En nuestro Club de Expertos de hoy, Pedro González, Director de Regulación de aelēc, pone el foco sobre el efecto que tendrán los fondos públicos europeos destinados a España en la consecución del objetivo de acelerar la actividad de la economía, así como en su transición hacia un modelo más moderno y sostenible.
El impacto que la crisis sanitaria provocada por la pandemia ha tenido en la economía ha generado una respuesta institucional con el objetivo de ayudar a acelerar la recuperación de la actividad económica y conducirla a los niveles previos a la crisis lo antes posible y, al mismo tiempo, transformar la economía para hacerla más moderna, sostenible y resiliente. El uso de fondos públicos europeos deberá servir, por tanto, a la consecución de estos objetivos.
En nuestro país contamos con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que incorpora una agenda de inversiones y reformas estructurales que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro objetivos transversales, entre ellos, el impulso de la transición verde reorientando el modelo productivo de nuestro país. En total el Plan incluye casi 70.000 millones de euros de transferencias del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo, y dentro de los cuales las reformas e inversiones que se desplegarán en el periodo 2021-2023 destinan una parte importante a las políticas de transición hacia una economía “verde” (39,7%) y digital (28,2%), por lo que aproximadamente, 2 de cada 3 euros irán destinados a promover estos dos ámbitos de actuación.
Programas de inversión
Dentro de los programas de inversión destacan los destinados a la movilidad sostenible, a la rehabilitación de vivienda, a las renovables o a las infraestructuras eléctricas y de almacenamiento. Para identificar los canales y proyectos más idóneos para el logro de los objetivos del Plan, se han publicado diferentes invitaciones a manifestación de interés y sobre esta base y la información proporcionada por los planes de las Comunidades Autónomas se ha creado una nueva figura de colaboración: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE). Estos actúan como un mecanismo de impulso y coordinación de proyectos que requieren una elevada necesidad de colaboración público-privada.
Hasta ahora se han aprobado dos PERTE por el Consejo de Ministros; uno sobre para el desarrollo del vehículo eléctrico y conectado (aprobado el pasado 13 de julio) y otro de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento (aprobado el pasado 14 de diciembre). En total se movilizarán inversiones por más de 40.000 millones, de los cuales más de 11.000 millones provienen de los fondos públicos europeos.
Estos instrumentos son relevantes a la hora de impulsar la transformación hacia una economía sostenible y las próximas actuaciones deben perseguir acelerar este proceso. No obstante, deberían priorizarse aquellas en la que se pueda asentar el cambio en el modelo productivo y se genere impacto en la economía de la forma más inmediata posible.
Promoción de redes inteligentes
Un ejemplo de este tipo de actuaciones lo encontramos en la promoción de redes inteligentes con la aprobación del Real Decreto 1125/2021 para que las empresas distribuidoras inviertan en la digitalización de redes y en infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico en puntos de potencia superior a 250 kW de acceso público, con cargo a los fondos del PRTR. La cuantía máxima procedente del PRTR que podrá ser destinada a estas inversiones ascenderá a un total de 525 millones de euros para el periodo 2021-2023.
Esto es de especial relevancia en el caso de la actividad de distribución, encargada de facilitar la integración de una gran parte de las renovables, pero también de atender nuevos usos y servicios eléctricos como el autoconsumo, la movilidad eléctrica, la generación distribuida o el papel más activo del consumidor. Y, todo ello, debe realizarse en un entorno más digitalizado para ofrecer más información a todos los agentes en su interlocución con el distribuidor y que así puedan optimizar sus decisiones de consumo, producción, almacenamiento y ahorro de energía, permitiendo asimismo que el distribuidor pueda automatizar la red para monitorizar y ofrecer todas estas respuestas.
Pero también hay que poner en valor el impacto que tienen estas inversiones en toda la cadena de valor de la actividad de las redes eléctricas, en las que una parte muy significativa de la producción de bienes destinados a transformar las redes es nacional. Por tanto, hablamos de un efecto arrastre en la economía que permite afianzar el proceso de recuperación económica por el número importante de sectores que deben incrementar su actividad para dar respuesta el incremento de la demanda.
Con este tipo de actuaciones no sólo se afecta a la actividad a la que se incentiva, sino que se posibilita y acelera el cambio en el modelo productivo al actuar sobre el elemento facilitador en la electrificación de la economía, en este caso las redes de distribución. Por lo que estas actuaciones tendrán un efecto multiplicador superior al de la mayoría de proyectos que se proponen. Y consiguen, por tanto, el doble efecto perseguido de mejorar la economía y acelerar la transición hacia una economía sin emisiones en 2050.
Por lo que las mejoras en el modelo productivo servirán para mejorar la competitividad de nuestra economía, sin duda. Pero, también es deseable priorizar las actuaciones con mayor efecto arrastre, tanto en actividades como a la hora de facilitar la transición. En la distribución eléctrica encontramos un buen ejemplo de lo que esto representa al usar fondos públicos europeos para propiciar los cambios a los que nos hemos comprometido. En definitiva, una combinación de colaboración público-privada efectiva y eficiente.
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