España es uno de los países con mayor número de litigios en tribunales internacionales. A día de hoy se enfrente a un total de 46 demandas; la mayoría por los recortes en la retribución de las energías renovables llevados a cabo por el Gobierno hace cinco años.
El Ciadi del Banco Mundial, la Cámara de Comercio de Estocolmo, Uncitral de la ONU… la lista de tribunales ante los que España tiene abiertas demandas por los recortes de retribuciones a las energías renovables es larga.
Según publica el diario El Independiente, en los últimos años España se ha enfrentado a 46 demandas que han dado lugar a 52 juicios por los recortes que llevo a cabo el Gobierno español hace un lustro.
De todos los procesos iniciados, quince están cerrados y de ellos, dos han finalizado con victoria española (contra Charanne e Isolux), uno se ha cerrado por desestimiento del demandante (Solparpark) y en doce los tribunales han dado la razón a los demandantes. En este enlace puedes ver la situación actual.
España acumula indemnizaciones por casi 823 millones de euros
El Independiente ha calculado que por 10 de los 12 litigios perdidos, España tiene que hacer frente al pago de casi 823 millones de euros en concepto de indemnizaciones. A estos hay que sumar otros 25,5 millones de euros por costas o pagos de los servicios jurídicos contratados por los demandantes.
No es la única cantidad a abonar. Además de los anteriores, España ha perdido otros dos juicios por recorte de las ayudas a energías renovables. Todavía no se sabe cuál será la multa a pagar, pero uno de los demandantes (Infrared Enviromental Involving) reclamaba 92 millones de euros.
En el segundo juicio perdido, un vehículo inversor de Deutsche Bank (RREEF) reclamaba 441 millones de euros de compensación y el Ciadi le ha dado parcialmente la razón, sin que haya fijado de momento el importe final. «Fuentes jurídicas y del sector energético anticipan que la indemnización a estos fondos alemanes se situará en el entorno de los 150 de euros», aseguran desde El Independiente.
En total, las multas impuestas al Estado español por los casos perdidos se situarían potencialmente por encima de los 1.000 millones.
La estrategia del Gobierno
La estrategia legal del Gobierno pasa ahora por reclamar la anulación de los pagos y de todos los procesos agarrándose a una decisión de Bruselas que obligaría a que los casos pasen sólo por el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión Europea ha declarado ilegales los laudos que son resultado de acuerdos arbitrales bilaterales entre países miembros de la UE por ser contrarios al derecho comunitario y estudia también tumbar los que tienen su origen en compañías de países no comunitarios. Y a eso se agarra el Gobierno español para frenar el impacto millonario de los litigios. Los resueltos y, sobre todo, los que aún están por resolverse.
Los recortes se remontan cinco años atrás
Fue el último gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero quien inicio el recorte de las ayudas a las energías renovables. Pero fue el primer Gobierno de Mariano Rajoy quien ejecutó la reforma energética que ha dado lugar a todas las demandas.
El equipo del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, eliminó el sistema de ayudas verdes (que concedía subvenciones en función de la energía que se producía). El resultado fue un ahorro de unos 1.700 millones de euros al año.
Los recortes provocaron un aluvión de demandas por parte de inversores que contaban con las ayudas del Estado español durante 25 años.
