El Consejo de Ministros autorizó ayer aumentar hasta los 79 millones de euros el presupuesto destinado a la convocatoria de 2021 para la concesión de las subvenciones relativas al mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero. Este nuevo acuerdo permitirá también futuras ampliaciones si la disponibilidad presupuestaria así lo permite. Uno de los objetivos de la iniciativa es luchar contra el fenómeno conocido como «fuga de carbono», contra el que la UE ya legisló el pasado mes de marzo.
La Unión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.
Para la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, “estas ayudas muestran el compromiso del Gobierno con los sectores industriales y se suman a otras medidas, como el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que reconoce las particularidades de aquellos consumidores con un elevado uso de la electricidad. Estas ayudas son clave para el sector industrial porque mejora su competitividad y refuerza sus capacidades industriales y el empleo en un momento donde es necesario aumentar el peso de la industria para acelerar la recuperación económica y social tras la pandemia”.
Evitar la fuga de carbono
Hasta la fecha, con este mecanismo, la Secretaria General de Industria y Pyme, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha movilizado 266 millones de euros que han beneficiado a 177 empresas en todo el territorio. La Unión Europea permite a cada Estado miembro compensar los costes indirectos de las industrias de determinados sectores o subsectores a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono, debido a los costes relacionados con las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero repercutidos en los precios de la electricidad.
En este aspecto, el pleno del Parlamento Europeo aprobó el pasado 10 de marzo una normativa para tasar importaciones procedentes de países con normativas laxas respecto a las emisiones. Así, los eurodiputados plantearon fijar un precio a la importación de ciertos productos si vienen desde países cuyos objetivos medioambientales no son lo suficientemente ambiciosos. Esto crearía unas condiciones de competencias más justas e incentivaría a todos los países a intensificar sus esfuerzos para lograr los objetivos del acuerdo de París.
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