El Gobierno quiere aprobar un nuevo real decreto para regular el procedimiento de cierre de centrales eléctricas y para ello ha puesto en marcha el pasado 2 de agosto una consulta pública previa que tiene como objetivo recabar la opinión de las personas y entidades potencialmente afectadas por la norma proyectada. Energy News ha querido recabar la opinión de grandes expertos del sector sobre la futura nueva regulación a falta de pocos días para que se acabe la consulta publica. Un duda ha protagonizado el debate: ¿implicará nuevos mecanismos por capacidad?
Madrid. Elena Alonso Asensio
De acuerdo con el documento en el que se sustancia la consulta pública previa sobre la aprobación de un nuevo real decreto que regule el procedimiento de cierre de instalaciones de generación eléctrica, la nueva norma pretende garantizar, según ha expicado el Gobierno, que se cuenta con las medidas regulatorias necesarias para asegurar que las decisiones de cierre de centrales son coherentes con los instrumentos de planificación energética y compatibles con los objetivos de seguridad del suministro, cambio climático y precio de la energía.
Esta consulta llega en un momento en el que, como explica Javier García Breva, experto en Políticas Energéticas y presidente de N2E, las principales eléctricas europeas están depreciando el valor de sus activos en centrales de gas, carbón y nucleares porque cada vez son menos rentables frente a las inversiones en energías renovables. 
Y es que a su juicio, «en el Ministerio de Energía el CO2 se ignora por completo«, mientras que las inversiones en carbón están cayendo en todo el mundo. Es más, asegura que el 77% de los proyectos de centrales térmicas de carbón de la Unión Europea se han paralizado. «España va contracorreinte del mundo«, asevera.
El presidente de N2E hace notar además que, en lo que se refiere a la energía nuclear, desde que tuvo lugar el accidente de Fukushima el 11 de marzo de 2011, los costes en seguridad de las centrales se han disparado.
Por último, para Javier García Breva, es asimismo una contradición que el Gobierno piense en «evitar» el cierre de centrales cuando en España existe una sobrecapacidad de generación, con alrededor de 106.000 MW instalados cuando la punta máxima de demanda no supera los 40.000 MW.
Mecanismos por Capacidad
La consecuencia inmediata más temida por Greenpeace es que el Real Decreto traiga nuevas subvenciones a las grandes eléctricas para que hagan las inversiones pertinente que les permita mantener abiertas las centrales.
Esta medida, nos dice Tatiana Nuño, responsable de la campaña de cambio climático de la organización «no puede justificar en ningún caso subvenciones como los mecanismos por capacidad, cuya asignación en España ya ha sido objeto en varias ocasiones de críticas desde Europa«. Algo muy posible, explica, si se tiene en cuenta que las eléctricas están manifestando su intención de no invertir.
Sin embargo, Pedro González, director de Regulación y Asuntos Económicos de UNESA, nos ha explicado que aunque el nuevo reglamento de la Unión Europea que propone el Paquete de Invierno recoge en el artículo 3 que no se puede restringir el cierre de las centrales, también deja a los estados la posibilidad de adecuar recursos cuando sean necesarios, en referencia a la seguridad de suministro. 
«De entrada, no me pueden poner ninguna traba a que yo cierre una instalación pero los estados sí que están habilitados para tomar medidas y evitar que existan problemas en la seguridad de abastecimiento, y dentro de esas medidas, y en el caso de actuar sobre la generación, la propia directiva ofrece cuál es el mecanismo adecuado y hablamos de mecanismos por capacidad«, señala Pedro González.
A su juicio, la obligatoriedad de cerrar acabaría provocando problemas en la seguridad de suministro porque las empresas se negarían a hacer nuevas inversiones si tuvieran la oportunidad para no incurrir en nuevas pérdidas como las que les habría provocado mantener abierta una central que no les era rentable. También podría provocar una elevación de costes, por las mismas razones, indica.
Este experto concluye que «la única manera de que una empresa que quiera cerrar no lo haga sería compensándola económicamente». «Esto es así porque lo dicen las directrices europeas de Ayudas de Estado y también la directiva y el reglamento europeos«, añade al tiempo que explica la legislación española recoge la cuestión de una manera similar.
A juicio de Tatiana Nuño, el real decreto por definir para la regulación del cierre de las centrales eléctricas es «una estrategia del Gobierno para justificar que no se cierren las centrales eléctricas de carbón y nucleares» y considera que se trata de una medida «totalmente contraria» al Acuerdo de París y el Paquete de Invierno europeo. 
Además, en su consulta el Gobierno lanza la cuestión de si se considera oportuno mantener operativa una central por motivos de impacto en el precio, a lo que Nuño responde que este tipo de generación no tiene internalizados los costes ni sociales, ni económicos, ni climáticos, ni ambientales con lo que cualquier comparación con otras fuentes de generación estará distorsionada.
Javier García Breva piensa «que un Gobierno tan liberal no puede ser tan intervencionista en política energética» y decidir sobre si una propiedad privada abre o cierra su central térmica. Una actitud del ministro Álvaro Nadal, que Breva ha calificado de «irracional» y de «rabieta» ante el hecho de que Enel o Iberdrola no quieran seguir adelante con ciertas centrales.
Opina también que el que Nadal piense que todas las energías son necesarias es un «error monumental«. Y es que Breva critica que el Gobierno «está en el siglo pasad
