La eólica española se queda por debajo de la rentabilidad razonable que le promete la reforma energética al ingresar del mercado 630 millones menos de lo previsto por el sistema en tres años. El error en el diseño del propio sistema impide que las empresas lleguen al objetivo del 7,39% que supuestamente les garantiza la ley. Para solucionarlo, el sector pide que se aproveche el final del primer semiperiodo regulatorio en diciembre para modificar determinados aspectos de la regulación.
El final del primer semiperiodo regulatorio de tres años previsto en la Reforma Energética llega el próximo 31 de diciembre. Y con él, la primera revisión de los parámetros económicos con los que se calcula la retribución de las renovables. Para el sector eólico, a las múltiples dificultades a las que se ha enfrentado desde que se puso en marcha, se suma ahora el hecho de que va a dejar de ingresar 630 millones de los que el propio sistema le reconoce como necesarios para alcanzar la rentabilidad razonable a la que se compromete la Reforma Energética, del 7,39% antes de impuestos, explica la Asociación Empresarial Eólica en un comunicado.
El sistema introducido en la conocida como reforma energética elimina los incentivos para las nuevas instalaciones (salvo que les sean otorgados a través de subastas) y establece que las anteriores a la ley tienen derecho a una rentabilidad “razonable” para ser competitivas en el mercado del 7,39% durante los primeros seis años (periodo regulatorio tras el cual ésta se puede modificar).
Para garantizar que así sea, se retribuye a los parques con un incentivo o retribución a la inversión (Rinv) que se calcula en función de una serie de parámetros, incluida una previsión de los precios del mercado eléctrico para los siguientes años. Pasado este tiempo, se revisa si ha habido desviaciones de precios sobre las previsiones en el semiperiodo y, si es necesario, se compensa a las empresas hasta que alcancen la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida útil regulatoria del parque (20 años).
Tal y como explica la AEE, en los últimos tres años, la senda de precios prevista por el regulador se ha desviado una media de 6,37 euros/MWh a la baja, fundamentalmente por tratarse de años de elevados vientos y lluvias y precios de los combustibles fósiles bajos.
Como consecuencia, la eólica ha dejado de ingresar 630 millones de euros que la propia regulación establece como necesarios para alcanzar la rentabilidad razonable. Sin embargo, sólo se compensará al sector con el 36% de esa cantidad (con lo que pierde el 64% de lo que le corresponde), debido a que el sistema incluye unos límites diseñados de tal modo que resulta improbable que la compensación sea por el total. Es decir, que un error en el diseño le va a impedir al sector alcanzar la rentabilidad que supuestamente le garantiza la ley.
Una rentabilidad razonable revisable
Esta pérdida afecta a los parques con derecho a Rinv; los 6.300 MW (304 parques) que no tienen derecho a incentivo porque la regulación se lo retiró de manera retroactiva han sufrido una merma en los ingresos del mercado previstos de 235 millones de euros en tres años que no pueden recuperar.
Ésta es una muestra importante de la inseguridad jurídica introducida por la Reforma Energética, que el sector viene denunciando desde su entrada en vigor. La volatilidad que supone que los ingresos de las empresas estén ligados hasta tal punto al precio del mercado y el hecho de que las compensaciones previstas por el sistema se repartan a lo largo del resto de la vida útil de los parques y no cuando las empresas sufren la pérdida en su flujo de caja dificulta la gestión.
Esto se suma al hecho de que al final de cada periodo regulatorio, de seis años, el regulador puede redefinir la rentabilidad que considera razonable para los activos, lo que impide a las empresas no ya alcanzar, sino incluso conocer el valor de unas instalaciones en las que invirtieron cuando la regulación era otra.
Por tanto, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) cree que el Gobierno debería aprovechar el final del primer semiperiodo regulatorio para modificar los aspectos de la norma que generan inseguridad jurídica, fundamentalmente evitando que se pueda modificar la rentabilidad razonable cada seis años y eliminando los límites de la senda de precios prevista que impiden que se alcance la rentabilidad que supuestamente garantiza la ley. Asimismo, se debería compensar a las empresas cada año en vez de cada tres
