La Asociación ARAGÓN SUMA ha presentado una Iniciativa Legislatura Popular (ILP) para una nueva gestión de los saltos hidroeléctricos. El objetivo final de la propuesta es abaratar la energía generada a consumidores y empresas, mediante una implicación directa de las administraciones, para una gestión transparente de los saltos, que revierta en los territorios afectados por los pantanos y permita luchar contra su despoblación.
El marco elegido simbólicamente para la presentación ha sido la puerta del Congreso de los Diputados, en Madrid. Aunque es una iniciativa impulsada desde Aragón, el propósito es sumar apoyos en el resto de Comunidades, de ahí la propia denominación de la Asociación “Aragón Suma”.
La ILP pretende modificar varios artículos del vigente texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. También introduce cambios en el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, explican los responsables de la iniciativa en un comunicado.
Reivindica que sean los ciudadanos y las empresas, a través de sus administraciones más cercanas, quienes se beneficien de una energía barata y limpia producida por los saltos hidroeléctricos.
La ILP de ARAGÓN SUMA reivindica que sean los ciudadanos y las empresas, a través de sus administraciones más cercanas, quienes se beneficien de una energía barata y limpia producida por los saltos hidroeléctricos. Contraponen así este objetivo frente a la «habitual y obsoleta gestión, donde las grandes empresas energéticas son las que se benefician de una energía muy barata producida en los saltos hidroeléctricos y que venden carísima después a consumidores y empresas«, manifiestan.
La Iniciativa Legislativa defiende que las administraciones más cercanas a los ciudadanos gestionen los saltos hidroeléctricos de forma trasparente, en colaboración con empresas privadas de mantenimiento y comercialización de energía. ARAGÓN SUMA reprocha que, «actualmente, la tramitación de los expedientes para revertir los saltos a las administraciones se retrasan años y se caducan, lo que genera ganancias millonarias a las eléctricas en perjuicio de todos los ciudadanos«. Por eso, reclama que los expedientes de reversión se tramiten con tres años de antelación y no caduquen.
Reprocha que la tramitación de los expedientes para revertir los saltos se retrasan años y caducan, lo que genera ganancias millonarias a las eléctricas en perjuicio de todos los ciudadanos
En cuanto a la calidad ambiental y al buen estado ecológico de los ríos y los paisajes, la ILP exige garantizar los caudales ecológicos en los ríos. También obliga a las empresas hidroeléctricas a restaurar las zonas afectadas por los saltos, y que sean sancionadas aquellas que abandonen instalaciones hidroeléctricas en los cauces.
La ILP defiende que los beneficios de los saltos hidroeléctricos financien las obras hidráulicas de interés general para abastecer poblaciones y riegos. Asimismo, la Iniciativa Legislatura Popular ordena al Gobierno que reclame a las eléctricas la energía reservada al Estado a bajo coste, y aplicarla a la gestión de los servicios públicos del agua y a combatir la despoblación, prosigue el comunicado.
