellas no exentas de controversia, tanto desde el punto de vista de los agentes como del Ministerio. En concreto, en las circulares que tienen mayor impacto sobre la distribución eléctrica encontramos algunos aspectos que merece la pena destacar dentro del debate que se está planteando.

Comentarios sobre las circulares de la CNMC

Como primer comentario general sobre la nueva propuesta regulatoria, hay que destacar que el punto clave de la misma debe ser el de enviar señales claras para avanzar en el proceso de electrificación de la economía. Es preciso potenciar los nuevos usos eléctricos y, para ello, hay que promover las inversiones necesarias que permitan esta transformación; tiene que haber precios que incentiven a utilizar las redes eléctricas de forma eficiente y se debe cumplir con el proceso de descarbonización facilitando la entrada masiva de tecnologías renovables. Sin una regulación clara e incentivadora al respecto, se podría poner en peligro los objetivos marcados en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a los que nos comprometeremos también antes del final del año, cuando vence el plazo para entregar su versión final a la Comisión Europea.

Si analizamos, en concreto, el contenido de la propuesta retributiva para la actividad de distribución eléctrica, hay que remarcar que el MITECO señala en sus comentarios que no se adecúa a las nuevas necesidades de inversión en activos para la modernización y digitalización de la red. Una observación que comparten las empresas distribuidoras porque el nuevo esquema para la remuneración de las redes de distribución no incluye una retribución explícita por la inversión en digitalización que permita dar señales de rentabilidad y eficiencia y, en consecuencia, un marco adecuado para poder invertir en este tipo de activos que, sin duda, son parte esencial del proceso de electrificación de la sociedad.

A esta ausencia de señales hay que añadir la aplicación de un factor de eficiencia muy agresivo en la evolución de los gastos de explotación, completamente alejado de las prácticas en los principales países europeos, al que se une un escenario poco claro en el reconocimiento de algunas inversiones que podrían dejar de retribuirse. Y es que las tipologías definidas para declarar las inversiones no han de afectar al reconocimiento de las mismas, debido a que ya existe el mecanismo establecido de aprobación de los planes de inversión anuales. Por lo que este principio debe traducirse en que toda inversión ejecutada debe tener una tipología asociada para ser declarada.

El último de los aspectos abiertos a debate tiene que ver con la propuesta de que una serie de inversiones y gastos, ya realizados, no se retribuyan de acuerdo al esquema vigente en este primer periodo regulatorio que ahora finaliza. La regulación establece que las empresas incurren en inversiones y gastos que son retribuidas con un retraso de dos años, lo que significa que, por ejemplo, las inversiones y gastos realizados en 2018 se pagarán en 2020, con la lógica compensación financiera por el retraso en el que se incurre en el pago. Por tanto, parece razonable que no se modifiquen las condiciones retributivas de lo realizado en estos dos últimos años, y que la nueva normativa empiece a aplicarse a las inversiones y gastos en las que incurran las empresas a partir del 1 de enero de 2020. No debemos olvidar que las empresas de distribución no tienen margen de actuación porque ya han realizado sus inversiones y han incurrido en los gastos bajo el esquema regulatorio actual y, por tanto, no pueden adaptarse a las nuevas condiciones que imponga la regulación para el próximo periodo regulatorio.

Estos aspectos son los que las empresas de distribución han destacado y que, en definitiva, señalan que algunos de los cambios propuestos conducen a una mayor incertidumbre en el modelo retributivo que alejan los incentivos que debe ofrecer la regulación con las necesidades de la transición energética. Compatibilizar estos aspectos es uno de los retos a los que se enfrenta la nueva regulación para el nuevo periodo y es, también, la tarea a la que se enfrenta la Comisión de Cooperación. Por eso, confiamos que sea posible un entendimiento y que la regulación resultante ofrezca señales claras a las empresas distribuidoras para poder desempeñar el papel que les corresponde en este proceso de transición energética.