Medidas urgentes para la supervivencia de la industria electrointensiva

En nuestra tribuna del Club de Expertos de hoy, Fernando Soto, Director General de AEGE, pone de manifiesto la difícil situación que vive la industria electrointensiva a causa de los disparados precios de la electricidad. No en vano, en 2021, las electrointensivas españolas pagarán un sobrecoste por el suministro eléctrico de más de 1.500 millones de euros en relación con lo que pagarán sus principales competidores directos europeos.

Los altos precios eléctricos continúan poniendo en jaque la supervivencia de la industria electrointensiva. Peligra el ejercicio 2021, que debería ser el de la recuperación, pero por las previsiones de los futuros eléctricos esta situación se puede convertir en un calvario en 2022 y 2023, por las previsibles y nefastas consecuencias que el cierre de fábricas tendría para el empleo y para la economía española.

Con costes de la electricidad que alcanzan hasta el 60% de los costes totales de fabricación, la extrema sensibilidad al precio eléctrico de nuestras industrias está llevando a algunas de ellas a parar su actividad o, en el mejor de los casos, reducir producción o adelantar grandes mantenimientos. Precios como estos provocan que ese 60% pueda estar siendo ya un 75%, algo inviable para la continuidad de algunas fábricas, más cuando los futuros eléctricos indican precios similares para el año que viene por la escalada del gas —ahora en más 100 €/MWh—, y con los derechos de emisión en más de 66 €/ton CO2.

Pagamos 135% más que la francesa y 45% más que la alemana

El diferencial de precios eléctricos finales de la industria electrointensiva española frente a sus competidores directos europeos de Alemania y Francia, a 31 de octubre de 2021, es de 35 y 64 €/MWh, respectivamente, lo que supone que en España pagamos 135% más que los franceses y 45% más que los alemanes. Sirva como referencia, que en 2019 el diferencial con Francia y Alemania se situaba en 20 y 25 €/MWh respectivamente, y en 2021 no solo no se ha reducido ese diferencial, sino que se ha ampliado notablemente, pese a contar con un Estatuto de consumidores electrointensivos cuyo reducido efecto se ve diluido en la situación presente.

Hasta hoy, las medidas del Gobierno no han logrado mitigar el impacto del alza de precios a la industria; el problema continúa y el futuro es cada vez más incierto. Tras la aprobación del RDL 23/2021, que revisa las condiciones de la minoración por el impacto del precio del gas, la mayoría de los asociados en AEGE no han recibido ofertas de contratos bilaterales de las eléctricas dominantes a precios competitivos, y siguen sobre la mesa algunas de las cartas enviadas por estas eléctricas a los grandes consumidores industriales invalidando los PPAs anteriores al pasado 14 de septiembre.

Subastas del RECORE, una posible solución

Ante el anuncio de las principales eléctricas de que tienen prácticamente vendida toda su producción de electricidad para el 2022, el Gobierno está analizando posibles subastas del RECORE, que podrían ser parte de la solución a corto plazo si se acompaña de otras medidas regulatorias como la exención del 80% del peaje de transporte y la máxima compensación del CO2 indirecto autorizada por la CE —unos 450 millones de euros para 2022—, medidas que AEGE viene solicitando al Gobierno desde hace meses.

A nuestras industrias no llegan ofertas suficientes de contratos bilaterales competitivos de las eléctricas principales, así que o se ponen medidas urgentes en el corto plazo para mejorar nuestra competitividad o la industria básica española sufrirá un descalabro. El país se juega la supervivencia de su gran industria, motor fundamental de la economía española y la mayor generadora de empleo estable y de calidad.

Rehenes de un sistema eléctrico aislado

Nuestros productos se comercializan a nivel internacional, donde se fijan sus precios, pero los consumidores eléctricos españoles somos rehenes de un sistema eléctrico aislado, por la escasa capacidad de interconexión con Francia, que fija precios más caros que los de nuestros competidores internacionales, razón por la sufrimos una merma de competitividad sostenida y que venimos denunciando desde hace muchos años.

Esa escasa capacidad de interconexión es uno de los fallos del sistema que ha identificado ACER en un informe reciente, que ocasiona que, en situaciones de estrés, como estamos sufriendo ahora por la escalada del gas y de los derechos de emisión, se produzcan esos agravamientos de precios en España en comparación con sus principales competidores europeos.

Ese aislamiento eléctrico no se va a poder solventar en el corto-medio plazo, basta recordar que la última interconexión con Francia tardó más de 30 años en ver la luz. Por ese motivo, el Gobierno debe adoptar medidas ya que ayuden a paliar ese desequilibrio de precios cuanto antes, que como siempre sufrimos y pagamos los mismos, los consumidores eléctricos.

El Gobierno es consciente de esta desventaja competitiva y sabe que el brutal incremento de la factura de electricidad nos está obligando a retrasar inversiones en descarbonización, muchos millones de euros de inversión en una larga cadena de valor y un retraso evidente para alcanzar el reto de la transición energética.

En 2021, las electrointensivas españolas pagarán un sobrecoste por el suministro eléctrico de más de 1.500 millones de euros en relación con lo que pagarán sus principales competidores directos europeos. Esto colocará a nuestra competencia en situación privilegia en los mercados globales.

Las principales empresas eléctricas españolas tienen en sus manos gran parte de la solución al problema y sería deseable que apoyen a sus grandes clientes —que lo merecen— en circunstancias tan excepcionales, ofreciéndoles ofertas competitivas, para 2022 y 2023, a precios anteriores a la crisis energética, y por lo tanto no vinculados a la escalada del gas.

Hay medidas eficaces para salvar el momento

Si no llegaran de las eléctricas esos contratos a precios competitivos, desde AEGE hacemos una llamada al Gobierno de España para que adopte medidas a corto y medio plazo, que están a su alcance y son de su competencia. Pedimos que el Gobierno convoque subastas de energía de tecnologías inframarginales no emisoras —nuclear, hidráulica y renovables— para todos los consumidores industriales; y que se complete el Estatuto de electrointensivos con la exención del 80% de los peajes de transporte, como en Alemania y Francia, o como Portugal que rebajará 94% las tarifas de acceso 2022, y, por supuesto, que elimine definitivamente el impuesto del 7% a la producción.

En breve, sería fundamental la puesta en marcha del nuevo mercado de capacidad con participación de la demanda, para ofrecer la flexibilidad que daba antes el servicio de interrumpibilidad. Con los escenarios previstos en el PNIEC, clausurada una buena parte de las centrales de carbón, en situaciones de baja hidraulicidad y con una alta indisponibilidad del equipo termonuclear, como la que tenemos en noviembre, en los próximos meses puede haber complicaciones para garantizar en algunos escenarios, con baja probabilidad de ocurrir, que justificarían estos mecanismos de flexibilidad, donde la demanda industrial ya ha demostrado su eficacia con la interrumpibilidad. Este año hemos tenido ya dos avisos importantes, los incidentes del 8 de enero y el 24 de julio, que nos debería poner en alerta y activar los mecanismos precisos.

Otra medida podrían ser las subastas de renovables específicas para consumidores electrointensivos, una iniciativa de AEGE con OMIE y las principales asociaciones de renovables.

Estamos convencidos de que, pese al rechazo inicial de Bruselas, el Gobierno debe perseverar en su propuesta de modificar el mecanismo europeo de fijación de precios eléctricos. El actual modelo, en España está penalizando el precio marginal por el impacto de las elevadísimas alzas del gas natural y de los derechos de emisión, sin que podamos beneficiarnos los consumidores eléctricos de las ventajas en precio de las energías renovables. Además, debe reformarse el mercado ETS, eliminando la actividad de los especuladores e incrementando el volumen de derechos mientras dure el encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales.

La gran industria básica está en juego. Estas medidas para paliar la situación son posibles, razonables, y sobre todo urgentes y necesarias.