Tras la propuesta que hizo hace unos días José Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, a Endesa sobre desistir ante la solicitud de renovación de Garoña por su inviabilidad económica, el Consejo y la Junta de Nuclenor -propietaria de la central y gestionada al 50% por ambos grupos- se reunieron el miércoles sin alcanzar un acuerdo al respecto.
Tal y como estaba previsto el Consejo de Administración y la Junta General de Nuclenor mantuvieron ayer su reunión para tratar la propuesta de desistir de la solicitud de renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Santa María de Garoña que supondría el cese definitivo de la instalación.
Durante la reunión del Consejo de Administración no se llegó a un acuerdo, por lo que Nuclenor lo trasladó a su Junta General de Accionistas que se reunió a continuación, y que tampoco logró un acuerdo, informa en un comunicado Nuclenor.
El presidente de Endesa, Borja Prado, dijo por la mañana a la salida de la Junta de Accionistas de su grupo que «no ha sucedido nada que nos haga cambiar de opinión» al tiempo que se mostró partidario de esperar a lo que diga el Gobierno para tomar una decisión final.
Nuclenor
Y en esa idea se mantuvo por la tarde en la reunión de Nuclenor, empresa propietaria de Garoña y participada al 50% por ambas energéticas. Mientras que la posición de Nuclenor era de esperar, lo cierto es que la de Iberdrola no albergaba sorpresas, ya que en su ultima Junta de Accionistas, a finales de marzo, ya había mostrado su intención.
Fue el 31 de marzo cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en respuesta a la pregunta que Greenpeace le formuló en la Junta General de Accionistas, reconoció que habían pedido a Endesa el desistimiento de la explotación de Garoña. Según informó en ese momento Greenpeace, añadió que su filial, Iberdrola Generación Nuclear, en la que se agrupan sus todos los activos nucleares, presenta pérdidas y que por lo tanto no es rentable. Fuentes del sector apuntan a que la intención de Iberdrola es lograr del Ejecutivo una rebaja de la carga fiscal que sufren las centrales.
El Gobierno tiene hasta agosto para decidir sobre el futuro de Garoña, después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, CSN, emitiera en febrero un informe favorable
