Una vez más la política interviene para anular un concurso eólico. Como ya hiciera el Gobierno gallego, el gobierno cántabro ha conseguido la anulación judicial del concurso de asignación de potencia del anterior Ejecutivo. Esto, según la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) supone un frenazo a la implantación de nuevos negocios y a la riqueza en la región, y frustra las inversiones ya realizadas en proyectos industriales.
Por el momento, la Asociación Eólica de Cantabria ha difundido un comunicado de prensa en el que señala que no hará una «valoración oficial» de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que estima el recurso de ARCA contra el concurso eólico que impulsó el Gobierno de PRC y PSOE en 2009. «Como asociación sectorial consideramos que la energía eólica sigue teniendo futuro en Cantabria y remarcamos que son muchas las empresas de nuestra comunidad autónoma que necesitan de estas inversiones para mantener su actividad y crear empleo», resalta la AEC, que agrupa a una treintena de empresas del sector eólico en diversas actividades.
No cabe duda de que los principales perjudicados son las empresas que se ajustaron en forma a las normas establecidas en el concurso y que ahora ven frenada su inversión. No es concebible que se juegue con el dinero y el tiempo de los inversores ya que de esta manera lo único que se consigue es la deslocalización de los mismos y la huída hacia otros países más estables. Y no sólo esto, sino que se pierden las inversiones realizadas en proyectos de investigación, pagos administrativos y licencias. Los grupos adjudicatarios tomarán la decisión de interponer recurso ante el Tribunal Supremo y reclamar cantidades por daños.
Con todo, la Asociación Eólica recalca que mantiene su compromiso de colaboración institucional «con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de la energía eólica» en Cantabria.
