En nuestro artículo de hoy del Club de Expertos, Antonio González, Director de Estudios y Apoyo Técnico de Foro Nuclear, pone de manifiesto el peso de la energía nuclear en el mix de generación eléctrico así como una presión fiscal «desproporcionada» que, según el experto, hará insostenible la operación del parque nuclear en los próximos ejercicios.
El parque nuclear es esencial -en 2020 fue líder por décimo año consecutivo- en la generación eléctrica en España -con más de una quinta parte de la electricidad producida-, en evitar emisiones a la atmósfera -cerca de 30 millones de toneladas de CO2 cada año, produciendo más del 33% de la electricidad limpia- y en la estabilidad, regulación y equilibrio del sistema eléctrico -aportando energía firme con un factor de operación cercano al 90%.
Estas cifras se logran gracias a la impecable gestión de los titulares de las centrales nucleares -que las operan priorizando la seguridad y realizando todas las inversiones necesarias-, al apoyo de las empresas del sector nuclear -presentes en toda la cadena de valor del ciclo del combustible- y al extraordinario trabajo de sus profesionales -altamente capacitados y formados que consiguen con su dedicación y esfuerzo los resultados alcanzados.
A pesar de su excelente funcionamiento, desde hace varios años el resultado financiero del parque nuclear se ha visto mermado, hasta el punto de haber funcionado a pérdidas durante gran parte de los últimos ejercicios, en los que las ofertas que marcaban el precio marginal de la electricidad en el mercado mayorista incluían el precio del CO2, unido a la excesiva presión fiscal que soporta -que se ha visto incrementada desde el año 2005 en cerca de 20 €/MWh producido.
Esta situación se ha agravado en el ejercicio 2020, en el que no solo ha sufrido unas pérdidas superiores a los 1.000 millones de euros, sino que ha soportado un flujo de caja operativo negativo cercano a los 500 millones de euros. En este sentido, el contexto de mercado futuro -con la disminución progresiva del precio- le conduce a la quiebra técnica, con una destrucción de caja acumulada de 2.400 millones de euros en los próximos 10 ejercicios.
La falsa creencia de las amortizaciones y los windfall profits
A este hecho se añade la creencia de que la amortización de las centrales nucleares está concluida y que disfrutan de beneficios caídos del cielo, los llamados windfall profits. Nada más lejos de la realidad, ya que el inmovilizado pendiente de amortizar es superior a 5.500 millones de euros -como demuestran los balances y cuentas de resultados auditados de las empresas propietarias del parque-, con más de 3.000 millones de euros invertidos solo en los últimos 10 años. Es más, desde ahora y hasta el final de su operación es necesario invertir del orden de 3.000 millones de euros para mantenerlo en óptimas condiciones de seguridad y funcionamiento.
Recientemente, el Gobierno de España ha anunciado un anteproyecto de Ley “por la que se actúa sobre la retribución del CO2 no emitido del mercado eléctrico” en el que se contempla la implementación de un mecanismo que limite dichos mal llamados windfall profits, detrayendo de la retribución obtenida el que ha venido en denominarse dividendo de carbono, que se corresponde con el valor equivalente que han de pagar las tecnologías que compensan sus emisiones con la compra de derechos de emisión de CO2.
De esta forma, desde Foro Nuclear consideramos que no se incentivará el funcionamiento de tecnologías no emisoras como la nuclear y que el flujo de caja negativo del ejercicio 2020 se habría incrementado significativamente, al haber estado los precios de los derechos de emisión de CO2 en un promedio de 25 €/tonelada.
Todo esto no parece coherente con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) -aprobado en marzo de 2021- cuyo principal objetivo -y el de toda la estrategia sobre transición ecológica del Gobierno- es la descarbonización de la economía en el horizonte 2050, mediante una exigente reducción de las emisiones de CO2 para alcanzar el cumplimiento de los objetivos establecidos en los acuerdos internacionales.
Presión fiscal desproporcionada
La suma de impuestos y tasas que han gravado la generación eléctrica nuclear en el ejercicio 2020 se ha situado en torno a 21 €/MWh -cerca de 1.160 millones de euros en total-, haciendo que en su conjunto haya supuesto más del 60% de sus ingresos de mercado por la venta de energía eléctrica -unos 1.900 millones de euros en total-. Aunque los ingresos hayan sido cerca de un 30% inferiores a los del año anterior, el valor total de los impuestos y tasas abonadas a los distintos órganos de la administración ha sido casi un 10% superior -por el establecimiento de nuevos y el aumento del tipo de algunos de ellos-, lo que corrobora la enorme presión fiscal que grava la generación eléctrica de origen nuclear, independientemente de los ingresos –y eventuales beneficios- obtenidos por la venta de la misma.
Mantener esta elevadísima fiscalidad, junto al mecanismo que propone el anteproyecto de Ley, hará insostenible la operación del parque nuclear en los próximos ejercicios y le abocarán a su cierre antes de lo previsto.
En este sentido, el reciente informe Spain 2021 – Energy Policy Review de la Agencia Internacional de la Energía indica en sus recomendaciones que “el Gobierno de España debería vigilar atentamente la situación financiera de las centrales nucleares para evitar su cierre definitivo imprevisto o repentino, que podría deteriorar significativamente la seguridad del suministro de electricidad”.
Por ello, es necesario que se revise la tributación -desproporcionada, discriminatoria y confiscatoria- que soporta el parque nuclear, a la vez que se establezca una retribución ajustada, pero razonable, que hagan viable su permanencia en el sistema eléctrico.
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