Afirman desde la organización de consumidores OCU que un 19% de la energía que producen las instalaciones de autoconsumo se está perdiendo debido a los retrasos en la legalización de las instalaciones y que esta pérdida equivale a un 0,4% de la demanda eléctrica española.
«Las grandes distribuidoras de electricidad, poco interesadas en que los usuarios ganen independencia, y la lenta burocracia en ayuntamientos y comunidades autónomas (CCAA) están ocasionando estos retrasos», afirman.
Los expertos en energía de la organización de consumidores defienden que «instalar el autoconsumo debería ser rápido y sencillo». Al mismo tiempo recuerdan que para fomentarlo, la Directiva europea de energías renovables libera a los autoconsumidores de procedimientos, tasas o cánones discriminatorios o desproporcionados; pero según su denuncia «no está ocurriendo así».
Ayuntamientos y CCAA: distintos requisitos y lentitud
OCU ha comprobado que no existe una normativa común y que la documentación y los requerimientos son distintos en cada ayuntamiento y, a veces, tan complicados como los de obra industrial. «Esto causa una excesiva demora y requiere costosos estudios técnicos, lo que aumenta mucho el coste de la instalación, especialmente para las comunidades de vecinos», aseguran
No es este el único problema, según denuncian los expertos energéticos, las CCAA que tienen que legalizar la instalación, tampoco agilizan los trámites. «Sin un registro válido de la instalación, no se puede continuar el proceso para la compensación de excedentes porque la distribuidora no los calcula ni informa a la comercializadora hasta que no le llega el aviso de la comunidad autónoma», denuncian.
Las distribuidoras retrasan la compensación
A pesar de lo anterior, parece que el punto más crítico del proceso son las distribuidoras, que ponen muchas trabas para activar y conectar los sistemas de autoconsumo a las redes, sobre todo, si son colectivos. Esto alarga mucho la tramitación y encarece tanto la conexión de la instalación a la red que el proyecto resulta inviable económicamente.
Entre las malas prácticas de tramitación más frecuentes detectadas por la OCU están:
- Dificultades para activar los contratos individuales de autoconsumo: los empleados de las compañías no conocen bien los procedimientos; piden repetidamente la misma documentación y abren varios expedientes para un mismo caso. Así se dilata la activación del autoconsumo para cada usuario incluido en un sistema de autoconsumo colectivo.
- Las distribuidoras prohíben que un consumidor esté asociado a más de un autoconsumo o que un punto de suministro contemple uno colectivo y uno individual, cuando la regulación legal sí lo permite.
- Obligan al titular a modificar las instalaciones de enlace o en la red, unos cambios que en realidad tendría que hacer la distribuidora. En ocasiones, estos sobrecostes doblan el presupuesto de la instalación, de manera injustificada y abusiva
«Demorar injustificadamente la conexión de las instalaciones de autoconsumo a la red
