El texto de la Proposición de Ley registrada el pasado 25 de enero en el Congreso que fue consensuado entre todos los partidos políticos a excepción del Partido Popular y Foro Asturias, prevé la eliminación del impuesto al sol y la posibilidad de instalaciones de autoconsumo compartidas, es decir, en comunidades de vecinos, por ejemplo.
Siguiendo el cauce habitual de cualquier iniciativa parlamentaria, que es enviada al Ejecutivo para que apruebe o rechace su tramitación, esta vez el Gobierno ha optado por el veto, si bien todavía es posible que la Proposición llegue a votarse en el Pleno si los grupos parlamentarios presentan un escrito de oposición a la Mesa de Portavoces donde el Partido Popular no tiene mayoría.
El Gobierno argumenta para vetar su tramitación que legalizar el autoconsumo llevaría a recaudar menos e ingresar menos por peajes, según informa la agencia de noticias Europa Press que junto con la agencia Efe ha tenido acceso al escrito que ha presentado el Gobierno al Congreso justificando su decisión.
¿Porque no quiere vetar el Gobierno el impuesto al sol?
El Gobierno calcula que, sólo en recaudación fiscal entre el impuesto de generación (impuesto al sol) y el especial de electricidad dejaría de ingresar 148 millones de euros, teniendo en cuenta la cifra del 2% que calcula el sector que representaría el autoconsumo. A lo que habría que añadir 24 millones por la reducción de lo que ingresaría por peajes. EN total, 172 millones d euros.
En el documento, el Ejecutivo también advierte que la ausencia de peajes crearía una situación de inestabilidad y podía llevar a nuevos déficits de tarifa además de que repercutiría los costes a los ciudadanos que no autogeneran, un argumento al que ya se ha referido en alguna comparecencia el Ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Además, la iniciativa de la oposición proponía eliminar el registro de instalaciones de autoconsumo que el Gobierno considera esencial para conocer sus ubicaciones de cara a garantizar la seguridad de la red.
En la rueda de prensa que tuvo lugar en el Congreso para explicar a los medios su contenido antes de proceder al registro de la Proposición no de Ley, el pasado mes de enero, los representantes de los partidos que la suscriben explicaron que el texto no contempla el “balance neto” pero si el vertido a la red del excedente producido y no consumido a cambio de energía al mismo precio. En la factura de la luz habría una línea negativa por vertido que se restaría del consumo total, tratando de dar sencillez al sistema de facturación.
Tal y como manifestaron sus defensores se sienten en el deber de impulsar esta Proposición que, de aprobarse sin el voto a favor del Partido Popular, podría convertirse en la primera ley democrática aprobada por el Congreso de los Diputados sin el apoyo del Gobierno.
Además, aducen que el PP está solo en política energética y que su argumento de que se perdería recaudación con el autoconsumo “es falso” porque el IVA que se pierde por consumo, se ganaría por instalaciones. A juicio de los defensores de esta Ley el sistema eléctrico debe estar preparado ante la llegada del autoconsumo como lo está cuando un usuario decide calentarse con una estufa de pellets en lugar de usar un radiador eléctrico. En ese caso no tiene que pagar un “impuesto al sol” para calentar su casa.
¿Qué recoge la Proposición de Ley?
El texto prevé la modificación del artículo 9 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y la derogación de algunas disposiciones del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo.
Entre los cambios urgentes que propone el texto registrado ayer sobre el Real Decreto 900/2015 se encuentra también el de simplificar la tramitación administrativa, especialmente para las instalaciones pequeñas y que no inyectan electricidad a la red eléctrica, para las que bastará una notificación.
Además, como explicó UNEF en un comunicado posterior al registro de la iniciativa, la Proposición adapta el régimen sancionador en lo referente al autoconsumo al verdadero impacto del mismo en el sector eléctrico “evitando así las multas multimillonarias para los pequeños autoconsumidores que establece la actual ley del Sector Eléctrico de diciembre de 2013“.
Asimismo, la Proposición de Ley incluye una cláusula que establece un plazo máximo de tres meses para que el Gobierno produzca el reglamento necesario para implementarla y otra que afirma que, “si la eliminación del peaje de respaldo para las instalaciones de autoconsumo tiene repercusión en los Presupuestos del Estado, que se tome en consideración este elemento en la definición de los presupuestos para 2018, pero que esta razón no sea suficiente para vetar la Proposición por parte del Gobierno“, explica la Asociación.
