Los eurodiputados quieren reforzar la legislación de la UE sobre responsabilidad medioambiental de las empresas para reducir y prevenir los daños al entorno. Es por ello que el Parlamento exige mejoras de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental (DRM) y la Directiva de Delitos Medioambientales para aumentar la confianza de los ciudadanos en las normas vigentes.
Entre las recomendaciones que los eurodiputados recomiendan figuran la revisión y transformación de la Directiva de Responsabilidad Medioambiental en un reglamento, aplicable directamente, para asegurar que cubre a todas las empresas que operan en la UE. Del mismo modo, reclaman una alineación de la Directiva sobre Responsabilidad con otras leyes europeas sobre protección medioambiental, incluyendo la Directiva de Delitos Medioambientales y el Acuerdo de París; incrementar los esfuerzos para armonizar su aplicación en los Estados miembro.
Por otra parte, también consideran importante actualizar la Directiva de Delitos Medioambientales tras una exhaustiva evaluación sobre los nuevos tipos de delitos y también investigar cómo se puede reconocer el “ecocidio” en la legislación europea, y también a nivel diplomático, así como aclarar los términos legales clave dentro de las dos directivas medioambientales y desarrollar una clasificación armonizada de delitos.
Igualmente, desde el Parlamento piden crear un grupo de trabajo sobre responsabilidad medioambiental, con expertos y personal de la Comisión, para ayudar a su traslado y aplicación a nivel nacional, y para apoyar y asesorar a las víctimas de daños medioambientales sobre las opciones de recurso legal.
Por último, los eurodiputados creen necesario estudiar la introducción de un sistema obligatorio de protección financiera (por ejemplo, cobertura de seguros, garantías bancarias, bonos o fondos) para que el coste de los daños medioambientales no recaiga sobre los contribuyentes.
Refuerzo de los delitos medioambientales
Desde el Parlamento, los eurodiputados trasladan su descontento por la baja tasa de detección, investigación y condena de los delitos medioambientales. No en vano, según diversos cálculos, es el cuarto tipo de actividad criminal que más se da en el mundo.
El Parlamento, que condena cualquier forma de violencia, abuso o intimidación contra los defensores de los derechos humanos medioambientales, pide a los Estados miembro que sean eficaces en las investigaciones relacionadas con estos delitos y que los persiga de forma judicial.
El informe sobre la responsabilidad medioambiental fue aprobado con 536 votos a favor, 121 en contra y 36 abstenciones.
Antonius Manders (PPE, Países Bajos), ponente del informe, señaló: «Después de casi 20 años, ha llegado el momento de modernizar la Directiva de Responsabilidad Medioambiental y convertirla en un reglamento para prevenir y reducir los riesgos. Igual de importantes son las medidas que aseguran que, si se producen daños, los contribuyentes no paguen la factura al final. También proponemos que la Comisión ayude a los países a la hora de aplicarla».
