- El futuro nuclear en España divide a las compañías eléctricas y al Gobierno.
- Las empresas energéticas reclaman aplazamiento de cierres y menos impuestos.
- El gran agujero nuclear: 11.600 millones que aún no tienen dueño
Las principales compañías eléctricas de España se han puesto en marcha para aunar fuerzas y adoptar una postura conjunta frente al Ejecutivo. Iberdrola, Naturgy y EDP y la compañía Endesa, ya trabajan en un acuerdo que pretende modificar los plazos del apagón nuclear. El plan incluye solicitar un encuentro directo con la vicepresidenta Sara Aagesen, responsable de la Transición Ecológica.
La intención de esta coalición empresarial es negociar las fechas de clausura de las plantas, además de abrir la puerta a una reducción de la carga fiscal que asumen estas instalaciones. El Gobierno mantiene como línea infranqueable que ningún cambio de calendario debe repercutir en la factura eléctrica de los consumidores.
Un frente único de las eléctricas
En los últimos meses, las conversaciones entre las compañías eléctricas han avanzado hacia una propuesta común que se presentará en breve de manera formal. Hasta ahora, las posturas de las eléctricas se movían en paralelo: en junio, Iberdrola y Endesa remitieron un escrito al Ministerio solicitando prolongar la actividad de algunas centrales. Sin embargo, el documento no incluía la firma de Naturgy ni EDP.
La unanimidad es un requisito indispensable, ya que todas las decisiones estratégicas sobre los reactores deben tomarse de forma conjunta, con independencia del peso accionario. Por eso, el Gobierno ha rechazado cualquier intento de abrir la negociación hasta que las cuatro empresas tengan un mismo planteamiento.
El acuerdo que se firmó hace cinco años fijó un calendario progresivo de cierres entre 2027 y 2035. Ahora, la industria energética plantea retrasar esa hoja de ruta para extender la vida útil de las instalaciones nucleares al menos tres años más. De prosperar la iniciativa, el apagón total pasaría del 2035 al 2038.
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Endesa es la empresa que más ha defendido este aplazamiento, al considerar que las nucleares siguen siendo necesarias para el equilibrio del sistema eléctrico. El nuevo consenso busca incorporar también los intereses de Iberdrola, Naturgy y EDP, que hasta ahora mantenían posiciones menos homogéneas.
La cuestión fiscal sobre la mesa
La fiscalidad se ha convertido en el principal obstáculo de la negociación. Las compañías aseguran que los impuestos y tasas actuales hacen insostenible la operación de las plantas a medio plazo. En la práctica, producir electricidad nuclear cuesta unos 28,2 euros por megavatio hora sólo en cargas tributarias.
De esa cifra, cerca de 17 euros corresponden a gravámenes estatales y autonómicos, mientras que otros 10,36 euros se destinan a financiar los costes de residuos radiactivos y futuros desmantelamientos a través de Enresa. En total, las previsiones apuntan a que en 2025 las nucleares soportarán más de 1.500 millones de euros en impuestos y tasas.
Las empresas reclaman una reducción drástica de esa carga, con especial foco en rebajar los 17 euros por MWh en impuestos generales hasta los 7 euros. El planteamiento incluiría repartir la rebaja entre la Administración central y las comunidades autónomas, algunas de las cuales aplican tasas adicionales sobre las centrales.
La tasa Enresa, además, está vinculada a la vida útil de las instalaciones. Si las nucleares prolongan su actividad, el pago anual se reduciría automáticamente. Tras el incremento del 30% aprobado el año pasado, el sector calcula que este año destinará alrededor de 600 millones de euros a ese concepto.
Gobierno y compañías eléctricas en posiciones enfrentadas
El Ministerio para la Transición Ecológica ha dejado claro que no aceptará ninguna propuesta que suponga trasladar los costes al recibo de la luz. La vicepresidenta Aagesen insiste en que los consumidores no deben asumir las consecuencias de un eventual cambio en la planificación nuclear. Por su parte, las eléctricas consideran que el margen de rentabilidad es cada vez más reducido y que la continuidad de las plantas depende de rebajar la presión fiscal. Sin este ajuste, argumentan, el aplazamiento del apagón carece de sentido económico.
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La confrontación entre ambas partes ha mantenido bloqueado cualquier avance en los últimos meses. Ahora, con un consenso empresarial más cercano, se prevé que la petición formal de reunión con el Gobierno se registre en las próximas semanas. El resultado de ese encuentro marcará el rumbo de la política nuclear española en los próximos años.
Lo que está en juego es un calendario que afecta al suministro energético, a la factura de la luz y a la estrategia de transición hacia un sistema más renovable. Mientras tanto, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP finalmente han conseguido aunar fuerzas.
